Terminó el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Quedará marcado por lo que se agendó y ni siquiera se debatió: la obligación de evaluar a los maestros para su permanencia en las aulas (Ley de Servicio Profesional Docente).
Sus resultados encierran una paradoja; se aprobó la creación de un Instituto Nacional de Evaluación Educativa pero, hoy por hoy, no se puede evaluar a los maestros.
Las presiones callejeras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no sólo se le atravesaron a la modernización de la educación, sino que obligaron a los legisladores a sesionar fuera de sus respectivos recintos parlamentarios.
El Centro Banamex se transformó el día de ayer en un caótico Palacio Legislativo. No está acondicionado para las actividades parlamentarias. Las irónicas palabras deErnesto Cordero dan una idea del escenario: “Mi última sesión como presidente de la Mesa Directiva del Senado es en un salón de quinceañera y con unas sillas horribles”, dijo.
Los legisladores comenzaron tardísimo las sesiones. Citaron a las dos de la tarde. Comenzaron cinco horas después. Los senadores del PRD no querían sesionar en la sede alterna. Llegaron a regañadientes. Algunos andaban mal y de malas. Para colmo, a la senadora Alejandra Barrales le volaron su celular.
En otra sala sesionaron los diputados. Tenían menos trabajo. Sólo esperaban el addendum a la ley de transparencia para revisarlo y votarlo. Al final se aprobó.
Es comprensible el hecho de que no se haya destacado que los maestros de la Coordinadora compraron tambos de gasolina la víspera de la apertura del extraordinario. No quisieron alarmar a la población. No hay duda de que era materia prima para la fabricación de bombas molotov.
Los maestros estaban dispuestos a todo para evitar que la evaluación fuera legislada. Hoy nos juran que la ley será retomada en el periodo ordinario que empieza en septiembre. La Coordinadora no bajará la guardia y regresará al Congreso cuando esto suceda. Délo por sentado.
Una pregunta corría ayer por los pasillos del Centro Banamex. ¿Quién financia a los maestros? Sabemos que las autoridades locales y federales estaban informadas de este hecho que fue determinante para que se decidiera no forzar la entrada de los diputados a San Lázaro, la mañana del miércoles.
El diputado del PRD José Ángel Ávila, ex secretario de Gobierno del DF, es de los que están de acuerdo con la decisión de sacar la controvertida ley del periodo extraordinario. “Es la ruta más segura para desinflar el conflicto; la otra era aplicar el garrote. Llevar a la policía y el Ejército no ayuda a nadie”, advirtió.
Le preguntamos si con el retiro de la ley para evaluar a los maestros no se está mandando el mensaje equivocado a grupos radicales. “Es un dilema permanente, siempre estará allí”, repuso.
Muy diferente es la opinión del diputado priista Jorge Herrera, secretario de la Comisión de Educación. Está convencido de que cada día que pasa sin la Ley de Servicio Profesional Docente los legisladores “quedan mal” frente a la sociedad, que espera respuestas a este problema.
Otras leyes aprobadas en el singular periodo fueron la Ley General de Educación, la de Disciplina Financiera en Estados y Municipios, la homologación del Registro Público de la Propiedad.
Mención especial merecen las reformas constitucionales en materia de transparencia. El PRI tuvo que dar reversa en su intención de que las resoluciones del IFAI pudieran ser atacadas por la PGR, la CNDH, el Banco de México. Sólo quedó una excepción: el consejero jurídico de la Presidencia sí podrá hacerlo por causas seguridad nacional.
Los tricolores, sin embargo, lograron su propósito de dejar la puerta abierta al relevo de los cinco comisionados. Se estableció un mecanismo para que se sometan a un proceso de ratificación en el Senado.
Francisco Arroyo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, nos dice que Ernesto Cordero, su homólogo en el Senado, es “una diva”.
Jura que el panista lo obligó a “darle satisfacciones” —pedirle una disculpa— por no haber confirmado el pasado miércoles que los diputados habían acordado sesionar en la Cámara alta ante la imposibilidad de hacerlo en San Lázaro.
“Le dije (a Cordero) que si para cumplir con mi deber constitucional eso era necesario, no sólo le pedía una disculpa, sino que le pedía perdón”, aseguró el guanajuatense.
Arroyo dejó entrever que lo que más le molestó es que el panista estuviera comiendo tranquilamente en Cuchilleros (un restaurante pegado a la Cámara de Senadores) cuando los diputados ya iban en los autobuses rumbo al cruce de Reforma e Insurgentes para abrir la sesión.
La versión de Cordero es otra. Sí estaba en Cuchilleros conMiguel Barbosa. Sí supo en la mañana, por boca de Arroyo, que existía la posibilidad de que la sesión del Congreso General se realizara en el Senado, pero Arroyo lo confirmó ya muy tarde.
Los términos de la disculpa, según colaboradores del panista, fueron radicalmente distintos. El priista le pidió perdón por no haber corrido la cortesía de avisarle con tiempo que la sesión del Congreso General sería en el Senado. Juran que Arroyo le explicó que las presiones derivadas de la difícil situación provocaron que olvidara la confirmación.
El priista Arroyo sacó su teléfono celular. Buscó las llamadas que le hizo el miércoles a Cordero. Mostró la pantalla para demostrar que no mentía. Contamos nueve. La primera fue en la mañana. A las 11:41 horas. El resto fueron en la tarde: 16:02, 16:19, 17:42, 17:44, 17:45, 17:46, 18:11 y la última a las 18:19 horas. ¿Sería porque no le contestaba? Los corderistas dicen que no.
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