Por: Andrés Timoteo / columnista
Por cierto, son reprobables las expresiones burlonas que hizo el senador priista Héctor Yunes Landa sobre el tema de las personas desaparecidas. En su afán de golpear mediáticamente a su primo, el gobernante en funciones que lo derrotó en los comicios del 2016, el tipo no repara en utilizar un tema que es profundamente doloroso para los veracruzanos.
En un artículo difundido en la prensa consentidora –que no reparó en publicarlo, pese a la afrenta que representa- Yunes Landa expuso que el Gobernador en funciones es “responsable de la desaparición forzada… de la autonomía de la UV”. El tipo entrecomilló esas dos palabras que denotan el genocidio perpetrado en Veracruz: “desaparición” y “forzada”. En su alegato mezcló cifras sobre personas ausentes para defender a la investigadora pejista, Rosío Córdova Plaza, quien la semana pasada presentó el informe de un estudio sobre 27 estudiantes universitarios que supuestamente fueron víctimas de desaparición forzada.
Córdova Plaza, militante activa de Morena y pareja sentimental del alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez, también surgido de ese partido, intentó usar la investigación universitaria para acusar al Gobierno estatal de no atender los secuestros estudiantiles. La Fiscalía estatal le giró un citatorio en calidad de testigo para que declarara sobre esas desapariciones. Fue un sainete de ambas partes, pues la académica morenista quiso evidenciar al Gobierno panista y éste usó el aparato judicial para intimidarla.
Pues bien, Yunes Landa se colgó del asunto y con su boca-floja no reparó en comparar el caso de la catedrática morenista con el dolor de las familias que buscan a sus seres queridos víctimas de ese delito tan grave. El Senador debería ofrecer una disculpa pública a las personas que sufren la ausencia de sus familiares, pues es una aberración usar el dolor colectivo con fines electorales e intereses personales. El tipo no tiene límites, ya rebasó todo decoro, pues siendo -teóricamente- un representante popular debería, desde ese estatus, ayudando a las víctimas, no profiriendo barbaridades verbales.
Por eso en esta ocasión sí hay que reconocer el acierto del fiscal Jorge Winckler -vaya, una de cal por tantas de arena- al evidenciar al priista en las redes sociales. En un tuit difundido el pasado 23 de febrero a la cuenta del lenguaraz senador, Winckler le dijo: “Es usted un cínico cara dura, 3 mil 600 desapariciones ocurridas durante el mandato de su JEFE POLÍTICO #JavierDuarte y #ArturoBermúdez, nunca dijo nada, usted sabía y no denunció. CÓMPLICE y COBARDE, eso eres”.
Así es, Yunes Landa guardó silencio total durante los dos sexenios anteriores, no vio a los desaparecidos, no se enteró del pacto de la fidelidad con el crimen organizado, se hizo de la ‘vista gorda’ cuando los veracruzanos eran carne de exterminio y se concesionó el Estado a los cárteles de la droga. Nunca alzó la voz, nunca emitió una crítica a los que ostentaban el poder estatal, pero ahora sí lo hace, no para hablar a favor de la población sino para saciar el resquemor personal que tiene con quien lo derrotó electoralmente.
No es la primera vez que el tema de los desaparecidos es usado malévolamente. Cuando Javier Duarte huyó de Veracruz para evitar su detención en algunos medios informativos lo comenzaron a llamar “el desaparecido Duarte”, algo que fue refutado por los colectivos de personas desaparecidas con la exigencia de no banalizar el término.
“No pueden decir que (Duarte) está desaparecido, desaparecidos están nuestros hijos. Él se fugó, no desapareció. Se fugó con la ayuda de alguien más, de alguna autoridad”, dijeron en su momento los activistas y con mucha razón, pues es inadmisible comparar a un delincuente fugado con una víctima de desaparición forzada.
¿PLAN “B” EN EL FRENTE?
Mitad de semana, período de “intercampañas” y la judicialización del proceso electoral ya está en su apogeo. El peor librado es el candidato presidencial de la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya Cortés, quien enfrenta una demanda judicial y mediática por acusaciones de lavado de dinero. El queretano ha sido centro de espacios noticiosos, donde literalmente lo han crucificado.
No se trata de defender al panista, pero los ataques llevan una obviedad expresa. Son, por supuesto, una estrategia del Gobierno Federal para ‘bajarlo’ del segundo lugar que ocupa en las preferencias electorales y tratar de ‘subir’ al candidato priista José Antonio Meade, que sigue en el tercer sitio en todos los sondeos conocidos. Desde ayer, en muchos espacios de análisis ya se afirma que la coalición partidista que lo postula, “Por México al Frente”, estaría analizando la idea de un candidato sustituto para el 30 de marzo, cuando comienza formalmente la campaña.
Ese Plan “B” sería el exsenador y exsecretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, un panista de vieja cepa y que en el 2006 intentó buscar la candidatura presidencial, pero fue superado por Felipe Calderón. De acuerdo a la percepción de algunos, Creel Miranda lograría cohesionar al panismo disperso y blindarlo de más ataques judiciales. Es una elucubración, pero en política nada hay que dejar al aire.
No obstante, hay quienes aseguran que la persecución judicial contra Anaya, que tiene un escarnio evidente, podría tener un resultado contrario, convertirlo en víctima -si es que no lo llegan a procesar, cosa que hasta el momento no han hecho- y catapultarlo en el ánimo del electorado. Si la PGR no logra procesarlo en el siguiente par de semanas, Anaya saldría avante con el discurso de ser perseguido del régimen.
