Hace tres años cuando la voz popular realizaba la glosa del desempeño de los diputados que conformaban la 61 legislatura, en vías de concluir, la coincidencia era total: había sido una de las peores en la historia parlamentaria de la entidad. A excepción de unos cuantos legisladores, la mayoría se plegaron totalmente al gobierno estatal encabezado por el ex gobernante, aquel que no debe ser nombrado. No hubo nivel de debate ni de conocimientos, mucho menos político. Y aún peor, acumularon fortunas personales vendiendo su voto pues honraban aquella frase impúdica a la que los acostumbró el innombrable: “en política todo lo que tiene precio, salía barato”.
A base de sobornos y sumisión, protagonizaron escándalos de incongruencia y corrupción como fue la aprobación de la segunda bursatilización del Impuesto sobre la Tenencia o Uso Vehicular (ISTUV) –el veinte por ciento que correspondía a los ayuntamientos y que abrió un boquete tremendo en las finanzas municipales pues el dinero se lo robaron los ediles y funcionarios estatales-, avalaron la contratación de créditos multimillonarios, el último fue por 10 mil millones de pesos y se hizo un mes antes de que concluyera el sexenio de la fidelidad -bajo la excusa de que el dinero sería para reconstruir las zonas dañadas por los ciclones. Ese dinero tampoco llegó a su destino pues igualmente se lo robaron.
De los que tuvieron una actuación decorosa se puede mencionar al abogado Sergio Vaca, entonces diputado por Convergencia –hoy Movimiento Ciudadano- que era la única voz crítica en la tribuna parlamentaria, famoso por señalar públicamente los latrocinios del innombrable a quien lo bautizó como el “peor huracán que haya azotado a Veracruz”. Pues bien, cuando se creía que lo peor se había visto llegó la presente Legislatura, la número 62, que en trece días concluirá y cuyos diputados fueron mucho más grises que sus antecesores, su nivel de preparación es bajísimo, su capacidad de debate nula y sus resultados inexistentes.
Fueron una especie de sanguijuelas que cobraron sueldos de lujo sin desquitarlos. La peor parte se la lleva la zona centro de Veracruz que tuvo once legisladores despachando en Xalapa y ninguno de ellos pudo hacer nada por el terruño. ¿Alguien recuerda algo que tenga que agradecerle a los cordobeses Paulina Muguira Marenco y Martha Lilia Chávez y Juan Carlos Castro o a los orizabeños María del Carmen Escudero Fabre, Víctor Castelán Crivelli, Víctor García Trujeque y Alma Rosa Hernández Escobar -que nació en Catemaco pero ha vivido de la política en la zona fabril-?
¿Algún ciudadano se sentirá contento con la actuación de los huatusqueños Isaac González Contreras y su cuñado, Ulises Ochoa Valdivia? Ya ni se diga del rojiazul, Tomás López Landero que dejó botada la curul por Zongolica para irse al Congreso federal y su lugar fue ocupado por un señor completamente desconocido, Oswaldo Mario Lúquez. Ya ni se diga de la diputada plurinominal Lilian Zepahua García, hija del ex alcalde de Tequila y cacique transportista de la sierra de Zongolica, Mario Zepahua. ¿Qué ha hecho por sus paisanos indígenas esta señora? Nada absolutamente. Es más, la Legisladora niega la cruz de su parroquia ya que tanto en su currícula como en sus círculos de amistades asegura que es originaria de Orizaba, no del municipio serrano que dejó saqueado su progenitor.
Así, de once diputados no se hizo uno. Los distritos de Córdoba, Orizaba, Zongolica y Huatusco se encuentran peor que nunca. No hubo ni siquiera lo básico que se espera de un diputado: la gestión para apoyar u orientar a los ciudadanos. No hicieron nada pero sin pudor cobraron religiosamente los 72 mil pesos de sueldo mensual el cual sumado a las prestaciones y bonos adicionales se eleva a casi 100 mil pesos. Según un reportaje publicado por el periódico Excélsior en febrero de este año, Veracruz está entre las diez entidades cuyos diputados locales cobran los salarios más elevados del país. Dinero tirado a la basura, pues.
Antes de irse, estos legisladores se llevarán un “bono de marcha” de ¡¡800 mil pesos!!, pago que tratan de disfrazar como si fuera un “ahorro” que realizaron en los tres años de gestión pero de ser así, entonces cada uno de ellos habría aceptado que a sus quincenas les quitarán 11 mil pesos –22 mil al mes- para hacer el “guardadito”. ¿Alguien les cree conociendo su voracidad?
Pero ahí no paran las malas noticias pues si afortunadamente ya se van estos diputados holgazanes y abusivos, vienen otros peores, más grises y algunos con sendas aureolas de corrupción que asustan hasta los más curtidos en estos menesteres.
Nada más para que el lector tenga una idea de lo que se espera en cuestiones legislativas hay que ver los prospectos para encabezar el órgano parlamentario. A la coordinación de la bancada priista sostienen al cuestionado líder charro Juan Nicolás Callejas Arroyo y los panistas al también cuestionado ex alcalde de Veracruz, Julen Rementería, el señor de los parquímetros, de las deudas y los contratos de obra retorcidos que hizo a su paso por el cargo federal que ostentó en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En tanto para la presidencia de la mesa directiva se manejan los nombres de los priistas Ana Guadalupe Ingram y Raúl Zarrabal. ¡No es un chiste!, ambos están propuestos.
La animadora de televisión, Ingram, es una chica bien intencionada pero sin un ápice de experiencia parlamentaria y muchos auguran que de llegar a la presidencia legislativa será la versión actual de lo que hace dos legislatura fue la oaxaqueña Carolina Gudiño Corro, actual alcaldesa de Veracruz, cuyo desempeño causaba risas y en la mayoría de las veces lástima y pena ajena hasta en sus mismos correligionarios. De Zarrabal se puede decir que es el ejemplo de los tiempos de “vacas muy flacas” en el tricolor porque hace dos legislatura conformaba el trío de diputados NiNis que brillaban intensamente por su grisura.
Los otros dos de ese trío eran el cordobés Martín Becerra, suplente del terrablanquense Francisco Portila y ex tesorero del ayuntamiento de los Treinta Caballeros así como el porteño José Ruiz Carmona, actual director del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Los tres ni siquiera asistían a las sesiones parlamentarias y cuando lo hacían sólo se dedicaban a chatear en sus teléfonos celulares. Tres años después a Zarrabal lo impulsan para presidir la mesa directiva. ¿Pues qué tan jodidos están? La cosa va de mal en peor, ya se dijo.
EL TRATADO DE LO ABSURDO
Es curioso el caso. Digno de una novela. El entuerto llamado Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas emitió en días pasados un protocolo destinado a la cobertura mediática de las marchas y en el que piden a los reporteros, fotógrafos y camarógrafos portar su botiquín de primeros auxilios para que ellos mismos se curen si son agredidos por los policías estatales. ¿No es como para escribir un cuento surrealista? Aquel comunicador que no cargue su “kit” de emergencia y no sepa aplicar los primeros auxilios a él o a sus compañeros al recibir un macanazo de un policía bermudiano, será culpable de lo que le suceda.
Un hermoso tratado a lo absurdo que ahora exige que los comunicadores se conviertan en paramédicos y de paso deben aprender a preparar menjurjes para evadir los efectos de los gases lacrimógenos. ¿No habría sido un remedio mejor emitir un emplazamiento al secretario de Seguridad Pública para que les ponga un bozal a sus gorilas?, ¿no es más eficaz que la paquiderma comisión se sacuda la careta y exija respeto a la actividad de los comunicadores? El tratado remata con algo completamente inaudito: la anticipación de que los reporteros, fotógrafos o camarógrafos terminarán siendo detenidos por los agentes policiacos y llevados a prisiones. De facto se reconoce que así será.
Los sesudos comisionados dan santo y seña de las leyes que los reporteros pueden recitar con el fin de salvaguardar sus derechos. Dan ternura al recomendar que cuando un policía estatal los esté tundiendo a golpes –como lo hicieron con la compañera Melina Zurita y otros fotorreporteros el 14 de septiembre en Plaza Lerdo de Xalapa- le pidan que primero que les diga la causa por la cual los golpea, y en su caso por qué los detiene. Es más, que les exijan ponerlos a disposición de un Ministerio Público, que no los incomunique ni torture, ah y de paso, precisarles que respeten sus derechos a guardar silencio y a contar con un familiar o un abogado a su lado.
Ya ven, ese fue el error de los compañeros jalapeños pues si hubieran dicho todos ese rosario de cuestiones legales a los agentes aquella noche de septiembre, no habrían recibido la paliza ni les habrían arrebatado sus equipos de trabajo. Aún más, habrían salido airosos si además hubieran puesto en acción la encomienda de la comisión que dice: “explica que eres un reportero y estás informando, ya que lo que realmente importa es que los periodistas no participan como manifestantes, sino como observadores”.
Por poco se quiebran la cabeza con tan bella frase pero ahora sí como dice el Chapulín Colorado: ¿Qué me habrá querido decir? Señalan que es necesario ponerlos en conocimiento que el reportero está informando y no es parte de la marcha. ¿Pues cuándo se dijo que lo eran?, ¿y si eres un reportero sólo estás observando?. El betún del pastel es cuando recomiendan portar los números telefónicos del 066 -para que los terminen de tundir- los de Protección Civil, de Caminos y Puentes Federales y de la misma paquiderma comisión para hacer llamadas pidiendo auxilio. Obvio, si les robaron sus teléfonos y no pueden hacer las llamadas pues ellos serán los responsables que no acudan a salvarlos.
En fin, qué se puede decir de este protocolo diseñado para aceptar las agresiones no para prevenirlas. Prefieren armar un esquema para que el periodista se auto-atienda tras una represión, en lugar de exigirle al gobernante estatal que no los ataque, ponerle un alto a él y a sus subalternos que tiene a la prensa como enemiga. Por otro lado, está el hecho de que los integrantes de esa comisión se han apersonado, más veloces que un rayo, en los lugares donde los maestros que realizan marchas han agredido a los comunicadores para levantar denuncias judiciales. La propia presidenta del esperpento, Namiko Matzumoto Benítez ha ido personalmente como asesores jurídicos, como lo hizo recientemente en Acayucan, para documentar los casos y exhibir los nombres de los supuestos agresores.
¿Por qué no actuó con esa velocidad en los casos de los compañeros golpeados por los policías estatales?, ¿por qué no exhibe los nombres de los agentes?, ¿por qué no pone a disposición de los periodistas todo su equipo de asesores jurídicos para elaborar las denuncias contra los funcionarios estatales?Simplemente porque va en contra de sus objetivos: los maestros disidentes, que son los enemigos del gobierno estatal y todo lo que sirva para denostarlos se hará. La señora Matzumoto y sus colegas de la comisión nunca morderán la mano de quien les da de comer y sólo corren hasta donde les permite la correa que les pusieron.
