La reforma educativa ha sido descarrilada por quienes, hace ocho meses, la anunciaron como la primogénita consentida del Pacto por México.
Al presentar la iniciativa, el 10 de diciembre, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, definió que los cambios a los artículos 3 y 73 de la Constitución buscaban recuperar la rectoría del Estado sobre los servicios que administra y presta la SEP.
Asombrados, atestiguamos cómo los dirigentes del PAN,Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano, hicieron suya aquella expectativa.
El acuerdo cupular pronto encontró eco en legisladores de la oposición que hablaron de la necesidad de sacar adelante las modificaciones para quitarle al sindicato magisterial el control de las contrataciones y ascensos.
El presidente Enrique Peña, dijeron los firmantes del Pacto, cumplía su palabra, pese a que la reforma lo llevaría a una inevitable ruptura con Elba Esther Gordillo, líder vitalicia del SNTE, vista entonces como su aliada y amiga.
Recuerdo la tarde del jueves 29 de noviembre. Nadie en San Lázaro quería soltar prenda sobre las negociaciones del Pacto que se suscribiría el domingo 2 de diciembre.
“Es un acuerdo para garantizar la evaluación educativa y la apertura en serio en telecomunicaciones”, nos comentó escueto el vicecoordinador de la bancada blanquiazul, Jorge Villalobos.
Miguel Alonso Raya, vicecoordinador de los perredistas, declaró que la idea era formular el Pacto de la Moncloa a la mexicana y, por fin, empujar las transformaciones postergadas en educación por la complicidad de los últimos gobiernos con el SNTE.
Por eso, nos dijo el ex líder magisterial, el PRD firmaría ese acuerdo con Peña.
Dos semanas después, con las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, llegó el presunto milagro: los diputados sacaron adelante el dictamen de la reforma.
“Es una victoria cultural del PAN”, evaluó la noche del 12 de diciembre el diputado Fernando Rodríguez Doval.
En una de las mejores explicaciones que recibimos en aquella inédita coyuntura, el diputado del PRD Fernando Zárate comentó que gracias al Pacto se impulsarían reformas en las que todos los componentes del Estado sumaban su fuerza para desmontar poderes fácticos y compartir el costo de enfrentarlos, una tarea que calificó de imposible, si el gobierno iba solo.
Antes de Navidad, la reforma recibió el aval de ambas Cámaras. El no vino del PT, de Movimiento Ciudadano y de los perredistas radicales. Pero más de 60% de los legisladores del PRD respaldaron el cambio.
Ese 22 de diciembre, Elba Esther advirtió que, dispuesta a morir como guerrera, se movilizaría en contra de las consecuencias laborales de la evaluación.
Encarcelada desde marzo, la ex dirigente sindical ya no pudo concretar el amago. Y sus diputados de Nueva Alianza nunca más volvieron a quejarse del señalamiento constitucional que condiciona la permanencia de los profesores a la demostración de sus capacidades docentes.
La SNTE acalló el rechazo que sería público, masivo y nacional un día después de la detención de Gordillo. Pero la disidencia sindical, la CNTE, tomó su lugar y —con los mismos argumentos de La Maestra, ahora presa— doblegó a los pactistas, orillándolos a retirar de la agenda parlamentaria el dictamen de la ley secundaria que contiene las reglas para crear un servicio profesional docente sustentado en la evaluación periódica y obligatoria de los profesores.
Sí, esa es la dimensión de lo sucedido en las últimas horas: la resistencia de Elba Esther no se destruyó. Y al paso de los meses, como la materia, aquella amenaza se transformó en la piedra con la que ha tropezado el gobierno de Peña, su titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y de la SEP,Emilio Chuayffet. Pero también los firmantes del Pacto.
Aquella demanda que el Presidente y los pactistas le negaron en diciembre a Gordillo, eliminar de la reforma el condicionamiento de la evaluación a la permanencia de los docentes, le fue concedida a la CNTE la madrugada de este miércoles, cuando por “instrucciones superiores”, los diputados del PRI Manlio Fabio Beltrones, líder de la bancada, y Francisco Arroyo, presidente de la Cámara, operaron para borrar de su gaceta el dictamen que con malabares, también por “instrucciones superiores”, habían aprobado el lunes.
“La culpa es del Pacto”, señalaron algunos priistas, en referencia a la presión que Jesús Zambrano ejerció en la mesa de negociaciones para concederle razón a sus huestes magisteriales.
Los panistas aseguran que falló el gobierno de Peña y sus operadores porque cedieron en el corazón de la reforma y en el resguardo de los recintos legislativos, bloqueados por la CNTE.
Lejos de atemperar a los rijosos y violentos inconformes, el PRD azuzó sus manifestaciones y ahora responsabiliza a la SEP, al PRI y al PAN por forzar una ley secundaria sin consenso social.
El diversificado reparto de culpas alivia a unos y otros. Y al final alguna de las narrativas se impondrá generando vencedores y vencidos.
Pero eso, ya no importa. Porque lo único cierto es que el atropellamiento de la primogénita del Pacto ha dejado al descubierto la incapacidad de sus firmantes para enfrentar a los pomposamente llamados poderes fácticos. Y qué decir del espejismo de repartir los costos.
La reforma educativa está herida de muerte por culpa de sus padres, a punto de convertirse en parricidas.
