Preocupa que dos de las reformas más importantes para el avance de la nación se encuentren comprometidas y a merced de bandoleros por el miedo que el gobierno le tiene a su propio pueblo.
El panorama al que se enfrenta el renovado PRI en el poder es sin duda complicado. Nadie lo niega. Se juntan el decrecimiento económico y la violencia que subyuga a varias regiones de la República.
Se requiere un gobierno muy valiente para contrarrestar la tolerancia y condescendencia con que algunos partidos de la izquierda tratan a cualquier movilización de huestes, aunque sean notoriamente anarquistas. Parece que el gobierno ha decidido evitar todo choque que hiera su imagen de pacífico conciliador. Lo que más evita es que se le tache de violento, de caer en la ruta de muertes que tanto criticó y que se ve obligado a repetir y acrecentar.
Ahora el PRI y el PRD se combinaron para que un ala ultrarradical del magisterio impidiera que se discutiera en el Congreso la Ley General de Servicio Profesional Educativo, uno de los elementos más cruciales, fundamentales de la aprobada reforma educativa.
Es indispensable que la reforma educativa salga adelante con las leyes reglamentarias que la harán eficaz. Un país sin una población educada y disciplinada no tiene otro futuro que seguir sujeto a decisiones ajenas.
Pero la reforma educativa, aun la mejor, no es suficiente si no completamos el cuadro con otras indispensables. Las tensiones sociales se están acumulando a medida que se confirma que no bastarán, por mucho que se haga, las reformas económicas.
Los bloqueos y destrozos de la CNTE anuncian su intención de aplicarlas de nuevo cuando llegue el momento de discutir la reforma energética. Intentarán detener con su brutal asambleísmo callejero el análisis parlamentario que requieren las propuestas de reforma. No se responde a este reto con las admisiones sumisas de algunos funcionarios sobre los atrasos en la solución de viejas injusticias sociales que se han enquistado en nuestro cuerpo colectivo. Esa contrición oficial no viene al caso, igual cuando se pide perdón.
A dicha culpabilidad sigue luego la publicidad que adorna a la reforma energética con especular importancia mediática de promesas de bajas en precios de insumos eléctricos y de gas, o de impresionantes olas de nuevos empleos, muchos más de los que pueda dar todo el sector petrolero y sus derivados. Se disimula el periodo de dos, tres o más años que tardarán los ajustes en rendir frutos a nivel general. El empleo de los cientos de miles de brazos desocupados tardará, así como también tardará convertir en ocupación formal la proliferación de las míseras actividades callejeras o el reclutamiento que ofrece el crimen organizado.
La difícil coyuntura internacional no facilita reformas estructurales, sino que las hace más urgentes. La reforma educativa, inaplazable, se traba. La reforma energética, sin duda indispensable, es sólo una parte del esquema total de ajustes. La amarga reforma fiscal, inevitable, de impactos imprevisibles, completa el cuadro.
Lo que está sucediendo en la capital de la República, donde turbas de sedicentes maestros rompen y destrozan la operación de los engranajes legislativos, es anuncio inequívoco del desorden todavía mayor que podría estallar cuando toque su turno a los ajustes fiscales con repercusiones en la economía popular. Las fuerzas sociales que debieran contribuir a soluciones acobardarán a quienes deberían sujetarlos al orden.
La falta de una enérgica respuesta de las autoridades al reto que oponen las fuerzas del desorden antidemocrático no tranquiliza, sino alarma a la ciudadanía y acrecienta la impaciencia popular que espera que el derecho democrático de los partidos de proponer reformas cuidadosamente formuladas sea dignamente defendido por las instituciones con que el país cuenta para este fin.
*Consultor
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