Por: Andrés Timoteo / columnista
El exgobernador Javier Duarte de Ochoa es un tipo que no deja de provocar asombro e indignación. Antier, la Auditoria Superior de la Federación (ASF), instancia encargada de fiscalizar la aplicación de recursos federales, informó que el cordobés desvió poco menos de 75 mil millones de pesos durante sus seis años de administración -la cifra exacta es de 74 mil 936 millones de pesos.
La mayor parte de la población no cuenta con paragones cercanos para imaginarse esa cantidad, por lo que tiene que ser desmenuzada para procesarse: si se reparte esa cifra en el periodo sexenal, 2011-2016, se tiene que cada año Duarte de Ochoa se robó 12 mil 500 millones de pesos, a razón de mil millones de pesos cada mes. A detalle para ser más entendible: al día, Duarte se apropiaba de 34.7 millones de pesos. O sea, cada hora se transaba 1.4 millones y cada minuto 24 mil pesos
Entonces, el exgobernador les robaba a los veracruzanos 400 pesos por segundo. Es decir, en un segundo se embolsaba lo que a algunas personas les llevaba ganar en una semana y en un minuto se robaba el salario de 12 campesinos. En pocas palabras, Duarte es un ente nacido para robar cuyas circunstancias –cargo, esposa y colaboradores- se conjugaron para dar rienda suelta a sus institutos de ladrón nato.
Solo en el ejercicio presupuestal del 2016 hay un daño patrimonial de 14 mil 225 millones de pesos, vaya y eso que no terminó su sexenio. Llegó robando a Palacio de Gobierno y se fue robando. Lo peor es que aún cuando ya se había dado a la fuga –el 12 de octubre presentó su licencia al cargo- los dos meses siguientes continuó el saqueo porque a quien dejó como encargado del changarro, el oaxaqueño Flavino Ríos Alvarado, nombrado Gobernador sustituto por 48 días, salió igual de ratero.
En esas siete semanas que ocupó la gubernatura, Ríos Alvarado siguió desviando fondos estatales hacia empresas ‘fantasma’ que eran manejadas por incondicionales de Duarte. Además, Ríos Alvarado está acusado de ser cómplice en el desvío de 7 mil millones de pesos de la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y hay señalamientos precisos del robo de al menos 230 millones de pesos en la Secretaría General de Gobierno, dependencia que encabezó antes de convertirse en mandatario sustituto.
Esto comprueba que a Veracruz lo atacó una plaga de ratas que se apoderó del Gobierno Estatal. No hay uno que se haya salvado, todos después de Duarte, desde los secretarios de despacho hasta subsecretarios, directores y jefes de área, participaron en el saqueo. Los informes presentados por la ASF así como el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a nível local sólo hacen confirmar lo que era del conocimiento público y en que en su momento el exgobernador Dante Delgado Rannauro lo definió como la “Cleptocracia”, es decir, el Gobierno de los ladrones.
LOS FALSOS CASTIZOS
Colocado en el contexto electoral, el reporte del daño financiero a Veracruz resonará invariablemente en el 2018. Los priístas ladrones serán un lastre tremendo para los que sean candidatos a la gubernatura y a las diputaciones federales y locales. Y si a eso le agrega el daño patrimonial provocado por 122 de los 212 alcaldes que están por concluir sus periodos constitucionales -y que la mayoría son del tricolor- pues el panorama no puede ser más que funesto para el priismo aldeano.
Pero hay que reparar en un dato particular, el reporte de la ASF, que es un ente Federal, ajeno al Gobierno panista de la entidad, también es un cachiporrazo para el discurso casticista de los senadores Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrillas quienes pretenden distanciarse del gobierno de Duarte de Ochoa, alejarlo de sus vidas y carreras políticas. Vaya, ahora ese par de senadores hasta se aventuran a acusar a sus congéneres de “tlacuaches con alas” y “ratas escondidas” –como los señaló Yunes Landa- cuando ellos mismos fueron parte del latrocinio.
Los dos senadores no dijeron ni una sola palabra cuando Duarte y su gabinete robaban a manos llenas. Nunca cuestionaron el desvío de recursos enviados por la federación que debieron ser aplicados en seguridad pública, en salud, en educación y para combatir la pobreza. Los Yunes rojos estuvieron mudos seis años y por ende, son cómplices en el robo de esos 75 mil millones de pesos. Ese par tiene la cara sucia y en el caso particular de Héctor Yunes también las manos manchadas pues hay evidencia de que recibió al menos mil 300 millones de pesos en el proceso electoral del 2016.
Duarte le dio ese dinero de mano propia y eran recursos estatales que Yunes Landa se embolsó pues la leyenda urbana cuenta que ni siquiera los aplicó en la operatividad electoral. Así, el expediente judicial que ya se le arma al senador junto con su mutismo durante el sexenio pasado saldrá a relucir en el 2018, aunque si acaso aumentarán su desprestigio porque no le dañarán más, ya que no será el candidato del tricolor.
El verdadero afectado será Yunes Zorrilla, el virtual nominado, aunque hay que decirlo con sus letras completas: eso no lo hará perder la elección, pues esa ya la tiene perdida de antemano. Yunes Zorrilla tiene asegurado el tercer lugar en los resultados comiciales del 2018, de acuerdo a todos los sondeos demoscópicos que se han levantado. Por lo tanto, el discurso triunfalista que comenzaron a manejar los dos senadores desde un mitin que realizaron hace una semana en Pánuco, al norte de la entidad, donde aseguraron que “iniciaban la marcha a la victoria” no genera más que ternura y pena ajena.
Vaya ni los mismos priistas se la creen y prueba de ello es la revuelta interna que hay en el partido porque los Yunes rojos pretenden acaparar nuevamente la nominación electoral como lo hicieron en el 2016. “Tienen secuestrado al PRI”, les dijo hace días el diputado federal, Jorge Carvallo. Ante tales señalamientos, ambos senadores han mascarado sus ansias y comenzaron a decir que si hay otros interesados en buscar la candidatura en el 2018, son “bienvenidos”, en alusión al todavía alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, quien es propuesto como una tercera opción para la contienda por la gubernatura.
Pero es de dientes para fuera, porque Héctor Yunes y José Yunes en realidad se creen los herederos del tricolor ahora que se debilitó la fidelidad. No llegarán muy lejos.
¡LISTOS…FUERA!
El miércoles primero de noviembre comenzó oficialmente el proceso electoral 2017-2018 con la sesión solmene del Organismo Público Local Electoral (OPLE). En números, 5.5 millones de los 8 millones de habitantes de Veracruz están convocados a la urnas para el domingo primero de julio del año entrante.
¿Qué se renueva en Veracruz? La gubernatura pues la presente administración estatal es de transición con duración de dos años. El próximo gobernante tendrá un periodo constitucional de seis años, hasta el 2014. También los 50 escaños del Congreso Local, treinta diputados serán electos con el voto directo y 20 de forma plurinominal. En el ámbito Federal, los veracruzanos elegirán a dos senadores y al presidente de la República, así como los parlamentarios de San Lázaro.
Como ya se ha mencionado, prácticamente los tres corredores por la gubernatura ya están en la meta. De Morena, Cuitláhuac García de 49 años de edad -tendrá 50 el año próximo cuando sea la contienda electoral-, del Frente Ciudadano por México (PAN-PRD-MC) Miguel Ángel Yunes Márquez de 41 años de edad –tendrá 42 en el 2018- y del PRI, José Yunes Zorrilla, de 48 años –que seguirá con esa edad durante la justa electoral pues su cumpleaños es hasta septiembre-.
Yunes Zorrilla es contemporáneo con García Jiménez, ambos ya casi cincuentones. Entre los dos le sacan casi una década a Yunes Márquez. Lo que está en vilo son las postulaciones por el Senado de estas tres fuerzas políticas y aliancistas. En los merenderos políticos se han mencionado a algunos que tienen rumbo seguro para una candidatura senatorial, entre ellos el priista Diez Franco que con esa postulación lo alejarán de la contienda por la gubernatura.
Además por el tricolor se ha mencionado a la exreina del Carnaval y actual delegada estatal de la Sedesol, Ana Guadalupe Ingram, así como a la exalcaldesa de Xalapa y hoy delegada del ISSSTE, Elizabeth Morales. Del PAN se nombra al exalcalde porteño y actual secretario de Infraestructura y Obra Pública, Julen Rementería así como su homólogo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Joaquín Guzmán Avilés.
Por el PRD la puntera es la exalcaldesa de Santiago Tuxtla, Jazmín Copete Zapot, actual Diputada Local así como el secretario general de Gobierno, Rogelio Franco Castán, mientras que del Movimiento Ciudadano se barajan el nombre de Armando Méndez de la Luz, exalcalde de Xalapa y exsenador, además de que es el actual dirigente estatal del partido fundado por el exgobernador Dante Delgado Rannauro.
Las otras incógnitas que para despejarse podrían genera un verdadero revuelo son los que contenderán por las diputaciones locales y los 20 candidatos al mismo número de diputaciones federales por la vía uninominal. No hay que olvidar que con la reciente modificación al mapa electoral del país, Veracruz perdió uno de los 21 distritos, el de Acayucan, y ahora solo tendrá veinte curules a disputar en las urnas.
