Por: Andrés Timoteo / columnista
Hoy, 15 de noviembre, como lo marca la constitución local, el gobernador en turno deberá presentar ante el Poder Legislativo un informe sobre el estado de cosas en la administración pública. Para eso, el panista acudirá personalmente, según lo ha anticipado, hasta el Congreso Local a entregar el texto escrito en lugar de enviarlo con algún funcionario de menor grado.
Así se restaura la costumbre suspendida durante el último del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, quien no se presentó ante los legisladores porque ya estaba en plena fuga. Empero, el cordobés aisló ese ejercicio desde la mitad de su sexenio. En su periodo inacabado hubo cuatro eventos faraónicos, uno reducido a spots publicitarios –el del 2014- y otro inexistente –el del año pasado-.
Las ceremonias fastuosas de los años 2011, 2012, 2013 y 2015 fueron con asistentes estrictamente controlados para evitar la protesta y la rechifla. El miedo al repudio popular llegó a tal grado que en el 2013 sacó el evento de Xalapa para llevárselo al fuerte de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz, donde el ingreso de los invitados se hizo vía aérea –con helicópteros- para evadir las protestas, especialmente la de los maestros a los que había mandado desalojar a palos de la Plaza Regina Martínez en septiembre de ese año.
Luego, en el 2014 suspendió la encerrona magnifica y a puerta cerrada dirigió un mensaje en el edificio de la calle Encanto, también todo controlado para evitar manifestaciones incomodas, además de que solo fue a un puñado de legisladores, los que integraban la Comisión Permanente, bajo el pretexto de la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe había acaparado los esfuerzos y costos de su administración.
“La fortaleza económica es innegable, los resultados hablan por sí mismos”, les dijo a los diputados ese año. A la distancia se comprenden tales palabras: hablaba de su fortuna personal y la de sus cómplices, que se amasó por el latrocinio que alcanzó los 35 mil millones de pesos. Efectivamente era una’ fortaleza económica’ innegable, pues. Además, lanzó un dato que desde entonces sonaba a burla, al afirmar que “la seguridad y protección de los veracruzanos es el principal compromiso”.
En el 2015, en un evento realizado en las instalaciones del Velódromo de Xalapa, también se burló de todos: “Veracruz ya cambió”, dijo, y agregó que teníamos “estabilidad económica y disciplina financiera con resultados positivos para todos y no nos hemos endeudado un solo peso”. Y remató: “con mi gobierno, Veracruz es un estado socialmente justo”. Lo dijo a sabiendas que se había robado el dinero para becas educativas, medicinas en hospitales, programas de combate a la pobreza y de obras públicas.
Eso comprueba que en el sexenio pasado las mentiras se presentaron como si fueran políticas públicas y metas gubernamentales cumplidas. Hasta el Congreso Local llevaron la falsía como Informe Constitucional. ¿Y qué hicieron los diputados? ¡Nada!, a excepción de uno o dos que cuestionaron el informe en posicionamientos de prensa, todo el cuerpo Legislativo acepto la mentira como informe gubernamental.
Tal recuento se hace en este espacio porque es el paragón inmediato a lo que deberá suceder hoy en el recinto parlamentario cuando el Gobernador entregué a los Diputados locales el legajo escrito de lo realizado en los once meses de su administración, y en el cual debe romper la tradición de mentirle a ese poder institucional y por ende, a los veracruzanos.
La mentira se institucionalizó en los doce años de fidelidad en el ritual de cada 15 de noviembre, y es lo que debe romper el actual funcionario. El informe de gobierno tiene que dejar de ser un ritual de falsedades y de lucimiento personal para retomar lo que legalmente es: un deber que permite la transparencia y la rendición de cuentas ante una soberanía que, se supone, representa al pueblo.
BALANCE DUAL
En ese deber, el mandatario estatal, no sólo debe hablar de logros positivos de su gestión sino también de los pasivos que se tienen porque de lo contrario el ejercicio de rendición de cuentas estará incompleto. Es decir, la obligación es dual porque debe presentar acciones cumplidas y los pendientes, evitando caer en lo que hicieron sus antecesores de negar hechos, maquillar cifras y construir realidades alternas.
Tres rubros son los más álgidos, donde hay avances, pero también puntos negativos: Seguridad Pública, impartición de justicia y manejo financiero. Son los mismos donde se concentraron desde el principio los mayores retos porque se tuvo que reconstruir desde cero lo que quedó en desastre. En el primero, los pactos del innombrable y Duarte de Ochoa con el crimen organizado tienen secuelas mortales hasta la fecha.
La delincuencia entró a Veracruz y se apoderó de la vida de los veracruzanos porque los dos Gobernadores anteriores le abrieron la puerta, y cerrarla tardará tiempo porque el innombrable y Duarte dejaron una policía infiltrada al igual que Jueces, Ministerios Públicos y otros funcionarios que fueron puestos a disposición del hampa. La violencia que persiste es innegable y también es un deber del mandatario hablar de ella, como ya lo ha hecho en otras ocasiones ante la prensa.
Dentro de este punto, hay temas ineludibles y uno de ellos son las personas desaparecidas. Los activistas y colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos siempre fueron tratados con desprecio, indiferencia y desidia por el gobierno de Duarte de Ochoa, y en ocasiones se llegó al hostigamiento, las amenazas y la agresión directa. Se les negó las acciones para tratar de localizar a sus familiares. Sus expedientes judiciales permanecieron archivados, los policías y funcionarios involucrados en los secuestros gozaron de impunidad plena y se le llegó a casos de simulación extrema, insultante.
Tres ejemplos ilustran tales aberraciones. Uno es la inhumación irregular de cuerpos en el cementerio Palo Verde de Xalapa con la intención de borrar pistas de las personas que eran buscadas en los servicios forenses. Es decir, desde la autoridad estatal se quiso “desaparecer” a los “desaparecidos” recurriendo a una sepultura en fosas comunes, pero “legales”. Eso es algo que sigue pendiente de investigar y sancionar.
El segundo fueron las expresiones burlonas del entonces la autoridad, cada vez que había denuncias de los colectivos por el hallazgo de restos óseos. “Son huesos de perro” decía sarcástico a la prensa. Y el tercero, que es el más indignante, fue el montaje de teatros con falsos desparecidos y falsos activistas. El 9 de mayo del 2014, Duarte y policías presumieron una reunión con madres y familiares de 22 presuntos desaparecidos que habían sido localizados por las fuerzas estatales.
Todo fue falso, un teatro para engañar a la opinión pública. Nunca se volvió a saber de esos “actores”. Y así se podría continuar con los despropósitos de ese Gobierno y esos funcionarios descarados. Hoy ellos se fueron, pero los activistas siguen en su búsqueda y se enfrentan a otro funcionario igual de indolente que los anteriores, frívolo, déspota y desinteresado en las personas ausentes.
En su primer informe deberá estar los miles de desaparecidos. Debe haber palabras para ellos, detallando acciones en favor de su localización y reconociendo las fallas y claro, ofreciendo una disculpa por las mismas. Un gobierno que aspira a ser del cambio político también debe serlo en el rubro humanitario. No se concibe que el gobernador Yunes Linares calle esta realidad como lo hicieron sus antecesores y que los desaparecidos vuelvan a ser “desaparecidos” en el informe gubernamental.
Lo mismo en el tema financiero donde hay avances, según se ha presumido, pero que deben ser explicados a detalle como la reestructuración la deuda pública heredada, el pago de pasivos pendientes y el detalle –y destino- de los bienes recuperados de los ladrones del duartismo. Y ahí la expectativa, sobre todo en el mensaje mediático que dará el mandatario estatal, no dejar dudas en torno a los dineros públicos.
HIT PUBLICITARIO
Por lo pronto, hay que destacar que el uso de la imagen del exgobernador Javier Duarte –detenido y enmascarado- en la publicidad previa a dicho informe fue un ‘hitazo’ desde el punto de vista promocional. Todos hablaron de eso, algunos para bien y otros para mal –los nostálgicos del duartismo que se sintieron agraviados-, pero la polémica es un ingrediente indispensable para el éxito publicitario, como lo señalan los especialistas del marketing político.
Sobre todo si se explotan los deseos colectivos, como en este caso ver a Duarte detenido y esposado. Es el anhelo popular presentado en un afiche y éste cumplió su objetivo: enterar del evento y de su contenido, cuyo principal logro fue hacer que Duarte de Ochoa ahora esté preso. Ahí también se rompió el viejo ritual del priismo – ese que pedía “no barrer para atrás”- y se ponderó el deber de denunciar y gestionar la aplicación de la ley
Ayer también se dio a conocer el calendario de los diez días para la glosa del informe –glosar es revisar y pedir ‘glosas’ que son explicaciones adicionales – que serán del 16 al 29 de noviembre. En esa comparecerán los quince integrantes del primer nivel en el gabinete yunista, comenzando por el secretario general de Gobierno, Rogelio Franco y cerrando el coordinador general de Comunicación Social, Elías Assad Danini.
Hay comparecencias que seguramente acapararán los reflectores, principalmente la de los titulares de Seguridad Pública – al que han querido llamar a comparecer varias veces los diputados de oposición-, Finanzas, Educación y Desarrollo Social. Y por vez primera se rompe otro ritual, ahora el titular de la Fiscalía General, Jorge Winckler no está obligado a comparecer ante el congreso local en la glosa del informe porque es autónomo.
