Malos augurios
El fin de semana pasado fue trágico para la entidad, la cual regresó al escenario noticioso nacional. Los acontecimientos sucedieron en la zona centro del estado donde un accidente carretero dejó cinco personas muertas y más de una decena de heridos así como el homicidio del artesano ambientalista Noé Salomón Vázquez Ortiz, integrante de la agrupación “Defensa Verde: Naturaleza Siempre”, en vísperas de que se realizara el décimo Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano contra las Presas y en Defensa de los Ríos. Este crimen, lleno de saña oscurece de nueva cuenta el contexto veracruzano, tan lleno de mártires y de impunidad.
Primero fueron los migrantes centro y sudamericanos, los más desprotegidos entre los desprotegidos de los cuales se han escrito historias terribles a su paso por la entidad, que van desde las extorsiones, robos, vejaciones hasta el secuestro masivo, reclutamiento forzado por la delincuencia organizada hasta las ejecuciones masivas. Después vino la ola de asesinatos de periodistas -nueve en total-, así como ataques contra los medios informativos independientes y críticos, entre ellos esta casa editorial, El Buen Tono, que fue víctima de un atentado en los primeros minutos del 6 de noviembre del 2011, y cuyos responsables materiales e intelectuales siguen en libertad pese a que están plenamente identificados.
Ahora, desafortunadamente, pareciera que les toca el turno a los activistas. No es fortuito el crimen de Vázquez Salomón. La forma de privarlo de la vida no deviene de una venganza personal -como pretenden hacerlo creer- sino de una ejecución para dar un mensaje a sus similares. Un escarmiento para los que alzan la voz contra los grandes intereses financieros y gubernamentales. Atado de manos y pies, lapidado y degollado es más que suficiente para entender que el recado está dado hacia sus compañeros que se oponen a un proyecto hidráulico que secará el río Blanco en cuya cuenca se pretende construir una hidroeléctrica, concretamente en la comunidad Chipanapa, del municipio de Amatlán de los Reyes, tierra del desaparecido ecologista.
La presa es conocida con el nombre de El Naranjal y tendrá una vasija de más de 30 kilómetros, lo que alterará todo: desde el flujo del mismo río, hasta el suministro de agua a las comunidades que lo bordean pasando por la deforestación de la zona y la alteración irreversible de la biodiversidad. Hoy la defensa del entorno ecológico ya se tiñó de sangre y el crimen del ambientalista podría ser el inicio de una cadena de agresiones. ¿Quién seguirá?, ¿los que defienden las dunas San Isidro, los que repudian proyectos mineros como Caballo Blanco en Alto Lucero, los que abogan por los derechos de los niños, de las mujeres o de los indígenas?
¿Los que hablan a favor de los indígenas, de los obreros o de los campesinos?, ¿los que marchan y toman plazas para exigir la búsqueda de familiares desaparecidos, principalmente jovencitos?, ¿los que denuncian los abusos de los policías estatales?, ¿los que repudian la ampliación del puerto de Veracruz que destruirá la zona arrecifal?, ¿aquellos que abogan por el predio La Joyita en Xalapa que pretende desaparecer la acaudalada familia Fernández con la complicidad del gobierno municipal?, ¿los que exigen la reparación de daños ocasionados por Petróleos Mexicanos (Pemex) o empresas privadas en el sur, norte y centro del estado? ¿Quiénes serán los siguientes?
Para completar los malos augurios tras el crimen de Noé Vázquez Salomón se aparecen dos buitres a merodear la escena. Uno es el procurador general de Justicia, Amadeo Flores Espinosa que ya anticipó lo que será el desenlace de la “investigación”: todo se trató de “diferencias personales” con los supuestos asesinos detenidos el mismo día de los hechos. Traducción: el ambientalista tuvo la culpa de su propia muerte por andarse peleando con sus coterráneos y su desgracia no tiene nada que ver con su papel en la defensoría ambiental. Fue un asunto personal, pues.
Le aplicarán la misma dosis que le han dado a los crímenes de los periodistas. El más burdo fue el veredicto emitido por la PGJE en el caso de la muerte de la querida Regina Martínez a la que responsabilizaron de tener amistad con sus agresores y abrirles la puerta de su casa a media noche. En pocas palabras, Vázquez Salomón no tendrá justicia en las instancias estatales y esto también es una llamada de alerta a todos los activistas del estado. Todos están en riesgo no sólo de ser agredidos sino también difamados, una vez que el caso llegue al escritorio de Flores Espinoza. Otra ave carroñera que se aparece es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que anticipa una investigación paralela para “conocer la verdad histórica”.
Lo anterior al igual que lo hicieron en el 2007 tras el asesinato de la anciana de origen nahua, Ernestina Ascensión Rosario, atacada sexualmente por un grupo de militares en el municipio de Soledad Atzompa. La CNDH, entonces bajo la presidencia de José Luis Soberanes, se aprestó a “investigar” -incluso promovió la exhumación del cadáver- con el único fin de sostener la tesis del entonces presidente de la República, el panista Felipe Calderón de que la anciana había muerto de una gastritis. De esta forma, el ombudsman nacional contribuyó a exculpar al Ejército.
El orden de los factores
Los nombres de Gerardo Buganza Salmerón, Alberto Silva Ramos, Fernando Charleston Hernández, Marcelo Montiel Montiel, Erick Lagos Hernández, Enrique Ampudia Melo, Ranulfo Márquez Hernández y Salvador Manzur Díaz están en el rejuego estatal desde finales de la semana pasada. Esos ocho personajes han acaparado la especulación mediática sobre los posibles cambios que se harán al gabinete del gobernador Javier Duarte de Ochoa en los días venideros. Muchos afirman que los acomodos y reacomodos que se harán no sólo en Palacio de Gobierno sino en la dirigencia estatal del PRI son con miras a los comicios del 2016 para renovar la gubernatura.
Quizás permitan vislumbrar la intención de impulsar a alguno de ellos, como el todavía alcalde de Tuxpan, Silva Ramos o el diputado federal por Coatepec, Fernando Charleston Hernández para ser contrapesos frente al senador peroteño, José Yunes Zorrilla que está decidido a buscar la nominación del tricolor para dentro de tres años para suceder a Duarte de Ochoa. El alcalde tuxpeño, apodado El Cisne, presentó el viernes pasado su solicitud ante el Congreso local para separarse de la silla edilicia y se especula que sería nombrado secretario de despacho -en la danza lo llevan ya a la Secretaría de Finanzas, ya a la de Desarrollo Social y hasta la de Gobierno- El relevo está previsto para antes de la primera quincena de este mes.
Pero como ya se ha dicho, Silva arrastra el desprestigio por sus nexos con el empresario Francisco Colorado, preso en Estados Unidos por delincuencia organizada. Un hermano del tuxpeño fue abogado de las empresas del famoso Pancho Colorado, involucrado en la compra de caballos de carrera y lavado de dinero para un cártel de la droga. En tanto, se especula que Fernando Charleston, ex secretario particular del panista Luis Pazos de la Torre y militante él mismo de Acción Nacional durante su juventud, será incorporado al gabinete estatal y para ello solicitaría licencia a la diputación federal. Se le menciona para la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la cual está con un encargado de despacho desde mayo pasado cuando fue destituido Salvador Manzur Díaz.
A su vez, el dos veces alcalde de Coatzacoalcos y actual secretario de Desarrollo Social, Marcelo Montiel lo llevarían a la presidencia del tricolor con el fin de que aplique ahí todo su bagaje cultural sobre las políticas clientelares. Al fidelista Erick Lagos lo moverían de la dirigencia estatal del PRI hacia Palacio de Gobierno e incluso, se le menciona para encabezar la Secretaría de Gobierno que ocupa el cordobés Gerardo Buganza, a quien todos zopilotean para que se vaya de una vez del gabinete estatal donde nunca dejó de ser visto como un advenedizo. Por cierto, los últimos rumores mordaces mandan a Buganza a la Dirección General de Asuntos Religiosos con el mensaje muy puntual de que se vaya con su misa a otra parte, con eso de que es muy persignado.
Otro que nunca lo ha aceptado y siempre portó el manto de la sospecha es el ex yunista Enrique Ampudia Melo, que sería removido de la Subsecretaría de Gobierno. Hay quienes aseguran que se irá a ocupar un cargo a la Procuraduría General de la República (PGR). En el caso de que Lagos Hernández no llegue a sustituir a Buganza Salmerón, posiblemente será el relevo de Ampudia Melo en esa oficina que ya había ocupado al principio del sexenio. Por otro lado, lo más bizarro de todas estas especulaciones es que podrían regresar a cargos públicos los protagonistas de los videos mapachiles que hizo tambalear el Pacto por México, Ranulfo Márquez, ex delegado estatal de Sedesol y Salvador Manzur, ex secretario de Finanzas. Ambos fueron destituidos de esos cargos tras la exhibición de las videograbaciones en las que detallan la forma de condicionar el voto con recursos públicos.
El filósofo de Ciudad Juárez diría: “pero qué necesidad”. El invocar a este par de zombis de la política aldeana sólo le acarrearán pestilencia y desprestigio al gobierno estatal. En fin, dentro del balance general sobre los posibles reacomodos se podría aplicar aquella fórmula matemática de que “el orden de los factores, no altera el producto” pues muchos de ellos tienen fama de no funcionar ni hacer cosas honestas. Reciclarlos en cargos no aporta esperanzas para los veracruzanos e incluso, tampoco para el mismo gobierno duartista que ahora debe perfilar sus acciones políticas a conservar la gubernatura para el Revolucionario Institucional en el 20l6 y por supuesto, a contener la caballada interna que prácticamente ya está desatada.
