Córdoba.- Un verdadero ‘cochinero’ dejó la Administración de Tomás@elalcahuetedePortillayLavín, principalmente en el renglón de gasto y Obras Públicas, por lo que tendrá que hacer caso al citatorio de la Contraloría Municipal, junto con ocho de sus exfuncionarios, que fueron señalados como los responsables de las acciones observadas durante la auditoría llevada a cabo.
El despacho Ingrid Tapia, AC, de la Ciudad de México, destinó ocho auditores especializados para la revisión de la documentación relacionada con la entrega-recepción, y durante todo el mes de enero auditaron los expedientes relacionados con nueve áreas de la Administración Pública, encontrando faltantes, inconsistencias y otras irregularidades en el área de inversion, particularmente en el tema de Obras Públicas.
Son 22 las obras que se quedaron sin completar, algunas de ellas provocando problemas muy serios para la ciudad, como el caso de dos mercados, y la ampliación de banquetas en la zona comercial de la ciudad. Pero lo más serio es que hay expedientes incompletos, y hay algunos que ni el proyecto tienen, mucho menos la documentación relacionada con pagos anticipados, pues hay proyectos de obra que se pagaron completos sin que estuvieran finiquitados los trabajos.
Además de los funcionarios públicos involucrados en estas anomalías, la Contraloría también citará a algunos particulares, quienes a través de “fundaciones” y Asociaciones Civiles operaron inmuebles y proyectos institucionales sin rendir cuentas claras a la autoridad municipal. Es el caso de observaciones detectadas relacionadas con el manejo de Toxpan y el auditorio de la Esbao.
Durante la sesión de Cabildo efectuada ayer, la Contralora y un representante del Despacho contratado para la auditoría de la entrega-recepción, rindieron su informe y se leyó el dictamen de resultados obtenido, luego de la revisión a lo entregado por la Administración Pública 2014-2017.
Israel Pérez, encargado del Despacho de Auditores, explicó a los ediles la gravedad de las inconsistencias que encontraron en distintas áreas. Dijo que la pasada Administración dejó sin resolver 60 juicios de todo tipo en contra del Ayuntamiento, desde laborales, de amparo y penales, “la más preocupante es la orden de un Juez para una posible destitución del Cabildo, derivado de una obra que se llevó a cabo en perjuicio de dos gasolineras”.
Abundó también que la exHacienda de San Francisco Toxpan, administrada por Martha Sahagún, “no fue entregada a la Administración, pese a ser un bien municipal, y en el informe financiero el Patronato presidido por Sahagún sólo reportó haber captado 70 mil pesos anuales, lo cual no es creíble”.
En cuanto a Obra Pública, a pesar de tantos trabajos inconclusos, las reportaron pagadas al 100 por ciento, y en la mayoría los expedientes están incompletos, ocasionando un daño para el erario, los ciudadanos y contratistas.
Dijo también que la Ley obligaba a la Administración saliente a no contratar más personal a partir del 25 de junio pasado, y en el área de Recursos Humanos, 35 personas fueron ingresadas a la nómina de manera ilegal, pues sus contratos fueron realizados después de esa fecha.
En cuanto a los bienes inmuebles, existe un faltante de más de 600 mil pesos, y con respecto al inventario, se presume que podría haber pérdidas por más de 100 millones de pesos.
En la operación del Ramo 33 se firmaron cheques por obras no realizadas, pero Tomás no entregó los cheques a los auditores en tiempo y forma. “Algunos de ellos apenas nos los entregaron”, explicó Israel Pérez.
Por todo lo anterior, y con fundamento en el Artículo 26 de la Ley Número 336 para Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, y el Artículo 190 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, se citará en los próximos cinco días a 9 exfuncionarios municipales para que subsanen las observaciones correspondientes. De no hacerlo, se procederá a denunciar penalmente a los responsables.
También, se dio a conocer que luego de esta revisión, la Ley otorga un año completo a la actual Administración para llevar a cabo auditorías específicas, que podrían arrojar más irregularidades.
Durante la sesión de Cabildo no se aportaron los nombres de los exfuncionarios involucrados en estas irregularidades, aunque luego, en entrevista, la Presidenta Municipal Leticia López Landero señaló que entre estas nueve personas se encuentran los extitulares de Patrimonio Municipal, Presidencia, Sindicatura, Obras Públicas, Recursos Humanos, Recursos Materiales y el Tesorero.
