GUERRERO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 71/2017 al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo y al fiscal general del Estado, Javier Ignacio Olea, por el fallecimiento de ocho recién nacidos contagiados por bacterias y por 18 meses de inactividad en la investigación de este caso.
El organismo nacional defensor de los Derechos Humanos especificó que no hubo suficiencia de medidas sanitarias, infraestructura y equipamiento para la atención de recién nacidos prematuros en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense en Tlapa, lo que provocó la muerte de los bebés.
Detalló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que los hechos se dieron en un hospital de Guerrero en 2015, debido a que el área de cuidados intensivos estaba inhabilitada por una obra que no pudo ser concluida por falta de presupuesto.
Explicó que por tratarse de un asunto que por su gravedad trascendió, este organis-mo nacional atrajo el caso sobre el expedien-te de queja integrado por la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, evidenciando en ese estudio la reiteración de prácticas en negligencia en partos prematuros.
Con ello, el hospital no garantizó el derecho a la protección a la misma y a la vida de niñas y niños víctimas del contagio, todo de acuerdo con un comunicado detallado de la CNDH.
El personal médico manifestó no haber encontrado espacio en otros hospitales para el traslado de los bebés, pero no existe constancia de dichas solicitudes.
Tras lo ocurrido, la Fiscalía General y el Gobierno Estatal mantuvieron 18 meses inactiva la investigación del caso, lo que violenta el derecho de acceso a la justicia de las madres y padres de los menores de edad desde hace tiempo.
