Por: Andrés Timoteo / columnista
Es muy cierto que Veracruz atraviesa una contingencia en seguridad pública y que la “ola” de violencia se ha intensificado exponencialmente en los últimos meses, como también es cierto que la misma es consecuencia de la ruptura de pactos entre la Administración estatal y el crimen organizado. Es cierto que hay cifras alarmantes, pero también es cierto que a la incidencia delictiva se le hace frente, lo que no sucedía en los dos sexenios anteriores.
La deducción no es complicada: al actual Gobierno Estatal se le podrá cuestionar los resultados en la materia e incluso a los responsables de las áreas implicadas -especialmente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié-, pero no se le puede señalar de ser omiso ni cómplice con la mafia como ocurría en el pasado inmediato. Hoy no hay colusión del Gobernador con el crimen organizado, como la hubo con el innombrable y Javier Duarte, ni la Secretaría de Seguridad Pública, que estuvieron al servicio de los cárteles del narcotráfico.
Eso hay que decirlo porque es una de las ganancias del cambio político decidido por los veracruzanos en las elecciones del año pasado, independientemente de que se paga un costo por haber roto los acuerdos con la delincuencia. Claro, esto no es un consuelo, pero sí un activo en medio de la crisis. ¿Habrá alguien -a excepción de los nostálgicos de la fidelidad- que prefiera que el Mandatario pacte con el crimen organizado, le entregue la Entidad y así “apacigüe” las cifras en Seguridad Pública? No, nadie en su sano juicio querría volver al pasado, a excepción -se repite- de aquellos que añoran los privilegios que les procuraban los exgobernantes.
Pero el tema de la seguridad pública es muy rentable políticamente y sobretodo electoralmente, por eso hoy se ha convertido en el principal ariete mediático contra la actual Administración Estatal. Al panista le quieren cargar la culpa de la violencia, como si él le hubiera abierto las puertas a los cárteles del narcotráfico. Y aún más, algunos quisieran -y hasta exigen- que la Opinión Pública olvide a Duarte y al innombrable, como si la crisis en Veracruz hubiera iniciado apenas hace un año.
La intención es perversa, sin duda, pues se quiere hacer la amalgama de que el cambio político es sinónimo de violencia imparable, y así guiar a la opinión pública a la deducción de que es mejor regresar al pasado. Empero, la terca memoria es la herramienta para desnudar a los convenencieros. Sí, los veracruzanos le deben exigir al Gobernador en funciones que haya eficacia en el combate al hampa. Sí, es magnífico que todos los casos de violencia se ventilen en la prensa, pues hacer hablar -entiéndase: escribir- a quienes antes callaban y hasta distorsionaban la realidad- eso también es otra de las ganancias del cambio político-, pero no hay que morder el anzuelo de los retardatarios. Nunca aceptar que regrese el oscuro pasado es tarea de todos.
LOS SACATONES
El mandatario en funciones sabe que debe pagar un costo político por corregir el desastre heredado en seguridad pública y aunque muchos le pueden endilgar una multitud de adjetivos, no podrán tildarlo de blandengue. Y esto viene al caso por la postura que han adoptado algunos alcaldes electos, principalmente los emanados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quienes se rehúsan a asumir su responsabilidad en la materia, pues tampoco quieren asumir sus costos políticos.
El lunes pasado se realizó la reunión del Grupo Coordinación Veracruz -que reúne a los encargados de las corporaciones policiacas y militares- en Alvarado y a ella estaban convocados los Alcaldes en funciones y electos de aquellos municipios donde fueron desaparecidas las policías locales a fin de discutir la propuesta para crear nuevas corporaciones. La mayoría asistió, pero los faltantes fueron los Ediles electos de Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica, Hipólito Rodríguez Herrero, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, Nicolás Reyes Álvarez y Francisco Javier Velázquez Vallejo, respectivamente.
Todos ellos son militantes de Morena y siguen una estrategia electoral dictada por sus dirigencias Estatal y Nacional de negarse a asumir su tarea en el tema de seguridad, porque entonces tendrán que apechugar los costos que conlleva. Es decir, no quieren tener en sus municipios la Policía Municipal para que la población tampoco les reproche lo que hagan o dejen de hacer por la tranquilidad municipal. Del primero de enero al primero de junio de 2018, cuando se realicen los comicios, habrán transcurrido cinco meses de los nuevos Gobiernos Municipales y los electores podrían castigar los malos resultados en la seguridad municipal.
Eso es lo que quieren evitar los Morenos, que sus gobernados les reprochen a ellos y no al Gobierno Estatal. Además de que asumiendo la responsabilidad de la seguridad municipal se les echará a perder una bandera electoral contra la Administración yunista. Lo que tanto criticaron, ahora lo hacen: explotar electoralmente la crisis de Seguridad Pública, aunque su escapatoria es fatua porque constitucionalmente están obligados a asumir tal responsabilidad.
Ellos intentan evadirse y sacrificar al pueblo en aras del rendimiento electoral, pero no podrán hacerlo porque los artículos 21 y 115 de la Constitución los obligan a hacerse cargo de la seguridad municipal. Ya el mismo Yunes Linares les dio un ultimátum, entregarles la responsabilidad directa de la vigilancia local a partir del primero de enero. Los viejos del pueblo dirían: “a ver si como chiflan, cantan”, porque los Morenos tendrán que demostrar que ellos sí son eficientes en lo que tanto fustigan y que la “esperanza” que pregonan se puede aterrizar en las políticas públicas.
A la reunión del Grupo de Coordinación Veracruz tampoco asistió el alcalde saliente de Xalapa, el priista Américo Zúñiga, y no lo hizo también por estrategia electoral, pues son los umbrales de los comicios y el Edil formará parte de la campaña del senador José Yunes Zorrilla, e involucrarse en un proyecto de seguridad pública le traerá su respectivo costo político, así que prefiere heredar el entuerto a su sucesor, sin importar que a los xalapeños los siga castigando la violencia.
FAKE NEWS
Por cierto, en estos días corre una perla de las famosas “Fake News” (Noticias Falsas) en la prensa militante local, la que se asegura que Yunes Linares habría amenazado a los ediles electos que no asistieron a la reunión del lunes pasado. Les quitará la seguridad en su municipios, dice la noticia Inventada. Es parte del golpeteo desprendido de la nostalgia y la conveniencia porque no existió tal declaración.
Textualmente, el gobernante señaló: el Grupo de Coordinación valorará si ante la inasistencia y falta de compromiso de estas personas, de estos servidores públicos y futuros servidores públicos, decidimos, en reuniones posteriores, entregarles la responsabilidad del manejo de la Seguridad Pública a las personas que tomarán posesión el día primero de enero. De tal manera que, si ellos no acuden a las reuniones a las que son convocados para coordinar los esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno, en esta tarea que es sustantiva, entonces que se hagan cargo directamente de esta responsabilidad”.
Pese a la evidencia, sobre esa “Fake News” se han tejido reacciones de los actores políticos implicados, los cuales cayeron en la trampa de la información inventada o simplemente siguieron el rejuego del engaño. Esa noticia falsa no es fortuita ni producto de un error de titulares o edición, y la opinión pública no debe dejarse envolver, sobre todo considera que los difusores son los mismos que en el pasado reciente ocultaban y alteraban la realidad. ¡Cuidado con ellos porque así hicieron mucho daño a la sociedad a la que le suministraban noticias falsas, con la diferencia que antes eran halagos y cifras alegres!
