Xalapa.- El integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Tomás Montoya Pereyra dijo que es obligación tanto de la Secretaría de la Función Pública, a nivel federal, como de la Contraloría del Estado, Secretaría de Finanzas (Sefiplan) y Órgano Superior de Fiscalización Superior (Orfis), a nivel estatal, aclarar si las empresas constructoras Moraza, Del Sureste y Goli, están debidamente acreditadas para acceder a licitaciones de obra pública a las que convoca el estado veracruzano.
Y es que ante el escándalo que ha sido esta noticia a nivel nacional, tras la denuncia del activista y abogado chiapaneco, Horacio Culebro Borrayas, que hizo ante la PGR y medios de comunicación con respecto a que se investigue a los ex gobernadores del PRI, Fidel Herrera Beltrán (Veracruz); José Murat Casab (Oaxaca) y Juan Sabines (Chiapas), por estar involucrados como socios en empresas constructoras.
Estas empresas comparten al mismo representante fiscal, así como domicilios fiscales y razón social, las cuales durante el pasado sexenio, obtuvieron contratos por 1 mil 800 millones de pesos, dado que sus socios, los ex gobernadores arriba mencionado, se auto asignaban obras mediante licitaciones simuladas.
Tomás Montoya, integrante de dicha comisión, quien refirió que la primera instancia que debe investigar es la Secretaría de la Función Pública, ya que es responsable de fiscalizar los recursos federales, pues cabe puntualizar, que en febrero de 2013 la constructora Goli, por ofrecer la cotización más barata, la Sedesol estatal, le asignó obras de rehabilitación por el orden de 13 millones de pesos, provenientes del FONDEN de 2010.
En ese mismo sentido, prosiguió explicando que, para en el caso de obras construidas con recursos estatales, las instancias que deben intervenir son las fiscalizadoras de Veracruz, como es la Contraloría y el Orfis; no obstante, puntualizo el legislador priista, que para eso debe existir denuncia de por medio de ciudadanos o afectados.
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