Córdoba.- Por la quema de documentos del Ayuntamiento, el abogado Juan Carlos Fernández Zulueta presentó la denuncia de hechos constitutivos de un delito en contra de Tomás@elalcahuetedePortillayLavín en su calidad de Presidente Municipal, así como de Rodolfo de Gasperín, secretario del Ayuntamiento; Teresa Jáuregui, contralora; José Antonio García, tesorero; La Candidata Perdedora Sahagún, directora de Desarrollo Social y Celso Galán Chama, encargado de la Biblioteca Municipal de la comunidad de El Bajío y en contra de quienes resulten responsables por los hechos.
A raíz de la publicación de EL BUEN TONO, el pasado 2 de diciembre, en que dio a conocer la destrucción de la papelería oficial del área de Tesorería, Desarrollo Social y Educación, de la actual como de las anteriores administraciones, el día de ayer se procedió a realizar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
El litigante explicó que según como lo establece la Ley Orgánica del Municipio Libre en su Artículo 69, el responsable del Archivo Municipal es el Secretario del Ayuntamiento.
En la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, número 144 del día 2 de mayo de 2008, se publicaron los lineamientos para catalogar, clasificar y conservar los documentos y la organización de los archivos expedidos por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), como obligatoriedad -a partir de esa fecha- para todos los entes públicos. En su numeral 22, establece que los sujetos responsables del Archivo o concentración, deben solicitar al Archivo General del Estado un examen de valoración para determinar el destino final de los documentos, además de que deberán digitalizarse y publicarse en el sitio web.
Ante el silencio de las autoridades municipales, se da por entendido que el Ayuntamiento, por la destrucción de estos documentos no levantó ningún acta ni pidió permiso al Archivo General.
Aun contando el permiso, debieron haberlos conservado por lo menos cinco años; por ello, dentro de la denuncia se pide a la Fiscalía que solicite al IVAI si se cuenta o no con la autorización para la destrucción de los documentos.
