Tardó más el gobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero en exigir que se investigue el otorgamiento irregular de permisos de construcción en Acapulco —denunciado anteanoche por el titular de Conagua, David Korenfeld Federman— que en recibir la respuesta de Enrique Peña Nieto.
“Solicito al gobernador del estado —reviró el Presidente— realice las investigaciones y se deslinden responsabilidades que competan al ámbito local, como el Gobierno de la República hará las propias investigaciones de aquellas afectaciones o de aquellos permisos sobre zonas federales, que fueron otorgados indebidamente y que están en el ámbito del fuero federal”.
Quizá Aguirre no había escuchado que las pesquisas realizadas por Korenfeld apuntaban a la necesidad de “analizar los permisos que se dieron aquí” entre 2002 y 2012, para edificar en zonas propensas a inundarse, y que “van más allá de las facultades” que tenían las autoridades.
Es decir, un lapso que lo incluye a él como gobernante, no sólo a servidores públicos “del pasado”. Y una serie de decisiones tomadas en un estado donde él es la autoridad máxima, aunque con frecuencia —como en el tema del conflicto magisterial— no actúe como tal.
Durante dicho periodo, han gobernado Guerrero René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca y el propio Ángel Aguirre, y han encabezado el Ayuntamiento acapulqueño Alberto López Rosas, Félix Salgado Macedonio, Manuel Añorve y Luis Walton (sin contar los interinatos de José Luis Ávila, en 2010-2011, y Verónica Escobar, en 2012).
De constreñirse al lapso 2002-2012 el otorgamiento de los permisos que están detrás de las inundaciones de Acapulco —no sólo la que actualmente padece el puerto, sino otras anteriores, como la que se dio en 2007 tras el paso del huracán Henriette—, habría que investigar la actuación de cada uno de los funcionarios anteriores, así como la de los representantes de dependencias federales que tenían la capacidad de facilitar, con su firma, las obras que modificaron drenes pluviales y cambiaron el cauce de los ríos.
El domingo pasado, en este mismo espacio, argumenté que no había que culpar a las lluvias de las muertes y la penuria que han provocado las inundaciones y los deslaves ocurridos durante el fin de semana largo de las fiestas patrias.
Afirmé que hay responsables de haber permitido que se poblaran lugares no propicios para ser habitados, ya sea porque están en zonas inundables o propensas a accidentes.
Durante la semana dicho tema se convirtió en el eje de la discusión en torno de la tragedia desatada por el paso de los ciclones tropicales Ingrid y Manuel.
Y el viernes por la noche, en Acapulco, el presidente Peña Nieto ordenó que se dé a conocer “cuáles fueron las zonas en las que, de manera inapropiada y con permisos, seguramente sin sustento legal, se otorgaron donde se edificaron construcciones, lo que impidió que se drenara adecuadamente el agua que se acumula por los ríos en esta región”.
Por desgracia, Acapulco no es la única ciudad donde esto sucede, ni Guerrero es el único estado. En todo el país se pueden encontrar ejemplos de asentamientos irregulares que no llaman la atención mientras no ocurra una tragedia que provoque la pérdida del patrimonio de sus habitantes o, peor aún, su muerte.
De hecho, de acuerdo con un documento de la Secretaría de Desarrollo Social, cada año 90 mil hogares se instalan en terrenos de alta vulnerabilidad.
La semana pasada me referí a decenas de colonias irregulares en las ciudades de Acapulco, Cancún, Veracruz y Matamoros, expuestas a inundaciones.
Increíblemente, los ayuntamientos de esos lugares reconocieron la existencia de muchos de esos asentamientos y los dotaron de servicios, a pesar de ser incapaces de garantizar la seguridad de la población en el caso de que se abatan sobre ellos fenómenos meteorológicos como los de hace 15 días.
Peor aún, las autoridades siguen permitiendo que se lucre con la venta de terrenos en lugares no aptos para vivir. En las cercanías de la colonia irregular Bahía Libre, conocida popularmente como “Casas Fantasma”, en el norte del puerto de Veracruz, se venden lotes por internet que son anunciados para uso habitacional, o bien, para construir escuelas u hoteles, cuando se trata de una zona inundable.
No puede culparse a las personas que llegan a asentarse en lugares vulnerables, muchas veces guiadas por “líderes sociales” sin escrúpulos. Los precaristas no eligen por gusto fincar sus casas en las riberas de los ríos o las faldas de los cerros; lo hacen por necesidad. Las responsables de que con ello se coloquen en una situación de peligro son las autoridades que lo permiten por conveniencia política o corrupción.
Y ahí uno tiene que preguntarse cuál es la utilidad para los mexicanos de tener estados y municipios autónomos, pues sus autoridades aprovechan la soberanía que les da la Constitución para actuar con absoluta irresponsabilidad a la hora de autorizar que sus gobernados se asienten en lugares donde se pone en riesgo su vida.
Lo digo porque esas mismas autoridades no asumen la responsabilidad de sus decisiones, o la de sus antecesores en el cargo, y, a la hora de la desgracia, simplemente cargan el costo del rescate a la Federación.
Hay que ver en qué se ha convertido nuestro federalismo, consagrado en los artículos 40, 73 y 124 de la Carta Magna. Un arreglo político institucional que originalmente pretendía contrapesar el poder de los distintos niveles de gobierno se ha convertido en un sistema que, en los hechos, otorga muchos más derechos que obligaciones a las autoridades estatales.
Más allá de que haya sido cierto o no el incidente de corrupción de los diputados locales de Zacatecas —quienes habrían recibido del gobierno estatal un soborno de 100 mil pesos para votar a favor del proyecto de presupuesto del Ejecutivo, según una conversación grabada que fue subida a internet—, la denuncia revela la disfuncionalidad del convenio fiscal entre los estados y la Federación: de los 22 mil 578 millones de pesos de gasto aprobados en Zacatecas en diciembre pasado, más de dos terceras partes tienen su origen en participaciones y aportaciones federales.
Tenemos un sistema federal compuesto por estados que no sienten la obligación de recaudar, pues, en buena medida, la Federación lo hace por ellos. Y cuando la irresponsabilidad de las autoridades locales provoca que a estados y municipios les llegue el agua al cuello —figurativa o literalmente—, ahí está la Federación para sacarlos del atolladero.
La misma Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) —el lobby de los estados ante el gobierno federal—diagnosticó en agosto de 2008, durante el Foro Nacional de Federalismo, que la descentralización del gasto público iniciada en 1992 ha dado lugar a un esquema que deja al gobierno federal como garante último y la nula existencia de incentivos para que las entidades observen un comportamiento fiscalmente responsable.
Pero una cosa es el análisis académico y otra atestiguar en vivo la ligereza del gobernador de Guerrero, quien, luego de que el titular de Conagua presentara el primer balance sobre las causas de la tragedia en Acapulco, “se pronunció a favor de investigar a quienes autorizaron permisos y concesiones para construir unidades habitacionales y tiendas departamentales en zonas que presentaban riesgos, y sancionarlos conforme a la ley”, según el boletín de prensa del gobierno de Guerrero.
Por eso Peña Nieto le reviró como lo hizo. La Federación, dijo el Presidente, indagará la comisión de delitos federales. Lo demás, agregó, corresponderá a la autoridad local.
Y aquí no se trata de partidos políticos. En el periodo 2002-2012, Acapulco y Guerrero han tenido autoridades de signo priista e izquierdista.
La pregunta es si realmente, ahora sí, serán llamados a cuentas todos aquellos que otorgaron permisos para edificar en zonas inundables y autorizaron que se modificaran las salidas naturales del agua hacia el mar.
Si esta promesa acaba siendo simplemente un discurso para salir del paso, la impunidad habrá ganado otra batalla, millones de mexicanos seguirán viviendo en peligro y los gobernadores verán afianzado su papel de señores feudales que gastan alegremente los recursos públicos sin sentir siquiera la obligación de recolectar rentas entre sus siervos.
Para que la cuña apriete, dicen, ha de ser del mismo palo.Vicente Fox, quien llegó a la Presidencia después de ser gobernador de Guanajuato, se rindió ante el poder de la Conago. ¿Qué hará ahora Peña Nieto, quien hasta hace poco más de dos años aún era par de 21 de los 32 mandatarios estatales actuales?
