Córdoba.- Jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la región Córdoba-Orizaba, interpondrán a partir del lunes 12, más de 200 amparos individuales para impedir se les aplique la Unidad de Medida de Actualización (UMA) en el pago de sus pensiones. Aseguran que es una violación a la propia Ley del Instituto, además de un “golpe bajo” del Gobierno que busca desviar recursos a las campañas electorales.
Ayer, un grupo de jubilados se manifestó por segunda ocasión afuera de las instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del ISSSTE en Córdoba y de forma simultánea en otras partes del País.
Sin afectar la atención médica a los usuarios, los representantes Ramón Morales y Julia Ramírez Zavaleta, explicaron que de acuerdo al Índice Nacional de Precios (INP) los jubilados tenían la promesa de un incremento en el pago de la pensión del 6.77 por ciento.
Sin embargo, jamás se les informó que con dicho aumento no se les pagaría el mes de enero, además de que el retroactivo sería calculado en UMA en lugar de salarios mínimos, reflejando apenas 10 pesos con 20 centavos de incremento en pensiones del concepto 01 -lo máximo pagado de retroactivo a enero fueron 483 pesos, cuando esperaban hasta mil 499 pesos-.
En algunos casos, en el pago de la pensión de febrero cobraron hasta 800 pesos menos de la habitual.
Ambos entrevistados, insistieron que se trata de una violación a sus derechos, así como a la propia Ley del ISSSTE, la cual en su Artículo 8° refiere pagos en salarios mínimos acorde con el INP. Ante esto, se ha convocados a los afectados a presentar un amparo ante el Consejo de la Judicatura Federal para exigir no se aplique la UMA en sus pensiones.
Recordaron que previo a la puesta en marcha de la Universalización de los Servicios de Salud, el cuadro básico de medicamentos ha sido reducido, además en las clínicas y hospitales está “contado” para el control de enfermedades crónico degenerativas y terminales.
En algunos casos, deben ser los pacientes quienes los adquieran a un costo superior a los 3 mil pesos, que con la reducción de pensiones se considera casi imposible.
A la par de la presentación de los amparos, se mantendrá la colecta de firmas que se presentarán ante el Congreso del Estado a fin solicitar el pago justo de sus pensiones.
