Por: Mario Luis Fuentes / columnista
Se ha vuelto un lugar común entre los políticos mexicanos, hablar de la asistencia social como sinónimo de paternalismo o de clientelismo político. Nada más equivocado. Se habla también de la necesidad de eliminar los programas “asistencialistas” y dar paso a otros que promuevan “auténticamente” el desarrollo. Afirmación igualmente equívoca, porque los programas de asistencia social lo que buscan es, por un lado, modificar las condiciones estructurales que le impiden a las personas el ejercicio autónomo de sus derechos, o bien, proteger y tutelar los de aquellos que no pueden valerse por sí mismos, y que no tienen quién les asista.
Hasta ahora, en lo que va de las campañas políticas, ninguno de los tres candidatos con alguna probabilidad de ganar se ha pronunciado sobre esta trascendente e imprescindible política del Estado mexicano. Por lo que es exigible que den una definición al respecto, sobre todo en un País con millones de personas que requieren de servicios asistenciales del Estado.
En sentido estricto, la asistencia social fue la primera política social que existió en América Latina, bajo el paradigma de la caridad cristiana, como le habría llamado el querido Gilberto Rincón Gallardo. Y en sentido estricto también, la asistencia social es la única opción que tienen cientos de miles de personas en nuestros días para sobrevivir y tener una vida digna.
Por otro lado, debe reconocerse que aun programas que son considerados como de “desarrollo social”, tienen importantes componentes de asistencia social, como ocurre con el programa Prospera; o con la mayoría de los programas dirigidos a la protección y garantía de derechos de las personas adultas mayores, o con alguna discapacidad.
La asistencia social no puede ser vista como una política marginal o “complementaria” en el esquema general del gobierno. Se trata de una política especializada, cuya implementación le corresponde al Sistema Nacional de Asistencia Social, Pública y Privada, cuya rectoría le compete al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
¿Cómo están pensando al DIF los candidatos? ¿Van a repetir el esquema, a todas luces equívoco, de tener una oficina para la “primera dama”? ¿Cuál es su propuesta para reconstruir al Sistema Nacional de Asistencia Social y para reconstruir al Sistema Nacional DIF, rediseñando su estructura orgánica, funcional y, sobre todo, su mandato y sus capacidades?
¿Se va a mantener el esquema de financiamiento vía el Ramo 33 para los municipios? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de coordinación con los estados? ¿Promoverán la necesaria reforma a la Ley General de Salud para que la asistencia social deje de ser asumida como un servicio de salud?
Ésas son sólo algunas de las complejas cuestiones que los candidatos deben pensar, porque aun cuando se tienen casi seis meses entre la jornada electoral y la fecha de toma de posesión, es muy poco tiempo para comenzar la compleja tarea de reconstruir al sistema de asistencia social.
Lo que debe reconocerse es que hoy tenemos un marco institucional desarticulado en la materia, en el que hay traslapes y duplicidad de funciones, pero también omisiones graves.
¿Cómo articular al Inapam con el DIF? ¿Cuáles son las tareas del Conadis, que deben vincularse o articularse con las del DIF? ¿Cuáles son los nexos entre el Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Nacional de Asistencia Social? ¿Cuál es la vinculación que debe tener la Comisión Nacional de Atención a Víctimas con el DIF?
Tenemos, al menos, 500 años de política de asistencia social, por lo que es un despropósito asumir el discurso fácil de “decirle adiós al asistencialismo”. Hay millones de niñas y niños en desamparo; cientos de miles de personas adultas mayores con discapacidad o enfermedades crónico-degenerativas, en el abandono; millones de víctimas de violencia intrafamiliar; es con ellos con quienes se tiene la deuda ética que sólo una institución como el DIF puede ayudar a paliar.
