Por: Andrés Timoteo / columnista
El viernes de la semana pasada los cuatro candidatos a la Gubernatura se reunieron con integrantes de colectivos que buscan personas desaparecidas. Fue el famoso conversatorio para conocer los planteamientos sobre el delicado tema de los ausentes que los aspirantes a gobernar la Entidad tienen en su plataforma electoral, a la vez, el espacio para que los activistas les expusieron las peticiones sobre este tópico.
Entre lo principal, exigieron que el caso de las personas desaparecidas deje de ser tomado como un “botín político” y se convierta en un asunto de Gobierno, prioritario, por supuesto. Además, propusieron que los recursos financieros que se recuperen de los exfuncionarios duartistas que se encuentran bajo proceso judicial sean destinados a costear la búsqueda de los desaparecidos, es decir, pagar expertos y procedimientos forenses y de medicina molecular para la identificación de restos localizados.
Aunque no debió salir de las organizaciones civiles esta convocatoria sino de los candidatos, dicho conversatorio los obligó a pronunciarse por un tema tan delicado y urgente. Allí, el candidato de la alianza PRI-PVEM, José Yunes Zorrilla, les ofreció hacer cumplir la Ley General de Víctimas y la creación de una comisión local para la búsqueda de personas no localizadas.
El abanderado de la coalición Morena-PT-PES, Cuitláhuac García Jiménez, también planteó la creación de esa comisión para buscar a los desaparecidos, que sus integrantes sean miembros de la sociedad civil y además anticipó que recortará viáticos y privilegios financieros a la burocracia estatal para que con lo ahorrado se cubra las labores de dicha comisión.
Incluso, García Jiménez en lo inmediato ofreció que la bancada de Morena en el Congreso Local impulsará un punto de acuerdo para exigir que el Fiscal General se reúna con los familiares de las personas desaparecidas, pues otra de las quejas de los activistas es la desidia para atenderlos.
El candidato de la alianza PAN-PRD-PMC propuso la venta del rancho La Cartuja, quitado al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, cuyos recursos serían destinados a un Fondo de Apoyo a Víctimas, manejado por esa misma comisión de búsqueda, la cual también garantizó sería integrada por la sociedad civil. Es más, planteó usar los recursos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) para destinarse a la misma.
La abanderada del Partido Nueva Alianza, Miriam Judith González Sheridan, propuso también apoyar financieramente la búsqueda de personas desaparecidas y les dijo que en el caso de no ganar la Gubernatura -lo obvio-, en los cinco meses que le quedan como Diputada Local impulsará una iniciativa para la Ley Estatal de Desaparición Forzada, aunque hay que agregar que ya existe una propuesta desde enero pasado para crear la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares en Veracruz.
Es insoslayable que la ciudadanía -los lectores, entre ella, por supuesto- conozca y analice las propuestas de los que están buscando la Gubernatura, pues el tema de las personas que han sido víctimas de desaparición forzada y están ilocalizables no es moda ni coyuntural. Se trata de un crimen de lesa humanidad cometido en los dos sexenios anteriores y cuya magnitud apenas se esboza con los hallazgos de decenas de personas sepultadas en fosas clandestinas.
CUIDADO CON LAS CIFRAS
Se estima que serían poco más de 300 los cuerpos que han sido hallados en esos cementerios ilegales que eran utilizados por miembros de la delincuencia organizada y también por policías estatales y municipales. La fosa clandestina más grande que se ha encontrado es la de Colinas de Santa Fe, al Norte de la ciudad de Veracruz. Habría mucho más de cadáveres inhumados clandestinamente y otros exterminados en su totalidad -incinerados o disueltos en ácido-, además de una larga lista de personas ausentes.
En este último punto el cálculo es variable, unos dicen que son 3 mil los desaparecidos, otros 15 mil y ahora se habla de hasta 30 mil, y ahí deben saltar las alarmas. La danza de cifras puede convertirse en un instrumento para eternizar la victimización y para bloquear el proceso de justicia transicional que incluye conocer la verdad histórica, pasar al duelo individual y colectivo, y llegar a una reconciliación social, como han establecido los expertos.
El peligro de enarbolar una cifra estimada de personas ausentes, pero no respaldada con nombres y fechas, es hacer imposible una búsqueda precisa y el cierre de esa etapa. Ahora, algunos activistas aventuran la cifra de 30 mil desaparecidos de Veracruz, y es urgente atajar el mito, evitar que ese número se convierta en una ‘verdad construida’ e inamovible, no porque se niegue el hecho de que desaparecieron personas, sino porque se pretende generar una leyenda que haga inacabable la atención al caso en lo general.
Hay que cuestionar: ¿de dónde sacaron esos 30 mil? ¿hay denuncias presentadas, reportes precisos con testimonios de familiares o es una cifra arrancada al calor de la denuncia mediática? A nivel Nacional apenas si se reconocen 36 mil casos de personas desaparecidas en los 32 estados. Y si se busca un comparativo muy preciso en el ámbito Internacional, en Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983), formalmente desparecieron 9 mil personas.
Esa cifra fue documentada por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que publicó en 183 el informe “Nunca Más”. Sin embargo, las organizaciones civiles, entre ellas las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, sostienen que son 30 mil los desaparecidos -la misma cifra que en Veracruz-, pero no han podido demostrar con nombres precisos, denuncias judiciales ni testimonios de familiares o de conocidos, las 21 mil personas que hacen la diferencia de la cifra oficial presentada por la Conadep.
Al sostener ese número de 30 mil desaparecidos, supuesta cifra inventada, las organizaciones civiles se han negado a aceptar la socorrida ‘verdad histórica’ y han bloqueado el proceso de reconciliación nacional. Ya han pasado 35 años de que concluyó la dictadura militar en Argentina y se inició con la etapa de la justicia reparadora, pero sigue inacabada al continuar la rebatinga por los números. Eso puede pasar en Veracruz que, montados en una cifra insostenible documentalmente, se eternice la polarización.
A más de tres décadas, la sociedad argentina sigue dividida por la cifra de personas desaparecidas y lo seguirá a perpetuidad porque los activistas incluso siguen con la exigencia de “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Y se insiste, no es que no se quiera localizar a los desaparecidos con vida, sino que en el camino a la justicia transicional debe haber una documentación precisa, histórica y hasta científica sobre las víctimas y victimarios para procesarlos en la vía de la reconciliación social.
NO SE DISCULPARON
Regresando al tema del conversatorio de los colectivos con los candidatos a la Gubernatura, hay que decir que estos últimos quedaron a deber muchas cosas, algunas de forma y otras de fondo. Dos de ellos no ofrecieron una disculpa por sus omisiones y dichos. El abanderado del PRI, José Yunes Zorrilla, por ejemplo, desaprovechó la ocasión para disculparse por haber callado durante los sexenios del innombrable y de Javier Duarte de Ochoa.
Siendo Diputado Federal y líder del tricolor en el fidelato, no dijo nada cuando Veracruz fue entregado al crimen organizado y se sentenció a miles de personas a ser asesinadas o desaparecidas. Tampoco alzó la voz en la mayor parte del sexenio de Duarte, cuando el era Senador, o sea representante de los veracruzanos y estos -principalmente los jóvenes- desaparecían a diario.
Las víctimas eran presas de los delincuentes y de las corporaciones policiacas que fueron puestas al servicio de los cárteles del narcotráfico. ¿Alguien oyó alguna vez a Yunes Zorrilla hablar por alguna persona desaparecida o asesinada? ¿lo escucharon exigirle a Duarte que investigara un homicidio o buscara a un ausente? ¿subió alguna vez a la tribuna senatorial para exponer ante el legislativo lo que sucedía en Veracruz?
A pesar de ser corresponsable de las desapariciones por omisión, el peroteño no se inmuta. Cree que se ha desligado de Duarte y del innombrable, y peca de soberbio al negarse a reconocer su falta y presentar disculpas públicas. Ayer tuvo una oportunidad para enmendar las cosas, aunque sea de forma, y la desaprovechó. Pero el tiempo le está cobrando su silencio y su cercanía con la fidelidad, la historia lo acomodará en el sitio que le corresponde: la derrota más lastimosa.
Por su lado, el abanderado de Morena, Cuitláhuac García, no se disculpó con los familiares de los desaparecidos por haberlos criminalizado, apenas hace algunos días, sino que se justificó alegando que sus declaraciones –de que el 60 por ciento de los jóvenes que han sido localizados en fosas clandestinas estaban relacionados con actividades delictivas- fueron “malinterpretadas” por los medios de comunicación.
El señor no tuvo la altura política para reconocer su pifia y asumirla, prefiriendo trasladarla a terceros. Tampoco rectificó en su alegato de que los pobres son potenciales delincuentes. Por supuesto que tampoco habló -como no lo hizo Yunes Zorrilla- de la parte judicial, el llevar ante los tribunales a los genocidas, materiales y de autoría intelectual. No lo hizo porque eso significa tocar intereses de sus nuevos aliados, los fidelistas y duartistas.
Lo peor es que Cuitláhuac García fue omiso para explicar a los activistas la “Pax Pejiana” propuesta por el candidato presidencial de su partido, Andrés Manuel López Obrador, otorgando amnistía a los capos del crimen organizado en el caso de llegar a Los Pinos. No dijo que como Gobernador entablaría diálogo con los jefes delincuenciales para perdonarlos.
Así, los que secuestraron, torturaron, mataron y sepultaron clandestinamente a los ausentes podrían nunca pisar la cárcel. ¿Les aclaró eso a los colectivos? No, porque no tiene forma de hacerlo sin quedar evidenciado como potencial pactista con los asesinados de sus ausentes.
En fin, se repite, el tema de las personas desaparecidas no es coyuntural si bien ahora tiene efervescencia en el contexto de las elecciones para renovar la Gubernatura. Es un asunto que va para largo, tal vez en 20, 30 o 50 años se seguirá buscando a quienes fueron víctimas de desaparición forzada durante los sexenios de la fidelidad, por eso su trascendencia para ser tratado con un rigor documental obligatorio. Hay que comenzar el proceso de construir una memoria colectiva, con la obligatoria justicia transicional, desde ahora.
