Toda iniciativa presentada para modificar las condiciones financieras actuales enfrentará resistencias, dudas y críticas. Un gobierno fuerte, con perspectiva amplia para reactivar el desarrollo nacional, tendrá que enfrentarlas y vencerlas. El pasado martes la Cámara de Diputados aprobó el paquete financiero que el Gobierno de la República envió. Entre las preguntas más recurrentes al momento de analizarlo surge la más contundente: ¿qué beneficio trae para la gente?
Uno de los temas fundamentales de la reforma es generar mejores y mayores oportunidades de crédito para las personas y los negocios. Tan sólo en 2011 el Fondo Monetario Internacional (FMI-Encuesta de Acceso Financiero) realizó un estudio donde observó que en México el crédito otorgado representaba 19% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en Brasil era de 40%; las diferencias continúan y se extienden hasta el día de hoy: en Brasil representa 50%, en México es apenas de 26 por ciento. Es decir, la capacidad del crédito en México es baja y representa un gran peso para los sujetos del crédito debido a normas desventajosas.
En México las pequeñas y medianas empresas (pymes) proporcionan 72% de los empleos y generan 52% del PIB. No obstante, sólo 2% de ellas tienen acceso al crédito. Si consideramos que dan empleo a un alto número de personas con secundaria terminada (31%) y con bachillerato o carrera trunca (26%), el problema es evidente.
El paquete financiero, aprobado el pasado martes en la Cámara de Diputados, busca ampliar la base de sujetos de crédito y también fortalecer con normas muy claras los derechos de los usuarios. Todos hemos sido testigos o hemos vivido personalmente las condiciones de “usura” con que algunas instituciones bancarias manejan el otorgamiento de los créditos y, peor aún, la forma en que presionan y acosan a los usuarios con diferendos.
Con apenas 14 años de edad, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), creada luego de las crisis de 1994 y 1995, tiene como objetivo generar una educación financiera para orientar o asesorar a los usuarios de los servicios financieros, tan sólo durante el primer semestre del año registró 53 mil 19 quejas (11 mil 930 relacionadas con Banamex, ocho mil 874 con Bancomer, cuatro mil 573 con el Buró de Crédito, y tres mil 81 con Santander), fundamentalmente con denuncias sobre consumos no reconocidos en tarjetas, desacuerdo con los registros contenidos en el reporte de crédito, gestión de cobranza, cargos no reconocidos en cuentas, etcétera.
Sin embargo, las facultades de la institución se encontraban acotadas impidiéndole ser un agente más activo en la defensa de los usuarios, sobre todo para sancionar a las instituciones financieras que incumplen sus obligaciones con los usuarios, que no brinden información clara y transparencia sobre los servicios y mantengan cláusulas que violan los derechos de los usuarios.
Las modificaciones aprobadas le otorgan mayores facultades a la Condusef y a los usuarios mayor certeza jurídica. Ahora, la institución tendrá un buró de entidades financieras donde el usuario revise las quejas (y tiempo de resolución) sobre la institución a donde quiera acudir; habrá mayores penas para los bancos que no cumplan con los esquemas e informes en los procesos de conciliación y la Condusef —al emitir un dictamen— podrá comprobar que hay obligación líquida, válida, cierta y exigible.
El conjunto de reformas financieras aprobadas (13 leyes reformadas) intenta reactivar la economía y conjugar dos temas básicos: la defensa de los derechos de los usuarios y el fortalecimiento de los organismos de intermediación y de las organizaciones auxiliares de crédito, y la posibilidad de ampliar la base de crédito con mejores condiciones para los solicitantes.
Sin lugar a dudas, en el Senado de la República habrá un análisis minucioso y un debate profundo sobre las ventajas y desventajas de estas reformas, pero lo que queda claro es que todos deseamos que los cambios sirvan para apoyar a las pequeñas empresas que verdaderamente generen empleos y en un futuro no lejano logremos sustituir los programas de dádivas en mejores condiciones de seguridad social, combate a la pobreza y desigualdad social.
*Maestra en derecho constitucional por la UNAM
ruthzavaletas@hotmail.com
