Córdoba.- Autoridades municipales desconocen las leyes que aseguran estar cumpliendo.
De acuerdo con las modificaciones a la Ley de Entrega-Recepción para el Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, el proceso de los asuntos y recursos públicos por cambio de Administración, se deberá efectuar al término de un período constitucional o mandato legal, sin embargo, durante el proceso deben participar tanto autoridades entrantes como salientes.
Luego de que la alcaldesa electa, Leticia López, manifestó que aún no han sido informados de ningún avance, el secretario del Ayuntamiento, Rodolfo De Gasperín, afirmó que existe un “equipo de trabajo de seguimiento” a cargo de la contralora Teresa Jáuregui, y negó incumplimiento en los términos y temas que la Ley de Fiscalización del Orfis señalan.
En este sentido, dijo que a cada área le corresponde poner en orden su documentación, así como el seguimiento a los temas que pudieran quedar pendientes o no. En el caso de la Secretaría del Ayuntamiento, existen cuatro asuntos en trámite ante la Legislatura, que corresponden a acuerdos de Cabildo, entre los que se encuentran la donación de un predio para el Banco de Alimentos de Córdoba, el Instituto de Planeación y Regulación Urbana Sustentable (Inplus), así como modificaciones a las condiciones de temas como los parabuses, por citar algunos.
Por tanto, afirmó que los términos oficiales para concluir con el proceso vencen hasta el 31 de diciembre del presente año. La entrega legal se deberá hacer y cumplir al 1 de enero, por considerar se trata de fechas “fatales” que establece la Ley.
Según la publicación de las modificaciones al proceso legal, se explica que “para los Ayuntamientos, en los casos de conclusión de un período constitucional, el protocolo de Entrega-Recepción se realizará el día primero de enero en que se instale el nuevo Ayuntamiento, en términos de la Constitución Política Local, esta Ley y los documentos que expida el Congreso del Estado durante el mes de mayo anterior, por conducto de su Secretaría de Fiscalización y del Órgano de Fiscalización Superior”, por lo cual aseguran estar en tiempo y forma.
Al respecto y aunque han manifestado estar dentro de la Ley, al parecer no han considerado que con la modificación se contempla que en “la Entrega-Recepción intervendrán en todos los casos los servidores públicos salientes y entrantes; si no existiera nombramiento o designación inmediata, el servidor público que designe para este efecto el superior jerárquico y al titular o representante del Órgano Interno de Control”, en el entendido que las próximas autoridades están en su derecho a ser convocadas, informadas y partícipes del proceso y seguimiento. Hasta ayer por la tarde, autoridades municipales negaron tener conocimiento de la entrega de algún documento por la próxima Administración Local para dar seguimiento al proceso.
Para conocer mayores detalles, se buscó a la Contralora Municipal, cuya asistente dijo que se encontraba en reunión.
