Por: Andrés Timoteo / columnista
La muestra debió llamarse: “El arte robado”, pero le pusieron un nombre no sólo aburrido sino ecléctico: “Interpretaciones formales”. Se trata de una colección de 16 obras de arte, principalmente pinturas, realizadas por creadores de fama mundial y que son parte del botín que pretendían llevarse el exgobernador Javier Duarte, su esposa Karime Macías y varios familiares de ambos.
Dicha exposición, auspiciada por el Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC), fue inaugurada ayer en la Galería de Arte Contemporáneo, que se ubica en la ciudad de Xalapa y donde los ciudadanos pueden acudir a ver las piezas exquisitas que los Duarte-Macías habían comprado con dinero robado a los veracruzanos y que se lograron recuperar en el presente Gobierno.
Claro, seguramente es una parte ínfima, pues falta mucho por quitarles a esos ladrones, pero es algo que repara, en cierta medida, el daño patrimonial ocasionado por esos pillos y será en beneficio colectivo porque, como lo citó el Gobernador en funciones, al patrimonio estatal se sumaron obras de Fernando Botero, Leonora Carrington, David Alfaro Siqueiros, Joaquín Clausell, Rufino Tamayo, Pilar Fernández, Pedro Friedeberg, Javier Marín, Joan Miró y William Turner.
Las mismas tienen una cotización estimada por los expertos de alrededor de 8 millones de dólares, poco más de 150 millones de pesos, aunque su principal valor no es el económico sino el artístico y de ahí que los veracruzanos puedan tener acceso a ellas, sobre todo las nuevas generaciones -niños y jóvenes- para que las admiren y aprendan de sus autores.
Por ende, la exposición de éstas no debe circunscribirse en la capital del Estado sino convertirse en una muestra itinerante para que llegue a la mayoría o, por lo menos, a las principales ciudades de la Entidad para facilitar que sean muchos los que puedan contemplar esos lienzos y esculturas.
Estas obras de arte fueron localizadas en la mansión de la finca El Faunito, de Fortín de las Flores -donde también se encontró una escultura ecuestre que es parte de la colección “Lapidarium” de Gustavo Aceves y que fue donada a las instalaciones de la Unión Ganadera de la Zona Centro en Boca del Río-, en una casa de Tlacotalpan y el rancho Las Mesas, en el Estado de México.
También en la bodega que los Duarte Macías tenían en Córdoba y en algunos departamentos en otros puntos del País. No es todo lo que compraron con dinero ajeno, pero al menos es una parte -como ya se dijo líneas arriba- pues se entiende que hay obras de arte que lograron esconder o transferir antes de que los bienes inmuebles fueran decomisados por las autoridades.
Además, falta aclarar algunas versiones, casi leyendas urbanas, que hablan de un saqueo de arte que ya era propiedad de los veracruzanos. Por ejemplo, se ha dicho que Jorge Duarte Bouchez, primo de Duarte de Ochoa y quien fungió como subdirector de Arte y Patrimonio en el IVEC, se habría robado varias piezas valiosas, entre ellas pinturas de Diego Rivera, sustituyéndolas por reproducciones. Desde que estaba en funciones este señor se hablaba de que en sus residencias estarían colgados los cuadros originales.
Por lo pronto, en Veracruz ya hay una exposición inédita del arte que se les decomisó a la pandilla formada por los esposos Javier Duarte y Karime Macías, aunque lo que hicieron da para más, para montar un museo entero, el “museo de la corrupción”.
CONGRESO DE OPERETA
El Congreso Local ha dado noticias en los últimos días. La que más ha causado revuelo fue el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que recayó en Marcos Even Torres Zamudio, en una sesión realizada el martes pasado que por momentos tuvo visos de opereta con empujones, sombrerazos y gritos de la vieja escuela del perredismo contestatario -adoptada por Morena- y del priismo pragmático.
Claro, los panistas tampoco se salvaron porque la sesión fue la muestra por excelencia del desastroso desempeño del analfabeta Sergio Hernández, coordinador de los legisladores de ese partido. Las fracciones de los Morena y el PRI, que viven una ‘luna de miel’ anticipada, hicieron causa común para tratar de detener el acto legislativo.
Al no lograrlo optaron por la obstrucción física de la mesa de dirección. Algunos de ellos hasta trataron de arrebatarle el micrófono a la presidenta de la mesa directiva. La duda obvia es: ¿Si tenían los votos suficientes y la razón jurídica para impedir el nombramiento, como argumentaban, por qué ‘tomaron’ la tribuna? No encaja ese proceder con el contexto a favor que presumían.
Tras la unción de Torres Zamudio, los que se dicen agraviados se deshacen en amenazas y calificativos. Anticipan que irán a tribunales, que “caerá el fiscal”, que “no les durará ni la víspera” y otras advertencias, sobre todo de los diputados y dirigentes de Morena. Es más, el propio gobernador electo, Cuitláhuac García, se ha comprometido a que será destituido por los tribunales.
Una promesa que excede su ámbito de influencia, salvo que tanto él como el próximo presidente del País, Andrés Manuel López Obrador hagan lo que siempre ha criticado: manipular al Poder Legislativo. ¿Y si el Fiscal no cae en los tribunales como predice? Tendrá que recurrir a la próxima Legislatura Local para destituirlo, pero ¿bajo qué acusaciones? Será interesante ver la estrategia a la que recurrirán García Jiménez y sus legisladores para cumplir con tal amago.
Llama también la atención que otros que han salido a la palestra mediática a anunciar controversias y sentencias jurisdiccionales contra Torres Zamudio sean dos de los abogados más impresentables de la entidad, el sureño Jorge Yunis Manzanares, acusado desde que se desempeñó como subprocurador regional de Justicia por sus nexos con grupos delictivos y Fidel Ordóñez Solana, exlitigante del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, preso en Pacho Viejo.
Yunis Manzanares incluso tuvo la osadía de inscribirse como aspirante a ese cargo: ¡para combatir la corrupción! mientras que Ordóñez Solana ahora anuncia hasta un juicio político y responsabilidades penales para los diputados que no se unieron a Morena, cuando él mismo no logró ganar un amparo para quien era su cliente, Bermúdez Zurita, quien sigue encarcelado y terminó despidiéndolo. Lo que reclaman desde Morena y sus nuevos aliados, los priistas, pierde seriedad al apoyarse en personajes como estos dos señores.
Deberían acudir a verdaderos jurisconsultos, serios y respetables si quieren dar la batalla jurídica sobre el tema. Ahora viene otra escaramuza con la selección de los que ocuparán las 12 magistraturas vacantes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y ahí el PriMor volverá a las querencias y seguramente también a los sombrerazos.
Vale decir que al igual que en su momento el panismo tuvo ganancias -al menos mediáticas- al llevarse consigo a personajes como Sebastián Reyes Arellano o Eva Cadena, Morena la tuvo con la expanista y exconvergente, Cinthya Lobato Calderón, adiestrada en el sainete y quien fue una de las protagonistas de la fallida ‘toma’ de la tribuna en el Congreso Local.
Lobato estaba con la adrenalina a flor de piel para liarse a golpes con cualquiera de sus excompañeros de bancada azul. Vaya que la señora está haciendo méritos para que la dejen entrar en ese Partido y, de paso, para que en diciembre le reabran el bar al marido, que le clausuraron también hace días por vender droga, ya que la señora ‘no da paso sin huarache’.
OFICIOS RAROS
Pero no todo es escándalo y vergüenzas en el Congreso Local, pues hay buenas nuevas como la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares para Veracruz, realizada el mismo martes y la cual fue producto de la consulta y consenso entre organizaciones civiles dedicadas a la localización de personas ausentes. Dicha ley, que se homologa con la Federal, permitirá crear la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Ese es un mecanismo que facilitará que se ponga orden y se coordinen dichas acciones que, hasta el momento, han realizado los colectivos de forma dispersa y con los recursos acopiados por ellos mismos. Se contará asimismo con recursos financieros y materiales otorgados como obligación presupuestal y no a voluntad del gobernante en turno. Hay que decirlo, la citada legislación, una de las mejores cosas que ha hecho la presente legislatura estatal.
No sólo porque atiende uno de los temas más álgidos y dolorosos: tratar de hallar a los que han sido engullidos por la violencia criminal, sino porque es el primer paso en ese largo camino dado que búsqueda de desaparecidos durará años o décadas y esa Ley tendrá que ampliarse y perfeccionarse en base a las necesidades que surjan.
A diferencia de lo que acusan algunos integrantes de Colectivos -que están identificados con el partido político de moda- el Gobierno actual fue el primero en dar atención a los familiares de desaparecidos, acompañarlos y preparar el contexto jurídico para soportar su búsqueda.
Nadie le puede escatimar el mérito, de dar certeza legal a la exigencia de los que sufren la ausencia de un ser querido y mostrar la voluntad política para localizarlos haciendo uso de los instrumentos del Estado. Esto a pesar de los desplantes y la indolencia del Fiscal general y el Fiscal especializado en el tema, los inefables.
Otro buen oficio de los legisladores locales -que lo bueno que hacen es cosa rarísima- es que por mayoría -42 de los 50 votos- aprobaron ayer jueves la reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) o Ley 282, que da marcha atrás a modificaciones lesivas que se le habían hecho en el sexenio pasado y beneficia a los derechohabientes tanto jubilados como en activo. Dicha reforma es muy importante y merece, por su puesto, un análisis particular en un texto aparte.
