Orizaba.- Ante la gravedad que impera en la entidad veracruzana, debido a que son más de 3 mil 500 personas desaparecidas sólo oficialmente, el aspirante a la presidencia de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Guillermo Gutiérrez Romero, indicó que esperan que la siguiente Administración sea más sensible.
Refirió que dichas cifras colocan al Estado en el segundo lugar de denuncias por desaparición de personas, es decir, por debajo de Guerrero, e informó que son miles de casos en el País, lo que calificó como un problema mayúsculo, por lo que el objetivo de su trabajo es apoyar a las comisiones estatales de búsqueda.
Añadió que esperan tener un banco nacional de registro de ADN, con lo que se coordinará el trabajo respecto de esta área, con el fin de que las familias sean notificadas de las novedades que surjan.
Aseguró que es de suma importancia que las familias participen en la búsqueda, así como organismos nacionales e internacionales, expresó que para este año esperan 400 millones de pesos, para la búsqueda a nivel estatal.
Indicó que para una atención y respuesta adecuada se requiere de equipo de primer nivel, para tener, por ejemplo, dispositivos que puedan efectuar el rastreo en dos o tres metros bajo tierra.
DE unos 50 MIL
MENORES SÓLO
RECUPERAN EL 5%
Por su parte, Víctor Arturo Gutiérrez, delegado estatal de la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos, enfatizó que son 50 mil menores de edad los que anualmente desaparecen en México, de los cuales 5% son recuperados.
“En promedio, 60% de niños robados y desaparecidos es por sustracción de algún familiar, el 40% por razones desconocidas”.
Al respecto, la Fundación mantiene campañas permanentes de prevención de ese ilícito, la idea, dijo, es crear cultura entre sociedad y padres de familia, para evitar que el delito crezca, en coordinación con varias instituciones.
“Es una cifra preocupante y si se distribuye por estados refleja una realidad aterradora”, reconoció.
Asimismo, respecto a la sustracción y tráfico de órganos dijo que no se sabe mucho, “posiblemente se trate de un mercado negro”. En 2017 la delegación estatal de la Fundación registró 20 solicitudes de atención a familiares, de los cuales en el 70% de los casos el menor regresó a su hogar.
