Por: Andrés Timoteo / columnista
MILAGRO EN MARTES
Para esos que se dicen escépticos, el accidente de un avión en Durango que se partió en dos y estalló al perder pista, es ejemplo de que los milagros existen porque las 101 personas que viajaban en el vuelo 2431 -97 pasajeros y 4 tripulantes- sobrevivieron, salieron por su propio pie de la nave y sólo 18 de ellos requirieron hospitalización.
El aparato de la línea Aeroméxico cubría la ruta Durango-Ciudad de México y apenas intentaba despegar del aeropuerto Guadalupe Victoria. Las imágenes difundidas en la prensa dan constancia de las condiciones en que quedó el avión, un escenario para una tragedia total. Extraordinariamente no lo fue.
La referencia de una catástrofe aérea más cercana a México sucedió apenas el 18 de mayo, cuando un avión Boeing 737 de la línea Cubana de Aviación se estrelló en Cuba y perecieron 110 personas, entre ellas 7 mexicanos. La nave era propiedad de una compañía mexicana, Aerolíneas Damojh, que la rentaba a la empresa nacional cubana.
Dicho avión que tenía como destino la ciudad isleña de Holguín se desplomó poco después de haber despegado del aeropuerto José Martí de La Habana y quedó partido en tierra. La comparación sobre las similitudes y los saldos humanos entre ambos accidentes es inevitable. ¿Lo de ayer en Durango no tiene facha de un milagro en pleno martes?
LOS 13 MÁS ODIADOS
De los 13 pillos demandados hace dos años por ser cómplices en el saqueo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), sólo quedan cuatro en la plana pública porque siete -que eran exfuncionarios del Gabinete de Javier Duarte- ya se fueron y dos dirigentes sindicales ya no ejercen sus funciones representativas. Una porque murió y otro porque fue relevado del liderazgo.
Se trata de Acela Servín Murrieta, la secretaria general del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE), fallecida el pasado 2 de mayo y de Manuel Arellano Méndez, quien era secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pero que fue sustituido por Mario Hernández Sánchez.
Hoy se cumplen dos años de que la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) presentó una denuncia contra esos 13 más odiados -y más ladrones- que formaron parte del consejo directivo de ese Instituto y permitieron la utilización indebida de la llamada “reserva técnica” por parte de los exgobernadores Javier Duarte y su impresentable antecesor.
Según lo señalado, el IPE tenía en el 2005 una reserva de alrededor de 7 mil millones de pesos para amortizar cualquier desajuste financiero que se presentara y en el 2016, el último año del Gobierno de Duarte, la misma era apenas de 900 millones de pesos. Es decir, entre el innombrable y Duarte se robaron más de 6 mil millones de pesos de los trabajadores al servicio del Gobierno Estatal. Es uno de los robos más descarados en la historia de Veracruz.
Además de Servín Murrieta y Arellano Méndez, hay otros cuatro líderes charros del sindicalismo burocrático que fueron cómplices de Duarte y del innombrable para robarse el dinero del IPE, pues les autorizaron tomarlo en préstamo y nunca regresarlo. Ellos son Enrique Levet Gorozpe de la Federación de Sindicatos y Asociaciones de Personal Académico de la Universidad Veracruzana (Fesapauv) y Enrique Cruz Canseco del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (Sidtev).
También Faustino García Fernández de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Descentralizados de Veracruz (Fstsemyodv) y Ricardo Diz Herlindo del Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio (Sutsem). Estos cuatro todavía se sientan en las sesiones del consejo directivo del IPE en representación de los burócratas pese a que los traicionaron permitiendo el latrocinio de los exgobernadores.
A la fecha no hay consecuencias penales para ninguno de ellos, sólo algunos aspavientos. La semana pasada se supo que agentes policiacos intentaron detener a Diz Herlindo por una denuncia en su contra que habría sido presentada por la dirección del IPE, pero éste se libró de la captura por un amparo judicial tramitado ante la Federación. Sigue impune, pues, al igual que los otros líderes charros.
Como se sabe, tan sólo en el último año de la Administración anterior, los integrantes del consejo directivo del IPE pretendieron entregarle a Duarte mil 115 millones de pesos, pero el escándalo ya creciente de la corrupción hizo que se frenara un ‘préstamo’ por 350 millones de pesos previsto a liberarse en el mes de mayo. No obstante, en enero de ese mismo 2016 habían autorizado la entrega de 765 millones de pesos al exgobernante.
Y no es la única denuncia existente por el robo del patrimonio de los burócratas, pues en enero del 2017 el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó una querella por el desfalco de 2 mil 709 millones de pesos de acuerdo a lo que consta en la Carpeta de Investigación FESP/004/2017/VI-1. Nada ha ocurrido pese a las dos denuncias, y los trece más odiados –y más ladrones- que integraban el consejo directivo del IPE continúan gozando de impunidad.
El tema viene al caso porque la semana pasada se aprobaron reformas a la Ley del IPE o Ley 287 para tratar de salvar de la quiebra financiera al Instituto que actualmente tiene 125 mil 529 derechohabientes -95 mil 895 trabajadores activos y 29 mil 634 jubilados-. Los cambios legales avalados por el Congreso Local establecen, entre lo principal, que el Gobierno Estatal absorberá el déficit financiero mensual -como ya se venía haciendo desde hace años- que oscila en unos 2 mil 500 millones de pesos y crean un Comité Financiero para transparentar el manejo de fondos.
No es la solución, pero es un avance, aunque para recuperar la ‘reserva técnica’ saqueada es insoslayable ir tras los pillos que la robaron y obligarlos a devolver el botín. Ese dinero saqueado ahora está convertido en residencias, negocios, aviones, ranchos, joyas, obras de arte y demás lujos de los exgobernadores y sus exfuncionarios, además de los impresentables dirigentes sindicales que están forrados de dinero mal habido.
VÍCTIMAS EXTRATERRITORIALES
Ayer martes se cumplieron tres años de que fue asesinado en la Ciudad de México el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y como ha sucedido hasta el momento en todos los casos de compañeros caídos en la vorágine de la violencia, la justicia ha sido negada y el crimen continúa impune. Muchos no contabilizan a Rubén Espinosa dentro de la lista de periodistas martirizados en Veracruz, pues murió fuera de la Entidad.
Sin embargo, él al igual que los otros camaradas forman parte innegable de ese listado negro de crímenes en serie contra los comunicadores veracruzanos, pues ejercieron su oficio en el Estado y durante el fatídico sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Ellos son las víctimas extraterritoriales de esa página negra que tuvo Veracruz.
Los otros dos compañeros en esa misma circunstancia son Octavio Rojas Hernández, corresponsal del diario El Buen Tono, asesinado el 12 de agosto de 2014 en Cosolapa, Oaxaca -él era originario de Tezonapa- y Armando Saldaña Morales, reportero de La Crónica de Tierra Blanca y conductor de la radiodifusora La Ke Buena, cuyo cadáver fue localizado el 4 de mayo de 2015 cerca de Acatlán de Pérez, Oaxaca.
En mayo pasado también se cumplieron tres años del asesinato de Saldaña y el próximo 12 de agosto sumarán cuatro años de la muerte de Rojas Hernández. El tiempo corre y al igual que el resto de los colegas perecidos no hay visos de que los responsables de esos crímenes sean castigados. Vaya, ni siquiera de que haya información judicial suficiente para saber qué y por qué sucedieron los crímenes.
El caso de Rubén Espinosa tuvo una amplia difusión mediática porque fue parte de un multihomicidio sucedido en la colonia Narvarte de la capital del País. Él y otras cuatro personas fueron torturadas y asesinadas a balazos, entre ellas la activista chiapaneca Nadia Vera, quien también había huído de Veracruz acosada -al igual que Espinosa- por el Gobierno de Duarte de Ochoa.
Siempre se sospechó que tras el homicidio de Rubén Espinosa y Nadia Vera estuvo la mano del exgobernador Duarte por medio de esbirros del entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. Fue tan fuerte esa versión que el propio Duarte tuvo que salir a la prensa a negar su vinculación con el crimen y hasta se ofreció a ser interrogado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado entonces por Miguel Mancera, envió a un Fiscal a interrogar, amablemente, a Duarte de Ochoa, pero todo fue parte de un espectáculo para calmar a la opinión pública porque la justicia nunca se aplicó. Hay dos detenidos, pero todos coinciden que son “chivos expiatorios” para salvaguardar a los verdaderos responsables.
Igual que sucedió en Veracruz con los asesinatos de otros colegas, en la Ciudad de México se desplegó una campaña en la prensa para difamar a las víctimas y responsabilizarlas de su propia muerte, ya que, por medio de filtraciones de la Procuraduría, se acusó a los fallecidos de la colonia Narvarte de estar ligados al narcotráfico, la prostitución y otras linduras.
No obstante, ahora con la renovación del Gobierno de la Ciudad de México y la llegada de la morenista Claudia Sheinbaum, familiares y amigos de Rubén y Nadia esperan que se repongan los procesos investigativos y se abra un paréntesis para conocer la verdad histórica del quíntuple homicidio y los responsables sean llevados ante la justicia.
Rubén, Armando y Octavio son parte de los 19 compañeros que constan en el conteo mortal del sexenio duartista y sus crímenes no deben quedar impunes. No importa el tiempo que haya transcurrido porque si el aparato de justicia funciona bien, la distancia no es impedimento para las pesquisas que conduzcan al esclarecimiento y el castigo de los responsables. Justicia para ellos.
