CONDOLENCIAS
Desde este espacio nos solidarizamos con las familias Morales Tress y Delgado Morales por la partida física del señor Eduardo Morales Reyes. En varios municipios de la zona centro, entre ellos Tomatlán de donde era originario, es recordado por los lugareños ya que a través de su hija, Teresita Morales, ayudó al desarrollo urbano de esas localidades cuando su yerno, Dante Delgado Rannauro, era gobernador sustituto. Morales Reyes formó parte de aquella generación de hombres lúcidos en la política, que no sólo se ocuparon del quehacer público sino también del compromiso social, sobre todo del enfocado a la educación de las nuevas generaciones. Descanse en paz.
HUELLAS DE PANAMÁ
Los integrantes de organizaciones ambientalistas tanto de Veracruz como de otras partes del país acusan a la empresa transnacional Odebrecht, encargada de realizar la construcción de la hidroeléctrica El Naranjal, de estar atrás del homicidio de Noé Salomón Vázquez Ortiz, asesinado el pasado fin de semana cuando recogía hierbas silvestres en un poblado de Amatlán de los Reyes. Como se recuerda, Vázquez Ortiz fue atado de pies y manos, lapidado y degollado, al puro estilo de la mafia.
Vázquez no tenía enemigos en la zona y era apreciado por la comunidad, según lo han dicho familiares y vecinos, lo que se contrapone a la versión manejada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a cargo del desocupado Amadeo Flores Espinoza, sobre el móvil de “rencillas personales” en la muerte del activista. Obviamente nadie cree la versión de Flores Espinosa, aunque ésta será la hipótesis que se impondrá en las pesquisas con el fin de desligar el crimen a las cuestiones de oposición a la presa El Naranjal.
Y por supuesto, las acusaciones de las agrupaciones ecologistas el corporativo brasileño -que en México se ha asociado con empresas de hombres extremadamente ricos como Claudio X. González, además de recibir apoyo incondicional de autoridades federales y estatales para desarrollar negocios- no son descabelladas, pues dicha empresa tiene un historial negro en los países latinoamericanos donde ha recibido contratos para efectuar proyectos de infraestructura. No sólo ha sido denunciada por recurrir a actos de corrupción con los gobiernos sino también de usar la fuerza y cometer crímenes para eliminar a quienes la cuestionan.
Uno de los casos más escandalosos, muy parecido al ocurrido con Noé Salomón Vázquez Ortiz, fue el asesinato de dos dirigentes obreros en Panamá en el año 2007 y que hasta le fecha sigue impune. Osvaldo Lorenzo Pérez y Luigui Antonio Argüelles del Sindicato Único Nacional de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) fueron victimados a balazos los días 14 y 16 de agosto de ese año, respectivamente, por sicarios contratados por Odebrecht -uno de ellos resultó ser un policía, el que mató a Antonio Argüelles y los otros dos que asesinaron a Lorenzo Pérez eran obreros que argumentaron tener “problemas personales” con el dirigente sindical, igual a lo que declararon los homicidas del ambientalista veracruzano. Los dos obreros panameños encabezaban un movimiento de oposición contra Odebrecht por el despido de trabajadores que se negaban a afiliarse anunciando sindicato charro controlado por la firma brasileña.
Además, el Suntracs denunció la operación ilícita de Odebrecht pues había resolutivos municipales que le impedían realizar obras por las irregularidades detectadas y documentadas por la organización sindical. Nunca se castigó a Odebrecht pese a que también fue acusada atentar, por medio de sicarios, contra otros dos obreros del mismo sindicato, los cuales fueron atacados a puñaladas pero lograron sobrevivir. El caso fue retomado y condenado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pero aún así el gobierno panameño protegió a la transnacional. En marzo del 2010 los tres asesinos materiales fueron sentenciados a 25 y 20 años de cárcel pero nunca se tocó a Odebrecht.
En las zonas selváticas de Perú, Brasil y Bolivia, Odebrecht también ha sido acusada de utilizar sicarios y corporaciones policiacas corruptas para perseguir a activistas que se oponen a proyectos carreteros e hidroeléctricas. En Ecuador, el presidente Rafael Correa expulsó a Odebrecht por incurrir en actos de corrupción e incumplimiento de contratos para cuatro obras carreteras, hidroeléctricas y un ampliación de un aeropuerto, que involucraba más de 500 millones de dólares. Lo mismo sucedió en República Dominicana donde el consorcio tiene prohibido trabajar.
La colusión de Odebrecht, señalada también en toda América Latina de ocasionar daños ecológicos irreversibles, con autoridades corruptas de Veracruz se inició en el sexenio pasado pues el ex gobernante, aquel que no debe ser nombrado, pactó varios negocios pestilentes en materia de hidroeléctricas -se habla de 112 plantas y presas-, fábricas y carreteras con los brasileños y los heredó a la actual administración. Los bien enterados afirman que no sólo cobró comisiones millonarias a cambio de los contratos hechos con el tráfico de influencias sino también ligó a esos contratos a empresas constructoras locales que tienen prestanombres, para que sean subcontratadas por Odebrecht en los proyectos locales. Negocio redondo, pues.
Nadie debe olvidar que al inicio del presente sexenio, los funcionarios estatales realizaron un viaje a Brasil para firmar acuerdos con Odebrecht, los cuales ya están desarrollándose. Uno de ellos es precisamente la hidroeléctrica El Naranjal en la cuenca del río Blanco, y hay otros dos súper-contratos para beneficiar al emporio brasileño y a sus prestanombres a nivel local. Uno es la construcción de un ingenio productor de etanol para lo cual se invertirán 900 millones de dólares, y otro es la construcción del complejo petroquímico Etileno XXI en el sur del estado que absorbería 3 mil 500 millones de dólares. Las inversiones suenan de ensueño y dan la ilusión de bonanza pero en realidad encierran tratos muy oscuros y consecuencias fatales para los veracruzanos. No sólo está el daño ambiental sino el social y una muestra de eso es el crimen contra el ambientalista Vázquez Ortiz. Son las mismas huellas que Odebrecht dejó en Panamá y en otros países donde ha hincado el diente.
ASCENDIDOS Y DESCENDIDOS
Lo que se especuló en la prensa sobre los acomodos y reacomodos en el gabinete estatal se está cumpliendo aunque con variantes peculiares. Ayer el Congreso local autorizó al alcalde de Tuxpan, Alberto Silva Ramos, separarse del cargo edilicio y eso lo hace estar listo para asumir la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social en sustitución de Marcelo Montiel Montiel quien el próximo sábado será ungido, según lo anticipado, como nuevo dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El cambio de la dirigencia del tricolor se realizará en las instalaciones del WTC de Boca del Río donde se espera la presencia del líder nacional, César Camacho Quiroz.
Si los pronósticos se cumplen, el actual presidente del Comité Directivo Estatal de este partido, Erick Lagos Hernández se convertirá en el segundo secretario general de Gobierno del presente sexenio pues al parecer logró lo que parecía imposible: hacer que removieran al ex panista Gerardo Buganza Salmerón, quien a pesar de que nunca fue bien visto por los priistas que lo consideraban un advenedizo, se mantenía aferrado al cargo. Al cordobés se le nombraría como secretario de Comunicaciones en lugar del empresario restaurantero Francisco Valencia quien apenas llevaba cuatro meses en ese puesto.
En tanto, el diputado federal por Coatepec, Fernando Charleston Hernández, solicitó licencia en San Lázaro pues será el próximo titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación Social (Sefiplan), la cual está acéfala desde el mes de mayo cuando fue removido el boqueño Salvador Manzur Díaz luego del escándalo por el video donde aparecía revelando el plan para usar el dinero público en las campañas electorales. Actualmente en la Sefiplan hay un encargado de despacho que es Carlos Aguirre Morales. De esta forma, Silva Ramos y Charleston Hernández se suben al carro que conduce a los comicios del 2016 como propuestas de casa para disputar la nominación a la gubernatura al senador José Yunes Zorrilla.
De acuerdo a lo pronosticado, los otros movimientos son que el actual titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Mauricio Audirac Murillo será nombrado contralor general del Estado en sustitución de Iván López Fernández. También sale el ex yunista Enrique Ampudia Melo de la Subsecretaría de Gobierno y será relevado por Marlon Ramírez Marín, actual secretario de Fiscalización de la Legislatura estatal. En fin, estos movimientos confirma que algunos son ascendidos y otros descendidos: los afectados son obviamente aquellos que no tendrán cargo de primer nivel o serán mandados a la banca pero el caso más dramático es el de Buganza Salmerón que después de ocupar el segundo cargo en importancia en el gobierno estatal ahora se dedicará a reparar caminos, puentes y carreteras. No hay nivel, pues.
