Fortín.- Una inhabilitación de sus cargos, sería la sanción que los regidores de oposición esperaban a raíz de la notificación sobre dicha pena administrativa para el síndico Efrén Lara Martínez y el regidor primero Diego Alberto Mendoza Nava, quienes tras la decisión del Cabildo de imponerles solamente “un regaño”, piensan denunciar al Congreso o penalmente a los demás ediles que votaron a favor por encubrir estas irregularidades.
Bajo el argumento de que es mayor a cien salarios mínimos el desvío de recursos, en los que tienen cierta responsabilidad el síndico y el regidor primero por firmar cada uno las órdenes de salida de dinero.
Los regidores ya piensan denunciar el que no se haya tenido una sanción coherente hacia estos ediles y tomando solamente la recomendación de la Contraloría interna sobre aplicarles una “amonestación de forma privada”.
Dicha resolución se realizó durante la quincuagésima sexta sesión de Cabildo extraordinaria, la cual se tipificó como sesión “secreta” y no fue pública, misma en la que el contralor interno del Ayuntamiento, Mario López Sánchez notificó al Cabildo sobre dicha sanción al síndico y al regidor primero, ante su presunta responsabilidad como encargados de la comisión de Hacienda, por el desvió de recursos de 39.2 millones de pesos de la cuenta pública 2011, así como de las irregularidades detectadas durante la auditoría hecha en el 2012 en el primer semestre del año.
Durante esta sesión “secreta” efectuada el miércoles a las 15:00 horas, se resolvió sobre la sanción que deberían de tener estos dos ediles bajo recomendación de Contraloría y por ordenamiento del Órgano de Fiscalización Superior, siendo una “amonestación de forma privada”, la cual se traduce a un regaño u observación verbal, para lo cual los ediles en votación económica la mayoría voto a favor y sólo dos se mostraron en contra, por lo que se aplicará solamente dicha llamada de atención.
Al respecto el Regidor segundo, Pedro Martínez Olivares y el Regidor cuarto, Antonio Ramírez Hernández, indicaron no estar de acuerdo por esta sanción, pues debido al monto del daño patrimonial era necesario que se sancionara de otra manera siendo una de ellas la inhabilitación del cargo a ambos.
Martínez Olivares, aseguró que tal decisión de los demás ediles es risible, pues en primera instancia participaron en la votación los dos implicados y consideró que hubo cierta coacción con el regidor tercero y quinto que votaron a favor.
Además indicó que según la ley al haber rebasado los cien salarios mínimos el presunto daño patrimonial, la sanción debería de ser mayor, pues la “amonestación privada” es para aquellas irregularidades que tengan un daño patrimonial de menor a 100 salarios mínimos, es decir menos de 6 mil 500 pesos aproximadamente.
Mauricio Láinez Vázquez
El Buen Tono
