En materia de impuestos, México sufre una doble tragedia. Clasifica en el casillero de los países con más baja tasa de recaudación fiscal, menos de 10% del PIB si quitamos los ingresos petroleros, y con más alta tasa de evasión fiscal: entre 30 y 40% de la recaudación potencial. La mayor parte de lo que se recauda proviene del IVA y del ISR de personas morales y personas físicas con retenciones por salarios, ingresos por arrendamientos y actividades empresariales y por servicios profesionales.
En estos rubros la tasa de evasión ha sido calculada en más de 25 por ciento. Esto equivale aproximadamente a 3% del PIB o sea más del doble de lo que se piensa recaudar en una reforma que está resultando muy difícil de aprobar. Si a eso sumamos la evasión mediante el uso de efectivo y la que se presenta en el pago de los IEPS, la evasión se eleva a más de 30 por ciento.
En cada reforma o miscelánea fiscal, el énfasis ha estado en subir las tasas de impuestos o en crear nuevos gravámenes para elevar el porcentaje de recaudación. No está mal, pero sorprende que teniendo un problema de evasión tan extendido no se haya puesto mayor atención en qué es lo que provoca que los mexicanos se resistan a cumplir con sus obligaciones fiscales y en diseñar políticas públicas que fomenten la cultura del pago.
Nuestro país combina de manera particularmente viciosa todos aquellos elementos que inciden en la disposición de los ciudadanos a pagar impuestos. Eso encontramos a partir de una encuesta financiada por el SAT, elaborada por Buendía y Laredo y cuyos resultados pueden encontrarse en la revista Nexos, que comienza a circular el día de hoy (Ma. Amparo Casar, Los mexicanos contra los impuestos, Nexos, noviembre de 2013).
Para empezar, no sólo hay un escaso conocimiento de la población sobre sus obligaciones tributarias sino que entre aquellos que las conocen prevalece la idea de que es difícil cumplir con ellas.
Más preocupante es la idea generalizada que tiene el mexicano sobre la injusticia del régimen tributario. Sólo 16% de la población piensa que los impuestos son un medio para distribuir mejor la riqueza. En contraste, 64% de las personas afirman que “el actual sistema de impuestos beneficia a los ricos y es injusto para los que menos tienen”. Esta apreciación va acompañada del sentimiento de que no es equitativo el hecho de que no todos los que trabajan paguen impuestos.
Hay también una percepción muy extendida de que el dinero de nuestros impuestos se maneja mal y sirve a propósitos muy distintos a los que los políticos prometen. Aunque casi la mitad de la población (44%) piensa que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios, una parte muy importante (36%) dice no saber qué beneficios se obtienen de pagar impuestos y 40% piensa que recibe menos de lo que paga. La credibilidad es tan baja que 45% dice preferir pagar menos aun cuando reciba menos servicios.
Todas estas percepciones negativas sobre la justicia y el destino de nuestros impuestos alimentan la creencia de buena parte de la población de que es válido pagar menos impuestos o incluso no pagarlos cuando el gobierno es corrupto (79%), cuando proporciona malos servicios (81%) o cuando no garantiza la seguridad (79%).
Finalmente, la evasión está alimentada por un conocimiento muy extendido de cómo evadir impuestos, una baja probabilidad de que las instituciones encargadas de cobrarlos te pesquen y una todavía menor a que el fisco sancione a los evasores.
Todas estas percepciones interactúan desde siempre en contra del pago de impuestos provocando un agujero fiscal que podría intentar reducirse.
No sabemos si el gobierno cumplirá su dicho de que no habrá otra reforma fiscal durante el sexenio. Si no la hubiera, bien podría pensar en una política pública -para la que no hacen falta ni negociaciones ni acuerdos en el Congreso- que frene la evasión fiscal. Las pistas para ello están en las percepciones de los mexicanos sobre el régimen fiscal. Los mexicanos estarían dispuestos a pagar impuestos, si vieran la existencia de políticos responsables en el ejercicio del gasto y si se elevara credibilidad del ciudadano respecto a la adecuada provisión de bienes y servicios públicos. También si el gobierno aumentara sus capacidades institucionales en el cobro de impuestos y dejara de premiar a los que incumplen.
A México le hace falta una verdadera revolución en materia de cultura fiscal que podría dar al gobierno tantos o más recursos de los que piensa recaudar con la reforma fiscal, hoy a discusión. Un cambio en las creencias, valores y actitudes frente a las obligaciones fiscales llevaría a un cambio en los comportamientos. Para ello hace falta, antes que nada, que el gobierno esté dispuesto a cobrar con justicia y a gastar con eficacia social y transparencia.
