Córdoba.- Tomás@elalcahuetedePortillayLavín y la Coordinación de Comercio tuvieron que “doblar las manos” ante la Comisión Estatal de Víctimas en el caso de la comerciante a la que pretendían cobrarle más de 200 por ciento por el uso de un espacio público.
La semana pasada, la afectada que es parte del padrón de víctimas del Estado, debido a que su esposo fue secuestrado hace más de dos años, tuvo que ser atendida por la autoridad local cediendo a las peticiones de la Comerciante, quien lo único que buscaba era que la dejaran trabajar.
Y es que cabe recordar que las autoridades municipales se negaban a darle el permiso para instalar un brincolín en el parque de San José, hasta que retirara todas las quejas y demandas ante distintas instancias.
A decir del abogado de la víctima, Juan Carlos Fernández Zulueta, se “le va a permitir seguir trabajando pagando la cuota mínima”, pues el Coordinador de Comercio pretendía cobrarle más de mil 800 pesos por usar el espacio en el parque de San José, sólo los fines de semana.
Sobre el adeudo que según argumentó el Ayuntamiento que tenía la afectada, quedó pendiente por resolver. Una vez más, esta Administración muestra su incapacidad de negociar y poder resolver un conflicto con la ciudadanía debido a su avaricia, pues tuvo que ser la secretaria ejecutiva de la Comisión de Atención a Víctimas, Lorena Mendoza, quien presionara al Ayuntamiento.
