Orizaba.- Gobierno del Estado debe 14 mil millones de pesos al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), indicó el integrante del Consejo estatal de pensionistas, Jesús Arenzano, tras afirmar que con la reforma a la Ley 287 de pensiones, se resolverán algunos de los temas que son considerados malos.
Mencionó que resulta positivo que el gobernador electo Cuitláhuac García se comprometa a pagar la deuda con el IPE debido a que este no es el único pendiente, también está el tema de la reserva técnica, “son 7 mil 500 o 8 mil millones de pesos. Según un estudio de 2016 que conocimos el año pasado, la deuda es de 14 mil millones de pesos y si sumamos el déficit de la reserva técnica, en lo particular, quisiera que empezaran con devolver la reserva técnica”,
puntualizó.
Respecto a la reforma, consideró que se trata de un avance significativo, pues a pesar de que no se dio con todo lo que se proponía, obtuvieron un respaldo legal para mantener las finanzas transparentes y sanas. “Por fin, hemos logrado la reforma a la Ley 287 sobre las pensiones, que viene a resolver temas que consideramos estaban mal, fue la iniciativa del Comité Estatal de Defensa del IPE que presentó en 2015, en ese entonces, a cuatro fracciones parlamentarias para reformar la Ley del IPE, es decir, PAN, PRD, MC y PT”.
Indicó que en primer lugar, “se le devuelve al Instituto el carácter público que la Ley de Duarte le había quitado y con esto cualquier intento de privatización se detiene”.
Además, el patrón vuelve a ser el Estado, debido a que en la Ley anterior, “los patrones eran los titulares de las secretarías como SEV, Finanzas, Salud, entre otros. Se avanza, no en todo lo que hubiéramos querido, pero sí en la democratización del Consejo del Órgano del IPE, porque tendremos representación de cada una de las asociaciones de jubilados y que antes no lo había, eran los Sindicatos activos”.
Además, cada tres años habrá rotación de los integrantes del Consejo, excepto los representantes de Gobierno, es decir, serán ocho de Gobierno, seis de Sindicatos y uno de jubilados. A las sesiones asistirá un diputado con participación.
Destacó que a partir de la entrada en vigor, que será el 1 de diciembre, “las sesiones serán públicas y las actas se subirán de manera inmediata al Portal de Transparencia. Les pusimos un candado importante en la transparencia, ya no serán a puerta cerrada, también se rescata la obligación de proporcionar crédito hipotecario, claro, dependiendo de disponibilidad financiera”.
“Se crea un comité financiero, encargado de presentar al Consejo los proyectos de inversión de bienes, si van a desincorporar bienes, verán cómo lo van a hacer e incluso si no se desincorporan, que sean productivos y fijarán las tasas de interés de los préstamos”.
