Sin afán de ofender, la actitud de esa autollamada izquierda ni es patriótica, ni es razonable, ni está sustentada en argumentos
“…reaccionario, conservador, revolucionario, radical, derechas e izquierdas. Significan solamente la postura
transitoria de un hombre frente a un problema circunstancial y transitorio también del poder”.
Manuel Gómez Morín
La autodenominada izquierda se ha opuesto en las últimas décadas a las trascendentes reformas que se han realizado en México. Se opuso a terminar con el reparto de la tierra y a la posibilidad de que el ejidatario pudiera optar por ser propietario; a que la banca regresara a manos particulares; al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; al reconocimiento de la deuda adquirida y suscrita por el Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa); a todas las reformas de tipo financiero y fiscal; a muchas de las modificaciones que condujeron a la transición democrática, etc. Estas reformas, al paso del tiempo, han confirmado su beneficio para México. Prueba de ello es que hoy nadie propone retornar a los viejos esquemas.
Nuevamente, hay una enorme resistencia a tocar el marco jurídico que regula al sector energía. A veces los asuntos tienen explicaciones sencillas, a saber:
Cuauhtémoc Cárdenas no defiende la soberanía de México, sino -lo digo con todo respeto- el legado de su padre, incluso su posición es más estatista que la sostenida por el general. Por tanto, es prácticamente imposible convencerlo de la necesidad de reformar el sector.
Carlos Navarrete, en su libro De frente consigna la posición de López Obrador: no le importa que se hunda Pemex. En su afán simplista y mesiánico, él hará la reforma y rescatará a la empresa pública cuando sea Presidente de la República.
El caso de los líderes del PRD es más oportunista: si ellos ceden en algo, López Obrador los ubica como traidores y les quita una bandera de aparente nacionalismo.
Jesús Ortega, con una supina ignorancia, afirma: “La propuesta del PAN busca trasladar la renta petrolera a manos privadas, lo que de hecho significa una privatización”. El petróleo en el subsuelo pertenece a la nación, pero hay que localizarlo y extraerlo y eso tiene un costo. Por eso, siempre, con alguien, el Estado tiene que compartir la renta petrolera.
La sugerencia de hacer una consulta es añeja, viene desde el origen de nuestra vida independiente. Vale la pena recordar la frase de Servando Teresa de Mier en su célebre discurso sobre el artículo quinto del Acta Constitutiva: “Al pueblo se le ha de conducir, no obedecer. Sus diputados no son los mandaderos (…) Para tan bajo encargo, sobraban lacayos”. Baste imaginar si los países hubieran avanzado apoyando únicamente las iniciativas de amplio apoyo popular. Hacer consultas sobre este tema, a estas alturas, es filibusterismo e irresponsabilidad.
Cuando se dio la expropiación, se planteó que las empresas privadas participaran para añadir valor al petróleo crudo: refinación, petroquímica, entre otras, situación que cambió en 1982 cuando surgió el aberrante concepto de áreas estratégicas como exclusivas del Estado.
No hay mucho para dónde hacerse, debemos adoptar esquemas que permitan extraer la mayor cantidad de petróleo crudo y, una vez en la superficie, incorporarle valor, mediante capital privado. Es lo más recomendable económicamente. El punto 106 del Plan Sexenal de Lázaro Cárdenas (1934), que proponía agregarle valor al petróleo crudo, me hace recordar una certera frase de Heberto Castillo: “Vender petróleo crudo como combustible es como vender madera preciosa para leña”.
El derecho es un producto cultural que debe corresponder a las demandas de la realidad. Si los críticos a la reforma fueran una verdadera izquierda tendrían capacidad autocrítica y auténtico nacionalismo. Entendámoslo: el petróleo es de la nación, no del Estado.
