La agudización de la escasez de agua a nivel nacional e internacional ha generado un interés masivo por parte de la ciudadanía, que se encuentra a la expectativa de cada decisión que se toma en cuanto a la gestión del recurso.
Por medio de 10 decretos presidenciales, el 6 de junio del presente año, en 31 de las 37 cuencas hidrológicas que hay en México, se modificó su estatus de zonas de veda a zonas de reserva.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda), en su postura en torno a los decretos, menciona que la Ley de Aguas Nacionales define como zonas de reserva aquellas “áreas específicas de los acuíferos, cuencas hidrológicas o regiones hidrológicas, en las cuales se establecen limitaciones en la explotación, uso o aprovechamiento de una porción o la totalidad de las aguas disponibles”.
Y agrega que este instrumento se establece con la finalidad de prestar un servicio público, implantar un programa de restauración, conservación o preservación o cuando el Estado resuelva explotar dichas aguas por causa de utilidad pública, el anuncio de los decretos motivó un debate que intensificó en la opinión pública la posibilidad de la privatización del agua, pero ¿qué implicaciones advierten los especialistas respecto a los 10 decretos presidenciales?
El Colegio de Biólogos de México (CBM) señala que antes de los decretos se tenían 289 mil 793.596 millones de metros cúbicos de agua en estatus de protección en toda la república; tras los decretos del 6 de junio, se liberó 67 por ciento del agua para destinarlo a la propia conservación del caudal y al uso público urbano; de otra proporción del agua no se especificó su destino.
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