Día diez —hoy ya se cuenta el once—, desde que la Ley de Servicio Profesional Docente entró en vigor. Los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que decidieron quedarse en el Distrito Federal, siguen en su plan de estirar la liga hasta donde sea posible. Es un reto, un reto frontal a los gobernadores de sus estados, en quienes cae la autoridad para aplicar la ley.
La sanción de la que escribíamos ayer, y que entró en vigor a partir de que fue promulgada la reforma educativa y sus leyes secundarias, está ahí escrita. Ayer decíamos que la SEP tendría que obligar a su ejecución, pero en realidad son cada una de las entidades federativas quienes tienen la obligación de ejecutar las sanciones que en la ley se escriben:
“Los gobiernos estatales, ellos tienen la nómina y tienen los instrumentos para verificar la asistencia de los maestros. Eso no lo tiene ni Hacienda ni yo. Se descentralizó la educación desde 1987, y todavía se transfirieron más facultades a los estados en mayo del 92, con el Acuerdo de Modernización de la Educación…”, en palabras de Emilio Chuayffet, secretario de Educación, cuando hablé con él en la Segunda Emisión de Cadenatres Noticias.
Y es que, entonces, si han pasado ya al menos diez días desde que entró en vigor la ley, ¿qué pasa que no se ejecuta y quién sancionaría, entonces, a esas entidades a las que, al parecer, ya la CNTE le tomó la medida?
“Son las autoridades educativas las que tienen que hacer frente a esta obligación y sí, incurren en irresponsabilidad si no lo hacen. Yo hice ayer una convocatoria respetuosa en la Cámara, porque se trata, a fin de cuentas, no de perjudicar a quien falta a clases, sino de restituir el servicio quien queda sin clases en el aula y que coincide, además, con los niños de los estados más pobres (…) Hay que tener en cuenta un asunto, esto no se da hoy, esto tiene diez años ocurriendo. Hay estados del país en los que setenta días de clases no se imparten. Hay un asunto que es real, romper inercias, cuesta trabajo, genera resistencias que a veces son violentas; y sin embargo, nosotros vamos a aplicarles las reformas. De eso no debe tener duda nadie, ni los faltistas…”.
Así que son los gobernadores quienes están obligados a controlar a sus maestros o, en consecuencia, a atenerse a las consecuencias. En palabras también del titular de la SEP, a los estados no se les pueden retener los recursos destinados a la educación, porque es injusto castigar a quienes sí están cumpliendo (aún en Oaxaca hay profesores que sí están impartiendo clases). Así que sólo es tiempo de que la liga se rompa y se vea a cuál lado golpeará más.
