Sin fomentar la competencia interplataformas, los operadores de TV de paga no tendrán presión competitiva, como no la tuvieron el sexenio pasado. Al sólo incentivar la desagregación de la red fija del mayor operador, tampoco se incentiva la inversión.
La hipótesis que atraviesa el texto de la reforma constitucional para el caso de telefonía es que los instintos depredadores están de un sólo lado, en el del incumbente u operador histórico. Para decirlo en palabras que usted y yo entendemos, en el caso de la red fija que opera telefonía fija e internet, el incumbente es Teléfonos de México. El texto constitucional concentra sus energías en la regulación del “grandote” de la telefonía y deja manos libres a los operadores más recientes o entrantes. Huelga decir que en el caso del “grandote” de la televisión, el texto constitucional es básicamente omiso en cuanto a su regulación competitiva, aunque logró incluir una versión light del must offer, must carry, y endureció sus obligaciones para la libertad de expresión, el derecho a la información veraz y cierta, campos en los que se lograron avances importantes.
Pero la verdad es que está en la naturaleza de las y los empresarios exitosos un cierto olfato de cazador, una naturaleza fuertemente competitiva, un cierto instinto para ampliar su territorio a costa de conquistar el territorio del adversario y una propensión a defender ese territorio. Y ello aplica a todos los empresarios con afán de crecer; si no, mejor que se dediquen a la vida monástica. Sin leyes sobre competencia y libre concurrencia, en efecto, tienden a dominar las conductas depredatorias.
En lo tocante a la desagregación o acceso a la red del mayor operador por parte de otros operadores, es decir, por parte de su competencia, el texto constitucional dice: “en particular, los concesionarios podrán elegir los elementos de la red local que requieren del agente preponderante y el punto de acceso a la misma”. Es decir, los legisladores asumen que los concesionarios más recientes sólo pedirán del dueño de la mayor red, lo que realmente necesitan y no incurrirán en conductas anticompetitivas. Pero la evidencia internacional es rica en ejemplos de solicitudes, imposibles de cumplir por parte de las empresas entrantes, con tal de poner presión legal y mediática a la empresa incumbente. Y si el texto constitucional propicia esto, es casi una tentación imposible de resistir.
El desafío de este momento en las telecomunicaciones es implementar una reforma que desaliente las conductas depredatorias o anticompetitivas por incumbentes y entrantes, al tiempo que incentiva las inversiones tanto en las redes de Acceso de Nueva Generación (fibra óptica a la casa), como en una ampliación de la cobertura y de la penetración de la banda ancha. Apostar en la desagregación de la red del operador histórico como la herramienta principal, y casi única para fomentar la ampliación de la penetración de la banda ancha, desconoce la principal evidencia internacional después de 15 años de experiencia en desagregación de la red: con todo y que el acceso de las empresas entrantes a la red del mayor operador ha resultado en una mejora de la calidad y la velocidad del servicio, hay evidencia de que esto ha sido a costa de elevar precios y de disminuir la penetración de la banda ancha. La otra evidencia es contundente: en prácticamente todos los países, los mayores operadores históricos antes de la regulación siguen siendo los mayores operadores.
Una nueva investigación del académico Tomasso Valletti, del Imperial College de Londres, publicada en 2012, llega a las conclusiones mencionadas para el caso de las zonas urbanas de Inglaterra. Y razona que el motor del crecimiento de la banda ancha no es tanto la desagregación como la alfabetización digital de los consumidores. Su estudio coincide con el de Robert Crandall, del Instituto Brookings, que analiza 15 años de desagregación y no encuentra evidencia de un papel fundamental de la desagregación -aún en Europa- en el aumento de la penetración de la banda ancha. En cambio, la evidencia apunta abrumadoramente a la competencia entre plataformas tecnológicas -redes de telecomunicaciones y de televisión de paga- como el motor de la penetración de banda ancha.
Al incentivar la desagregación de la red de una forma tan liberal como lo establece el texto constitucional se incurre, en palabras, del académico Robert Pindyck en “una distribución asimétrica del riesgo”. Mientras que el operador entrante no tiene que incurrir ni en riesgos ni en costos para tender la red, los llamados costos hundidos -aproximadamente 80% de la inversión- y la ley lo incentiva a pedir pedazos de la red del tamaño más variable y por periodos cortos de tiempo, el dueño de la red tiene que pensar en costos hundidos para ampliar su red, invertir en mejoras tecnológicas y en planes de negocios de por lo menos diez años que incluyen el riesgo de tener éxito o no en el desarrollo de nuevos mercados. De esta manera, los entrantes difícilmente incurrirán en riesgos si pueden dejarles éstos al “grandote” y éste tendrá pocos incentivos para ampliar su red.
Les recuerdo que trabajo en una empresa cercana a Telmex pero que mi opinión no es consultada con la empresa. Y nos encontramos en Twitter: @ceciliasotog
*Analista política
ceciliasotog@gmail.com
