CDMX.- La Cámara de Diputados ha abierto la puerta para sepultar definitivamente la inmunidad de los altos funcionarios del Estado mexicano, incluyendo al Presidente y lo turnó al Senado de la República para su análisis.
Con 370 votos a favor de las reformas a los artículos 7, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución, establece que el jefe del Ejecutivo podrá ser acusado de traición y delitos del orden común.
El dictamen surgió de 32 iniciativas presentadas por diputados federales, congresos locales y ciudadanos, entre noviembre de 2015 y abril de 2018.
El documento también establece que el Presidente de la República podrá ser sujeto de juicio político y que nadie podrá ser sancionado con cárcel por difamación, calumnia o injuria.
Cabe señalar que los funcionarios no serán sancionados con penas privativas de libertad por deudas de carácter civil ni tampoco por las conductas que atenten contra el honor de las personas, como difamación, calumnia e injuria.
Además se les puede imputar penalmente durante el tiempo del cargo que ocupen a gobernadores, diputados locales, magistrados de los Tribunales de Justicia de las entidades federativas, Consejos de las judicaturas, presidentes municipales, alcaldes y concejales.
Para proceder contra el Presidente y otros funcionarios, bastará con la denuncia presentada y ratificada por la autoridad correspondiente.
