Córdoba.- La Ley de Desaparición Forzada debe ir acompañada de “voluntad política” para garantizar resultados, advirtió la organización alemana Kolping en México.
Hace un par de meses se denunció la muerte y desaparición de uno de sus integrantes, sin que a la fecha haya avances del caso; los familiares desconocen inclusive la existencia de una línea de investigación.
De acuerdo con el coordinador regional de la Fundación, Eduardo Romero Tejeda, a casi tres meses del asesinato de Néstor Serafín Ramos, quien era integrante de la organización y fue hallado muerto en la zona de Ixhuatlán del Café, las autoridades no han informado detalles del avance de las investigaciones.
Con la promulgación de esta nueva Ley se prende “una luz de esperanza” al dar la posibilidad de tener resultados, sobre todo en los casos de las personas que viven en comunidades rurales, quienes carecen de los recursos legales y económicos para la defensa de sus derechos, sobre todo al considerar que la recuperación ante un hecho similar es complicada. Al considerar las condiciones de violencia que se viven en el Estado y el País, insistió que es necesario que no sólo se cuente con una Ley en letra, pues se deben atender los procesos laberínticos y el burocratismo que existe dentro de las instituciones, pues el seguimiento y la denuncia de los casos es muy complejo, que impide el acceso a las propias carpetas de investigación.
De forma general, afirmó que se requiere de mucha voluntad política efectiva que sirva para el seguimiento de las leyes y que éstas permitan a su vez que tanto la Procuraduría y la Fiscalía, así como las propias autoridades en sus tres órdenes de Gobierno, tengan claros cuáles son los procedimientos para dar un buen cumplimiento, tomando en cuenta la sobrepoblación actual que existe en los reclusorios.
SANCIONES
Cabe destacar que la Ley contempla la aplicación de penas que van de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días de multa a quien cometa el delito de desaparición forzada, y en el caso de la desaparición cometida por particulares, las sanciones aplicables serán de 25 a 50 años de cárcel y de 4 mil a 8 mil días de multa.
