La Secretaría de Gobernación salió ayer a desmentir las versiones respecto a que las áreas de Protección Civil de esa secretaría fueron omisas sobre las advertencias en torno a los huracanes Ingrid y Manuel. En una conferencia de prensa, el coordinador de Protección Civil, Luis Felipe Puente, aseguró que se notificó a tiempo a todos los estados sobre la presencia de los fenómenos meteorológicos Manuel e Ingrid desde el 12 de septiembre. Algunos las tomaron en cuenta, como Veracruz y Tamaulipas, otros las ignoraron, como Guerrero.
Es verdad, desde el 12, y en forma insistente desde el 13 de septiembre, tanto la Comisión Nacional del Agua como el Centro de Huracanes de Miami estuvieron informando con regularidad sobre la evolución de ambas tormentas. Y hubo estados que tomaron previsiones y otros no. Como ya se ha dicho, esa información sí estuvo disponible: lo que se debe ahora saber es ¿por qué en algunos lugares, como Guerrero y en particular Acapulco, no se tomaron las previsiones necesarias? ¿por qué siguieron llegando turistas sin que hubiera advertencias públicas mucho más insistentes? ¿por qué no se tomaron previsiones mucho más a fondo, desde el establecimiento de albergues hasta el cierre de carreteras? Si el 12 se dieron las advertencias, es inconcebible que el día 13 el gobernador estuviera de fiesta con sus ilustres predecesores en una Chilpancingo ya inundada, y mucho menos comprensible es que el director del Fonden, José María Tapia, un organismo clave para afrontar este tipo de tareas, se fuera desde el día 14 a Las Vegas y permaneciera en esa ciudad por lo menos hasta el día 16 de septiembre, o sea cuatro días después de que se diera a conocer la alerta.
Si ésta se dio a tiempo (y efectivamente, tanto la Conagua como el centro de Miami así lo hicieron) ¿por qué no se tomaron las medidas de previsión suficientes? ¿por qué funcionarios organizan fiestas o se van a dar el Grito a Las Vegas? ¿por qué no pasa nada y se quiere hacer dejar en manos del destino una tragedia que, en parte, tiene responsables? Ayer se explicó que se evaluará el desempeño de Tapia (quien viajó a Las Vegas en avión privado, acompañado de un puñado de importantes políticos y funcionarios priistas), y debe haber una respuesta al respecto, pero la pregunta es si con esta misma información la evaluación no tendría que haber estado más que concluida dos semanas después de los hechos. Y habría que agregar si no es suficiente, también, para evaluar el desempeño de otras oficinas federales, así como del gobernador
Ángel Aguirre y el presidente municipal de Acapulco, Luis Walton.
El presidente Peña tardó 48 horas en dar de baja al procurador del Consumidor, Humberto Treviño, cuando su hija utilizó la posición de su padre para clausurar un restaurante en la colonia Roma. Han pasado dos semanas de una tragedia donde hay ya más de 150 muertos y daños por miles de millones de pesos y no hay un sólo responsable, ¿ni siquiera por negligencia? La información proporcionada ayer por Gobernación no exonera a nadie: confirma las sospechas de que hay funcionarios, federales y locales, que no cumplieron son su responsabilidad. Lo que ahora debemos esperar es que se actúe en consecuencia.
Crisis e intransigencia legislativa
Lo que está haciendo el Partido Republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos es simplemente criminal y debería servir como enseñanza a nuestros propios legisladores. Los republicanos, empujados por su ala extremista del Tea Party están paralizando el gobierno estadunidense (y desatando una crisis que puede ser de consecuencia inimaginables) para oponerse al nuevo sistema de salud, a duras penas universal, el llamado Obamacare, que intenta subsanar un vacío inimaginable en un país como Estados Unidos: el que millones de personas no tengan ningún tipo de acceso al sistema de salud. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes ha condicionado el aumento del techo de la deuda y por lo tanto el presupuesto federal, a que se eche para atrás la reforma más importante que ha realizado la administración Obama. Las consecuencias, decíamos, son impredecibles.
Nuestro Congreso no debería condicionar la aprobación de unas reformas a que salgan otras. Muchas veces hemos dicho que los tiempos de la reforma política deberían ser contemplados de acuerdo con las exigencias. Y lo que el país requiere ahora es volver a poner sobre rieles la economía: debe salir adelante la reforma energética y la reforma fiscal debe mantener su lógica de acabar con privilegios, pero dejar de ser meramente recaudatoria y de presionar, aún más, a los causantes cautivos. La lógica Obamacare o presupuesto puede detonar una crisis en Estados Unidos y en el mundo. Nuestra dicotomía no es la reforma política o la energética, sino revitalizar una economía que, hoy, está en el límite.
¿O también aquí apostaremos a la crisis?
