Definir una propuesta en la que converjan los intereses de las principales fuerzas políticas requiere tener claro el objetivo final. Lejos de pensar que cualquier resultado que se lograre es la consecuencia del acto de ceder en una negociación, debe prevalecer la convicción de construir un proyecto que velará por los intereses de las actuales y futuras generaciones de mexicanos.
El papel del Estado democrático mexicano, al que recientemente (el presidente Enrique) Peña Nieto hizo referencia, debe definirse por las circunstancias históricas, bajo las cuales las instituciones, las sociedades y una identidad se han construido y legitimado: un Estado en el que no existen, como Peña señala, inercias ni resistencias, sino, más bien, una identidad.
Bajo este contexto deben delinearse, por lo tanto, las transformaciones que el país actualmente necesita. Como obvia consecuencia debemos alejarnos de la búsqueda, tanto de intereses parciales como de beneficios para actores políticos.
Precisar una propuesta de reforma energética en la que puedan converger el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), asumiendo que los objetivos deberán ir más allá de abastecer de manera suficiente, de calidad y continua de energéticos de manera sustentable, deberá ordenarse bajo los siguientes ejes rectores, que son en los que existen actualmente coincidencia: 1) erradicar la corrupción en todos los niveles del sector y la administración pública; 2) transparentar los procesos, decisiones y actividades; 3) incrementar la eficiencia en la toma de decisiones y en los procesos; 4) despetrolizar las finanzas públicas, 5) brindar los beneficios a la población mexicana.
A partir de dichos principios derivará sin dificultad el aumento de la inversión pública, reducciones fiscales, entre otros, en el sector energético, que traerá consigo un efecto multiplicador que impactará de manera positiva distintas áreas de la economía, en el que se maximizará el beneficio de todos y cada uno de los mexicanos.
Nos encontramos delante de un gran reto, ante el cual no podemos decir que la mejor manera de enfrentarlo es entregándolo al mejor postor o privatizarlo, que es lo mismo. No debemos subestimar la capacidad de las instituciones que han mantenido no menos que un tercio del gasto del Gobierno que ha destinado a salud, educación, infraestructura, programas sociales, incluso a derroches.
Las propuestas de reforma constitucional en materia energética hasta ahora presentadas, a mi parecer, son pesimistas, pues sólo envían la señal de que las mismas fuerzas políticas consideran que el Estado no es un actor lo suficientemente capaz ni eficiente para poder lograr el desarrollo del país o de incrementar la seguridad energética.
Por el contrario, desde el PRD hemos planteado que la reforma debe tener la finalidad de reconstruir las instituciones y dinamizar nuevos procesos económicos y sociales. Por el contrario, la intención es de mejorar y enmendar: la reforma debe buscar fortalecer al Estado democrático, a nuestras instituciones, a nuestra identidad.
Es necesario que las utilidades del sector energético permita un intenso financiamiento de áreas de la administración pública como educación, salud, seguridad social, desarrollo social e infraestructura. De esta forma, se generaría un círculo virtuoso, en el que se recuperen los sectores más deprimidos de la economía y las personas con menos oportunidades. Además, el sector privado podrá encontrar mejores oportunidades para invertir y generar empleos con energía a menor costo.
Para ello, considero se requiere simplemente de una verdadera voluntad política, en la que se limite el alcance de los intereses que pretenden saquear los recursos energéticos. Estamos a tiempo de demostrar que podemos seguir construyendo un Estado fuerte, donde la razón de cuantos gobiernan radique en el bien común, y en el que deba entenderse que no puede construir un futuro si no se reconoce un pasado.
*DIPUTADO DEL PRD
