Amatlán.- El Juzgado Primero de Primera Instancia dictó ayer auto de formal prisión en contra de una mujer acusada del delito de fraude específico, luego de que vendiera un terreno propiedad de su esposo fallecido, el cual posteriormente fue reclamado por los hermanos del finado.
La procesada es María Guadalupe Estela Xochicale Zavaleta, empleada de 57 años, con domicilio en la localidad Monte Blanco, municipio de Fortín, a quien se le instruye la causa penal 089/13 del Juzgado Primero de Primera Instancia como presunta responsable del delito de fraude específico, en agravio de Marina Castillo Gerardo y Aureliano Rivera Castillo.
La denuncia fue interpuesta el 5 de julio de 2012, cuando los agraviados dieron a conocer que la ahora procesada fue esposa de Evencio Castillo Gerardo, pero al morir esta persona en el año 2008, ella promovió un juicio intestamentario ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia, obteniendo de esta forma la propiedad de un predio con una extensión superior a los 11 mil metros cuadrados, ubicado en la congregación El Barreal, el cual había dejado intestado el hoy finado.
La mujer consiguió a su favor el auto declaratorio de herederos, por lo que acudió ante la Notaría pública número 9 para solicitar una escritura, y luego inscribió la propiedad a su nombre ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Córdoba.
Sin embargo, Marina Castillo Gerardo y otros 4 hermanos también promovieron un juicio ante el mismo Juzgado, y al año siguiente, también obtuvieron el auto declaratorio de herederos, por lo que se adjudicaron el mismo terreno.
Posteriormente, ya en igualdad de circunstancias, los hermanos demandaron a la mujer ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, decretándose la nulidad de la escritura que poseía María Guadalupe Estela, por lo que el mismo Juzgado ordenó a la notaría 9 cancelar la escritura y al Registro Público de la Propiedad cancelar el registro de inscripción.
No obstante, la ahora procesada vendió el terreno en $45 mil a su vecino, José Gabriel Aguilar Ramírez, compra-venta que se llevó a cabo por medio de la notaría pública número 11, a cargo del licenciado Francisco Rincón Habib, y posteriormente también quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
Por ello, el comprador del terreno, así como los titulares de la notaría y la dependencia gubernamental también fueron denunciados.
Una vez que la denuncia fue turnada ante el Juzgado, y fue girada la orden de aprehensión contra la mujer, el pasado lunes 5 de agosto elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) se encargaron de detenerla y trasladarla al reclusorio de “La Toma”, donde ayer fue declarada formalmente presa.
Antonio Osorio
El Buen Tono
