Orizaba.- A 43 días de haber sido clausurada la primaria Gabino Barreda, recinto en que se alberga la escuela vespertina Constitución de 1857, los más de 170 estudiantes continúan sin clases, mientras que los padres de familia mantienen su inconformidad con cartulinas pegadas fuera del plantel.
Con nuevos sellos por parte de la Coordinación Municipal de Protección Civil a cargo de Antonio Vázquez Sánchez, la mañana de este martes continuó cerrada la primaria; sin embargo, en las rejas se quedaron las cartulinas que se colocaron desde este lunes.
Entre ellas, se alcanza a leer: “Tenemos solución de Xalapa, sólo queremos que Protección Civil local nos abra nuestra escuela, Gabino Barreda”. “Gabino Barreda. Ya son más de 30 días sin clases”. “Los niños tienen derecho de estudiar, la escuela Gabino es de los niños”. “Protección Civil no respeta dictamen”, entre otros mensajes de protesta.
Será hasta el lunes próximo cuando venza el plazo que los padres otorgaron al Director General de Educación Primaria Estatal, Guilebaldo Víctor Flores Lomán, para que se emita una solución al problema que se registró luego de los sismos del mes de septiembre.
El primer dictamen se les entregó el 22 de septiembre, fecha en la que se les señaló que el problema es de infraestructura porque las columnas que están sosteniendo la parte lateral están muy delgadas.
En el caso del Colegio Preparatorio de Orizaba (CPO), unos 35 adolescentes toman clases en la explanada del lugar, a la intemperie, sin que se le dé solución a los daños sufridos por el sismo del 19 de septiembre.
Desde el 21 del mes de septiembre, los alumnos, respaldados por los padres de familia, hicieron pública su petición de reubicación del colegio por el temor de su integridad física, ya que en cualquier momento la infraestructura se puede venir abajo.
Lo anterior, sin que a la fecha las autoridades educativas o administrativas del plantel les hagan caso, por el contrario, no han hecho nada debido a que ni siquiera cuentan con papeles que los haga propietarios, lo que les impide recibir recursos de las dependencias estatales.
