El registro de personas no localizadas en el país tiene actualmente 37 mil 435 expedientes, 40 por ciento más de lo reportado en 2014.
La mayoría (36 mil 265 casos) son responsabilidad de procuradurías y fiscalías estatales. De este apartado (denominado fuero común) cinco entidades concentran poco más de la mitad de los casos: Tamaulipas, igualmente imparable en años recientes, se acerca a los 6 mil asuntos por aclarar; estado de México reporta un acumulado de 3 mil 890; Jalisco, 3 mil 362; Sinaloa, 3 mil 27, y Nuevo León, 2 mil 895.
Del lado federal, cuya investigación corre a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), también hay aumento. Hace tres años no rebasaba el millar y ahora son mil 170 carpetas.
Ahí, tres entidades concentran casi 60 por ciento: Guerrero, con 325 (incluidos los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014); Veracruz, con 207 personas cuyo paradero se desconoce, y Tamaulipas, con 141.
En agosto de 2014, funcionarias del gobierno federal dijeron que se contaba en ese momento con un registro de 22 mil 322 personas en estatus de no localizadas.
Mariana Benítez, entonces subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, indicó que al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto recibieron una base de datos integrada por 26 mil 121 nombres, la cual, una vez actualizada, llegó a 29 mil 707. En el primer tramo de esta administración se localizó a 17 mil 175 personas, por lo que continuaba la búsqueda de 12 mil 532.
A esa cantidad debió sumarse el acumulado del primer periodo del sexenio, de ahí que el pendiente de localización era de 9 mil 790.
Es por ello que en el segundo año del sexenio, el reto era esclarecer el paradero de al menos 22 mil personas.
La funcionaria señaló que la base de datos que recibieron al inicio de este gobierno no estaba depurada ni actualizada.
ZOCALO
