Cd. mendoza.- El inicio de operaciones de la empresa Hidroeléctrica Santa Rosa, en las instalaciones de la extinta CIVSA, está basada en un engaño a los extrabajadores, y en una serie de acciones ilegales y delictivas, aseguró el abogado Édgar Solórzano, representante de quienes, por Ley, son los adjudicatarios de la fábrica.
De acuerdo con la declaración del abogado, entrevistado en el Noticiero de Radio Banana ayer miércoles, los extrabajadores de la CIVSA, adjudicatarios de las instalaciones y bienes de esa empresa, fueron desalojados de manera ilegal y arbitraria por la Policía Estatal y elementos de la empresa IPAX, el pasado 3 de abril.
A partir del desalojo, los auténticos “propietarios” de las instalaciones, y de la maquinaria ahí localizada, fueron despojados por un grupo minoritario de obreros, encabezados por José Torres, quien a base de engaños y fraudes ha logrado la supuesta representación de una pequeña parte del grupo de extrabajadores adjudicatarios del lugar.
El abogado Solórzano, quien representa a la gran mayoría de los 670 obreros que desde el año 2005 han permanecido en la lucha por sus derechos laborales como extrabajadores de la CIVSA, aseguró que se han presentado ya las denuncias de hechos y la solicitud de restitución de los derechos de los exobreros que fueron desalojados con violencia, sin que se les mostrara, en ningún momento, algún documento oficial que diera legalidad a esa acción.
“Lamentablemente, abusaron de algunos extrabajadores, a los cuales, a base de engaños, les fue pagada una cantidad a cambio del 34 por ciento del total de sus derechos, para que los cedieran como exobreros, situación que es a todas luces ilegal, pues esos derechos son intransferibles de acuerdo a la Constitución Mexicana”.
Además del evidente “respaldo” del Secretario de Gobierno de Veracruz, quien envió a elementos de la Fuerza Estatal y del IPAX a desalojar a los extrabajadores que se encontraban dormidos en el interior de la fábrica, “se realizaron simulación de actos jurídicos ante corredores públicos de la ciudad de Veracruz, para justificar tanto el despojo como el desalojo, sin que se presentaran documentos de ninguna especie al respecto”.
“Dadas las circunstancias, los obreros están tomando las acciones legales pertinentes para que les sean restituídas las instalaciones, ahora en poder de un grupo que encabeza José Torres”, explicó el abogado Édgar Solórzano.
Como antecedente, el profesionista indicó: “Debemos recordar que el estallamiento de huelga se dio en el 2005. Ante eso, se realizó un convenio en la que se condenó a la empresa al pago de prestaciones. No se realizó el pago en la fecha fijada, y luego de eso los representantes de los trabajadores realizaron acciones para rematar ciertos bienes ya embargados.
“En el año 2008, se lleva a cabo la adjudicación, debido a que la empresa jamás se acercó a realizar los pagos correspondientes… el monto superaba entonces los 54 millones de pesos, cantidad que sigue incrementándose a medida que el tiempo transcurra sin que se culminen los juicios que se llevan a cabo”.
Son 670 extrabajadores los que están involucrados en este asunto. “Algunos ya incluso fallecieron, y se realizan juicios para adjudicar los derechos correspondientes a sus deudos”, anotó Solórzano.
“De la fábrica, del terreno, de los edificios, de la maquinaria, etcétera, no hay escrituras, porque tanto la fábrica como la hidroeléctrica, así como su maquinaria y demás contenido, han sido adjudicados a los extrabajadores de la CIVSA, toda vez que esta empresa no ha pagado los laudos correspondientes, que ascienden a una cantidad superior a los 54 millones de pesos, que ni la empresa ni los exdueños de la CIVSA han pagado y, por lo que se sabe, no podrán pagar”.
“Dolosamente –insistió-, la operación de desalojo de quienes resguardaban, como adjudicatarios, la fábrica y la hidroeléctrica, se llevó a cabo a través de la Policía Estatal e IPAX. Lo realizaron alrededor de las 3 de la mañana, todos los obreros dormidos, jamás vieron ni les fue mostrado ningún ordenamiento legal para el desalojo”.
A partir de ese momento, los extrabajadores, que fueron desalojados de manera ilegal, están buscando ahora la restitución de los bienes que les fueron adjudicados, lo cual podría suceder en los próximos días.
El abogado Solórzano insistió en que la instrucción que le han dado los extrabajadores a quienes patrocina, es la de buscar los medios jurídicos adecuados para lograr la restitución, porque “no piensan pasar por alto esta violación a sus derechos humanos y a sus garantías individuales”.
Y, al grupo que mantiene en su poder desde el pasado 3 de abril las instalaciones, y que han sido “invitados” a trabajar en el ilegal proyecto de la Hidroeléctrica, les advierte: “No se dejen engañar por José Torres. Él fue expulsado mediante asamblea del sindicato. No pertenece ni tiene ningún cargo en la organización sindical”.
