Por: Andrés Timoteo / columnista
El lunes 06 de noviembre se cumplieron seis años del atentado perpetrado contra esta casa editorial, El Buen Tono, y son seis años de impunidad para los autores materiales e intelectuales que están plenamente identificados, pero que gozan de una protección indebida de parte de quienes están encargados de impartir justicia. En Córdoba sucedió lo que nunca había pasado en otra parte del País, que un grupo de sicarios quemara la Redacción completa de un medio informativo.
Eran los tiempos en que el inefable Javier Duarte de Ochoa estaba a cargo del Gobierno estatal y el terrablanquense Francisco Portilla Bonilla del municipal. Ambos hicieron lo posible por bloquear pesquisas, desviar versiones y ocultar pruebas periciales. No fue gratuito que los íntimos de Portilla contaran que en el Palacio Municipal sólo faltó que hicieran fiesta para celebrar el ataque al periódico.
Les dolía la verdad que se narraba en las páginas del diario -y les siguen doliendo seguramente- por lo que además de festinar el atentado se encargaron de difundir versiones difamadoras del mismo. En el Gobierno estatal todos los procuradores de justicia tuvieron la encomienda de atajar las investigaciones, y hasta ahora esas mismas siguen en punto muerto. Están archivadas. Ni el llamado “Gobierno del Cambio” se ha dignado a reabrirlas en un acto de legalidad.
Pese a todo ello, hoy, a seis años, El Buen Tono sigue editándose porque los fascinerosos no lograron su objetivo de acallarlo. Es verdad que se mantiene la impunidad para quien ordenó el atentado y quienes lo perpetraron físicamente -algunos de ellos ya perecidos en refriegas de la mafia-, y por ello es necesario mantener la denuncia y la exigencia para que sean castigados esos que todavía pueden ser alcanzados por la justicia.
No pedirlo es aceptar lo que nunca debió pasar. Olvidar la barbarie es un acto de irresponsabilidad. No recordar lo acontecido en esos años de plomo es también una forma de allegarle impunidad a los hampones -los que operan en la criminalidad abierta y los que están o estuvieron en cargos públicos- que han llenado al Estado y a la ciudad de terror, y que le apuestan al olvido. No tener presente el pasado es abrirles la puerta para que puedan regresar.
NUNCA FUE UN SECRETO
Hablando de criminales que son responsables de la “ola” de violencia y terror que se registra desde hace más de una década, en Veracruz nunca fue un secreto que de 2004 a 2016 hubo un Narco-Gobierno que desbarató el tejido social y convirtió a la Entidad en un cementerio. Miles de vidas fue el costo de los pactos hechos por el innombrable con la mafia y que se mantuvieron durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa. Así, lo que hoy documenta la Universidad de Texas en un reporte sobre la infiltración del crimen organizado en Veracruz, no es nuevo.
La novedad -y de gran importancia sin duda- es que la rigurosidad académica confirma la veracidad de lo que ya había informado la prensa. A lo largo de la última década muchas voces denunciaron lo que sucedía, pero fueron vilipendiadas por los aludidos y también por un sector de la prensa que se solazaba en los brazos de los dos gobernadores coludidos con la delincuencia. Políticos, funcionarios y opinadores de la fidelidad se volcaron contra quienes señalaban la existencia de un Narco-Gobierno con feroces campañas de descrédito.
Dos de los que denunciaron puntualmente esos pactos del innombrable y el crimen organizado son disparos en ideología y trayectoria, pero ambos asumieron la obligación de exhibir lo que sucedía. Uno fue el sacerdote Alejandro Solalinde, quien incluso ofreció un legajo de pruebas al Gobierno Federal sobre la colusión del impresentable exGobernador con los cárteles de la droga que secuestraban, extorsionaban, esclavizaban, asesinaban y desaparecían a los migrantes, lo que le valió una feroz persecución en la que participaron hasta sus mismos colegas religiosos y esa ala de la prensa que hoy se asume como “crítica”.
El otro personaje que advirtió desde un inicio sobre los acuerdos criminales del innombrable fue el actual Gobernador, quien hizo público a nivel local lo que se documentó en una corte texana y que hoy es parte del sustento en la investigación efectuada por la Universidad de Texas. Por hacerlo, a Yunes Linares lo llevaron al patíbulo mediático esos que defendían con uñas y dientes a la fidelidad.
Lo acusaron de todo. De inventar testimonios, de estar enfermo de venganza, de falsear información con fines electorales y algunos hasta le llegaron a entretejer historias de supuestos nexos con delincuentes similares en el afán de invertir los factores y hacerlo pasar como delincuente para, precisamente, encubrir a los pillos que ocuparon Palacio de Gobierno.
Nunca fue mentira lo dicho por Solalinde ni por Yunes Linares. Tampoco fue gratuito el sobrenombre de “Zeta número 1” que se le endilgó al innombrable, y que no fue producto de una campaña política sino surgido de la carta-denuncia que un empresario de Coatzacoalcos que escuchó, cuando estaba secuestrado, que los sicarios de ese grupo delictivo nombraban así al entonces Gobernante estatal. También lo conocían en ese mundo oscuro como “El Comandante Cobra” -porque no le gustaba que le dijeran Nauyaca-.
Por otro lado, el informe que fue elaborado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas no es el primer documento de investigación que en el vecino País menciona directamente al innombrable ligándolo al crimen organizado, y específicamente al cártel de Los Zetas, pues hace cinco años, en el 2012, la editorial neoyorkina Taylor & Francis Group publicó el libro “The Executioner’s Men: Los Zetas, Rogue Soldiers, Criminal Entrepreneurs, and the Shadow State They Created”.
En el mismo, el autor George W. Grayson, un académico y político del Partido Demócrata, cita que “el gobernador Fidel Herrera puso al Estado en manos de Los Zetas”. Y entonces, ¿Por qué sigue libre ese pillo que tanto daño hizo a Veracruz al entregarlo a ese cártel delictivo a cambio de millones de dólares y poniendo a su disposición las Policías, la Procuraduría y los Jueces? Por la protección que le brinda el viejo sistema priista, pero sus días libres están contados. Cada vez se cierra más el círculo que terminará en su detención y procesamiento. Sus pactos con las organizaciones criminales son un delito de índole Federal, obviamente, y lo han dejado gozar de impunidad.
Empero, ahora con este informe de la Universidad de Texas la secuela lógica e inmediata es que por lo menos lo excluyan de las candidaturas plurinominales al Senado o a una diputación Federal, las cuales busca afanosamente en un intento de ganar fuero constitucional para no ser llevado a prisión. El innombrable está desesperado por tener un asidero que le allegue más impunidad y no tanto porque haya pesquisas del orden Federal -que debería haberlas- sino porque en Veracruz tiene abierta una investigación penal que avanza.
Uno de sus tantos crímenes servirá para llevarlo a la cárcel: los medicamentos apócrifos que se le inyectaron a niños con cáncer y que salieron del Centro Estatal de Mezclas, manejado por una empresa ligada a su esposa. Por ahí lo van a ‘pescar’, pues a nivel estatal no se tienen atribuciones para proceder contra crímenes del orden Federal. Ojalá y sea pronto, Veracruz espera con ansiedad. Será un ‘hitazo’ que resonará para el 2018.
Por cierto, el innombrable ya respondió ayer en una estación radiofónica del Puerto de Veracruz, donde dijo que los señalamientos “son infundados, atroces e inconcebibles” -risas- y que este miércoles fijará su postura formal con sus abogados. Es más, se aventó la osadía de decir que todo lo que se dijo en la corte de Texas es un “asunto aclarado”. ¿Se atreverá a demandar penalmente a la Universidad de Texas?
Seguramente no lo hará porque si algo distingue al sujeto es su cobardía. Lo que se espera es que mantenga la retórica de negar todo como si en Veracruz no supieran -y no se estuviera sufriendo- los pactos que hizo con el hampa que fueron sostenidos por su sucesor, Javier Duarte, en los años siguientes.
Y vaya, tanta era la colusión del cordobés con el crimen organizado que en el reporte de la investigación universitaria se narra que en casas de su propiedad los capos de la mafia hacían reuniones y hasta asesinaban a personas. Eso es de terror porque si tal cosa permitió en sus viviendas, ¿qué no habrá tolerado que hicieran en la Entidad que estaba a su cargo?
COMO LA HUMEDAD
A 53 días de tomar las riendas del Ayuntamiento, la alcaldesa electa de Córdoba, Leticia López Landero, le metió un ‘calambre’ a los ‘aviadores’ que tiene el panista Tomás Ríos Bernal en diferentes áreas de la Administración municipal. La edil anticipó que la actual nómina que es de poco más de mil empleados se reducirá en 300 plazas, para así ‘adelgazar’ el gasto municipal.
Tal anuncio puso a temblar a muchos burócratas, pero especialmente a los que cobraban sin trabajar y a los que se mantenían allí, ‘enchufados’ al presupuesto municipal, por recomendaciones, compadrazgos, amoríos y cosas peores. No es un secreto que muchas plazas se asignan para el pago de cuotas políticas y de servicios de toda índole, incluyendo los ilegales e inmorales, y generan un gasto enorme a los cordobeses.
Tampoco es secreto que en Córdoba al igual que en todos los Ayuntamientos de la Entidad, los alcaldes salientes están entregando contratos de base a recomendados y protegidos para que se queden eternamente en los cargos municipales, una práctica indebida que se ha convertido en una costumbre en el llamado “Año de Hidalgo”, sin importar el daño que hacen al presupuesto que sale del bolsillo de los ciudadanos.
La alcaldesa López Landero debe estar muy alerta, pues el primero de enero se puede encontrar que personajes como Teresita Jáuregui Rodríguez, María de los Ángeles Sahagún o Rodolfo de Gasperín ya son empleados municipales a perpetuidad por las ‘pistolas’ de Ríos Bernal. Ya ven que estos señores se acostumbraron a vivir del erario y son como la humedad, una vez que se meten es muy difícil sacarlos.
