COMO “EL TLACUACHE”
“Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, lo dijo el tuxpeño César Garizurieta hace muchos años y la frase quedó escrita en el diccionario del quehacer político mexicano. Vaya, Garizurieta, apodado “El Tlacuache”, estaba tan convencido de ese postulado que lo honró con su vida, según cuenta el historiador Enrique Krauze en su libro “La Presidencia Imperial, pues se suicidó cuando se quedó sin empleo gubernamental. Y la frase viene a colación porque ya se volvió a colgar de la nómina pública el terrablanquense Francisco Portilla Bonilla, todavía ex alcalde con licencia de Córdoba, quien no tardó ni tres meses alejado de la burocracia.
Tras su derrota en la contienda por la diputación local prometió que se dedicaría a regentear su notaría pública, que guardaría recato y se afiliaría a alguna cofradía religiosa para expiar sus pecados. No lo hizo porque siendo fiel apóstol Garizurieta, el señor Portilla ha vivido toda su vida del erario, es su modo de subsistencia que le ha resultado efectivo y lucrativo -no se le conoce un trabajo como ciudadano honesto y cuyos ingresos sean independientes de los dineros públicos- y por lo tanto se equivocaron aquellos que le creyeron que pondría fin a su vocación de saltamontes de la política luego del fracaso electoral del mes de julio.
Desde ayer fue nombrado secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) en sustitución del tuxtleco Jorge Uscanga Escobar, quien asume un cargo en la Secretaría de Educación Pública (SEP) pues como se sabe está políticamente ligado al titular Emilio Chuayffet. Así, literalmente se evitó que Portilla Bonilla recurriera al suicidio como lo hizo César Garizurieta por no estar dentro del presupuesto. En contraparte, los afectados son todos los ciudadanos veracruzanos pues si bien, están más desamparados que nunca por la situación de violencia e inseguridad pública que azota a la entidad, ésta viene a empeorar con el arribo al organismo de un personaje tan cuestionado. El CESP, según la ley, es un portavoz de las inquietudes de la población para desarrollar estrategias que hagan efectiva la protección a la ciudadanía frente a la criminalidad.
Entonces, nombrar al terrablanquense como responsable del mismo es como hacer una broma anticipada de Halloween pues lo que menos hizo como alcalde de Córdoba fue velar por la seguridad pública. En sus dos gestiones como edil, la ciudad se convirtió en un nido de maleantes y las secuelas hasta el día de hoy las padecen todos los cordobeses. No hay que olvidar que en junio del 2012 y en marzo de este año, la Armada de México y el Ejército hicieron redadas para detener a policías municipales de Córdoba acusados de mantener vínculos con la delincuencia organizada.
A Portilla siempre se le cuestionó la protección que dio a comandantes y agentes policiacos que en su momento fueron señalados por la voz popular de estar ligados a actos delictivos. Es más, fue escandalosa su tolerancia y protección al director de Tránsito municipal, Óscar Barquet Viñas, quien incluso huyó al extranjero luego de que su nombre apareció en las declaraciones de unos criminales detenidos por las fuerzas militares. Aún así, se le mantuvo en el cargo y fue aceptado a su regreso ya con un amparo en la bolsa para evitar ser detenido.
Tampoco se debe olvidar que bajo la gestión municipal de Portilla Bonilla, esta casa editorial El Buen Tono fue blanco de un atentado cometido por un grupo de hombres armados que la madrugada del seis de noviembre del 2011 quemaron parte del edificio. En las denuncias presentadas, Portilla es un sospechoso al igual que sus policías municipales y Barquet que habrían cometido omisión de vigilancia para facilitar el ataque contra el rotativo. Aún con toda la estela de corrupción y presunta tolerancia a la delincuencia desde ayer Portilla es el titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
La paradoja -o “para-joda”, como se quiera ver- es que uno de los objetivos del CESP, según su sitio web oficial es gestionar la vinculación entre corporaciones policiacas, incluyendo las municipales, así como impulsar “acciones y obras públicas que aporten principalmente a la prevención del delito y a la procuración de seguridad ciudadana”. O sea, todo lo que Portilla no quiso hacer como edil. Por eso se reitera lo dicho en textos pasados: en el gobierno estatal lo inaudito es lo cotidiano e invocando al clásico se diría que el CESP bajo conducción de Portilla es como poner la Iglesia en manos de Martín Lutero. En resumen: ya no tienen remedio.
LA COCINA COCHAMBROSA
En los días cuando iniciaba la actual administración estatal, la vocera del gobierno duartista definió el trabajo de Carolina Viveros García al frente del Instituto Electoral Veracruzano (IEV) como el de una “ama de casa que maneja al instituto como si fuera su cocina”, se entiende, pues, que el órgano electoral estaba -y sigue estando- lleno de cacharros, cochambre, pinches -los auxiliares de los cocineros, no el calificativo despectivos que bien se lo merecen los funcionarios electorales-, ollas con el fondo ahumado así como cucharones para servirse abundantemente y hornillas para cocer tamales a pedido del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del gobierno estatal.
Para eso fue puesta la actual consejera presidenta, Viveros García, una mujer que pese a sus estudios en leyes nunca los ha respetado y que carece de escrúpulos y de pudor. Su gestión en los ocho años que lleva al frente ha estado marcada por la ignominia. No hay que olvidar -la terca memoria siempre es útil en tiempos de tribulaciones- que su llegada a la presidencia del IEV fue un favor que le hizo el innombrable, antiguo compañero de aula. La puso allí para que preparara los fraudes y a cambio le permitió enriquecerse con dinero público. Hay todo un rosario de chanchullos en el organismo bajo su conducción, desde la compra de insumos, renta de inmuebles y contratación de servicios digitales hasta la entrega de contratos a empresas cuestionadas que se han encargado de monitorear de medios informativos y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) durante las jornadas comiciales.
A pesar de que cada proceso electoral se documentan irregularidades y deficiencias de esas últimas empresas, Viveros García se las ha arreglado para que las mismas- ligadas a políticos pero también de las cuales se especula pagan sobornos jugosos- obtengan los contratos del IEV. Y cuando se trata de obedecer a los patrones, la señora Viveros olvida todo lo que aprendió en la Facultad de Derecho y no le importa atropellar la ley de forma abierta. El ejemplo más escandaloso fue en el 2010 cuando “cantó” el triunfo del priista Javier Duarte de Ochoa durante una sesión del Consejo General cuando éste no está facultado para determinar ganadores pues la calificación de los comicios corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Así se lo ordenaron, dar el campanazo y así lo cumplió aún cuando arrastró consigo todo el marco legal.
El proyecto para eliminar los consejos estatales es un antiguo reclamo en el país porque la mayoría de los organismos se convirtieron en oficialías de parte de los gobernadores en turno. Al respecto Viveros alega que no es democrático desaparecer al IEV, seguramente porque para ella la “democracia” es un enorme negocio pero los ciudadanos tienen otra versión pues no han recibido nada bueno del organismo. Hace un par de días los presidentes de los institutos electorales de los estados se reunieron con senadores de la República para alegar que la creación del INE rompería el pacto federal, aumentaría el gasto presupuestal y generaría caos e incertidumbre política en todo el país.
Nada es cierto, al contrario, con el INE se ahorrarían millones de pesos -los que hoy se van a las cuentas bancarias de los pillos que se desempeñan como consejeros locales- y se daría certeza a los procesos electorales pues los gobernadores ya no serían los dueños del árbitro para manipular los comicios e imponer a su antojo a diputados locales, alcaldes y por supuesto, a sus sucesores. Al menos ese es el objetivo y dada la situación tan degradada en la que se encuentra estos órganos estatales, es digno de aplaudir la decisión de desaparecerlos y mandar a la calle a todos estos sinvergüenzas, muchos de los cuales merecen ser sujetos de investigación judicial tanto por sus omisiones y violaciones de las leyes como por enriquecimiento súbito.
Y como dirían los persignados del pueblo, estos señores “ven la tempestad y no se hincan” pues actualmente están solicitando un presupuesto de 214 millones de pesos para el 2014, aún cuando no es año electoral y únicamente se realizará una elección extraordinaria en el municipio de Chumatlán donde se anularon los comicios celebrados en julio pasado. Aún así, solicitan un presupuesto abultado pues la mitad del mismo, 103 millones de pesos, se utilizará para el rubro denominado “Servicios Personales” que incluye los onerosos sueldos de los consejeros y directores de área. Es todo un insulto para millones de veracruzanos que viven en la precariedad económica pues hay un pueblo pobre y un instituto electoral muy rico.
En Veracruz hay consejeros electorales ricos en tierra de miserables pues cada uno de ellos -Carolina Viveros, Arcelia Guerrero Castro, Jacobo Domínguez Gudini, Alfonso Ayala Sánchez y Humberto Ramírez Sáinz- cobra 5 mil pesos diarios, lo suficiente para costear el tratamiento oncológico a seis niños con cáncer y con el sueldo de los cinco funcionarios se lograría salvar a 30 pequeños ahora que el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) está en crisis y los padres de los infantes que están en tratamiento hacen malabares para recaudar fondos con el fin de que sobrevivan sus hijos.
Cada consejero del IEV cobra al mes más de 120 mil pesos y lo acumulado en un año es un millón 500 mil pesos. Por los cinco la cifra alcanza los 7.2 millones de pesos más bonos, aguinaldos, pago de asesores, vehículos, celulares, viáticos para comidas, hoteles y transporte en los viajes que realizan tanto en el país como en el extranjero, y lo que se logren embolsar con los negocios que se realizan al interior del instituto. Con todo este cúmulo de abusos es imposible que haya algún ciudadano -claro, los que no están ligado a la corrupción del gobierno duartista- que se oponga a la desaparición del IEV. Al contrario, millones le gritarían gustosos a Viveros, a Gudini, a Guerrero, a Ayala y a Ramírez… ¡a la calle!
