México, DF.- El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está aprovechando la estabilidad macroeconómica del país para iniciar una nueva etapa de crecimiento económico sostenible, a través del impulso de una amplia agenda de reformas transformadoras, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el informe semanal de su vocería, la dependencia señaló que esta agenda ha sido posible gracias a la cooperación entre los principales partidos políticos del país y el Ejecutivo federal.
Destacó que al concluir el proceso legislativo, el Congreso de la Unión ha construido una reforma hacendaria responsable, que fomenta el crecimiento económico y es más justa y progresiva.
La reforma incluye modificaciones a una serie de ordenamientos y leyes como el Código Fiscal de la Federación, cuyo objetivo es simplificar el pago de impuestos, captar a nuevos contribuyentes y asegurar la plena integración de estos al ciclo tributario, resaltó.
A su vez, la Ley Aduanera establece que el despacho de mercancías en las fronteras podrían hacerlo las propias empresas, sin que sean obligados a recurrir a los agentes aduanales, lo cual agilizará y favorecerá el comercio internacional.
Además de que se ratifica que los trámites aduanales se realicen en lugares diferentes a los autorizados, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La SHCP indicó que a las leyes de Coordinación Fiscal, de Contabilidad Gubernamental y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se les realizaron modificaciones para fomentar la transparencia, con las cuales se busca mejorar diversos aspectos en materia de federalismo hacendario, a través del fortalecimiento de la capacidad financiera de los tres órdenes de gobierno.
En esta línea, los cambios aprobados por el Senado (posteriormente avalados por la Cámara baja) a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), -dijo- fortalecen la transparencia en el ejercicio del gasto de estados y municipios.
Y es que se modifica el artículo Primero de la LCF, a fin de establecer que la información financiera que generen las entidades federativas y los municipios se regirá por los principios de transparencia y en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Asimismo se cambió el artículo 6 de la misma ley para que las participaciones federales que recibirán los municipios del Fondo General de Participaciones se publiquen en sus medios oficiales, y se modificó el artículo 9 para que el registro de obligaciones y empréstitos de entidades y municipios a cargo de la SHCP sea público.
También se cambiaron los artículos 33 y 44 de la misma ley, con el objetivo de que los estados y municipios hagan del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban de los fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social y de Aportaciones para la seguridad pública de los estados y de la capital.
También se actualizaron los destinos de los fondos de aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal, con el fin de mejorar su aplicación.
Entre otros cambios se modificó el artículo 26-A de la LCF, a efecto de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) presente, a través de Internet, la información referente al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
A las leyes del IVA, del Impuestos Sobre la Renta (ISR), del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la Federal de Derechos, se les realizaron modificaciones adicionales a las propuestas por la Cámara de Diputados.
Se modificó el artículo 25 de la Ley del ISR, con el objetivo de permitir deducciones de hasta 53 por ciento de las prestaciones que los contribuyentes otorgan a sus trabajadores, a efecto de reducir la carga fiscal de las empresas, y en consecuencia, garantizar con ello una menor pérdida de prestaciones para la clase trabajadora.
Además de que se redujo del 31 por ciento al 30 por ciento el cobro del ISR para personas físicas con ingresos de entre 500 mil y 750 mil pesos anuales, para garantizar que la clase media no se vea afectada.
Y se estableció que el fondo solidario de desempleo sea fondeado en su totalidad por el Gobierno, para no afectar los ahorros de los trabajadores; se aprobó gravar con 10 por ciento las ganancias obtenidas por la compra-venta de acciones en el mercado bursátil.
AGENCIA
