Hasta ahora nadie ha aclarado quién resarcirá el daño a las finanzas de Pemex ocasionado por la expropiación y la marginación de Repsol
Bajo una superficie de unos 12 mil kilómetros cuadrados, en la provincia argentina de Neuquén, y a una profundidad aproximada de 3 mil metros se encuentra el manto de hidrocarburos de Vaca Muerta.
El potencial energético de la zona fue descubierto en julio de 2010 por la empresa española-argentina Repsol-YPF, tras perforar el primer pozo de gas shale en el campo de Loma La Lata.
Cuatro meses después, se completó el primer pozo de petróleo crudo en la zona aledaña de Loma Campana.
La primera estimación de reservas de Vaca Muerta, en mayo de 2011, fue de 927 millones de barriles de petróleo y gas. Sin embargo, en febrero de 2012, Repsol-YPF dio a conocer que el yacimiento tenía un potencial de 22 mil 800 millones de barriles. El anuncio hizo que las acciones de la empresa subieran 8 por ciento en una sola jornada en la bolsa de Buenos Aires.
Expertos internacionales auguraron una era de auge para Argentina, pues calcularon que Vaca Muerta podría llegar a ser tan productiva o más que los campos de Eagle Ford, Texas, y Bakken, Dakota del Norte, que por sí solos le devolvieron recientemente a EU la capacidad de exportar productos petrolíferos refinados.
En marzo de 2012, la consultoría Ryder Scott, de Houston, Texas, dio a conocer que el megayacimiento de Vaca Muerta podría duplicar la producción de petróleo y gas del país sudamericano.
El 16 de abril de ese año, el gobierno argentino anunció la expropiación de 51% de las acciones de Repsol-YPF, con lo que pasó a controlar la empresa. La medida fue criticada en muchos países del mundo, incluyendo Argentina. En un editorial, el diario La Nación la consideró inconstitucional y un atentado contra el derecho de propiedad, realizado en momentos en que la nación sudamericana no se podía dar el lujo de ahuyentar las inversiones extranjeras.
La expropiación había sido “lisa y llanamente una confiscación”, publicó el rotativo.
Se señaló a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por sólo afectar a la española Repsol con la medida confiscatoria, pero no a sus socios argentinos, particularmente el grupo Petersen, manejado por la familia Eskenazi.
Durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, los Eskenazi aprovecharon su cercanía con el mandatario para hacerse de 25% de las acciones de YPF, o Yacimientos Petrolíferos Fiscales, fundada como empresa estatal en 1922 y privatizada durante la presidencia de Carlos Saúl Menem en 1992.
Como los Eskenazi no tenían el dinero para comprar dichas acciones -y, por cierto, tampoco experiencia en la industria de los hidrocarburos- el gobierno de Kirchner le ayudó a gestionar un financiamiento otorgado por un grupo de bancos internacionales basado en dividendos futuros.
Antes, Kirchner había convencido a Repsol, que poseía 97 por ciento de YPF, de las ventajas de que entrara capital argentino en la petrolera. Repsol tomaría los créditos, transferiría las acciones al grupo Petersen, y se las cobraría mediante ganancias futuras. Parecía un negocio fácil para los Eskenazi.
Sin embargo, el grupo Petersen parece haber terminado como peón del juego político de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno argentino, convertido en mandamás de la petrolera, anunció cambios en los dividendos de la empresa para obligar a los Eskenazi a invertir en la industria.
Desde el ingreso del grupo Petersen como accionista, la empresa Repsol-YPF experimentó un declive en su producción de hidrocarburos, argumento que fue utilizado por el gobierno argentino para justificar la expropiación.
Hasta el cuello en deuda, el grupo Petersen -que suele ser extremadamente discreto- buscaba en abril pasado que Repsol le recomprara las acciones del grupo, basado en una parte del contrato que obligaba a la petrolera española a realizar dicha recompra en caso de que perdiera el control accionario.
Repsol, que ha estado negociando con el gobierno argentino el pago de una indemnización por haber expropiado sus acciones, rechaza la recompra. Lo que se discute legalmente es si la expropiación es la causa de fuerza mayor que contempla el contrato como motivo de la pérdida del control accionario.
Pero la suerte de los Eskenazi -o, para ser más precisos, su caída de la gracia de la señora de la Casa Rosada- pudiera no ser gratuita. De acuerdo con una nota del diario español El Mundo, la intención de la presidenta de Argentina “sería beneficiar al empresario Cristóbal López, quien controla en el país el lucrativo negocio de los casinos” (“El regalo envenenado de Kirchner a la familia Eskenazi”, 22 de abril de 2013).
La semana pasada, el caso Vaca Muerta resucitó en los medios internacionales por el anuncio de un acuerdo entre el gobierno argentino y la multinacional Chevron para el desarrollo de parte de la formación de hidrocarburos no convencionales (shale) del megayacimiento patagónico.
El acuerdo, suscrito el martes en Buenos Aires, contempla una inversión inicial de Chevron por mil 240 millones de dólares, y se dio a conocer al día siguiente de que el gobierno argentino decretara una ventajosa normatividad para proyectos petroleros con inversiones mínimas de mil millones de dólares.
El 26 de junio había corrido la versión en medios internacionales de que el directorio de Repsol había rechazado una oferta de 5 mil millones de dólares, que no incluía efectivo, para compensar la expropiación de su participación mayoritaria en YPF.
Dicha oferta incluiría un 47% de participación en una empresa conjunta para invertir en una pequeña parte de Vaca Muerta. El acuerdo llegaría a través de Petróleos Mexicanos, que posee casi 10% del capital de Repsol.
La versión de la oferta fue desmentida después por YPF, aunque hasta ahora nadie ha aclarado quién resarcirá el daño a las finanzas de Pemex ocasionado por la expropiación y la marginación de Repsol de las actividades productivas en Vaca Muerta.
Apenas firmado el acuerdo con Chevron, comenzó a filtrarse la letra chiquita. Entre otras cláusulas, el gobierno argentino aceptó que cualquier litigio derivado de la sociedad se dirimiera en cortes estadunidenses.
También hubo críticas en Argentina. Entre ellas, del ex ministro de Energía e impulsor del Mercosur, Alieto Guadagni, quien declaró a los medios de su país que “los comportamientos de Chevron en la Argentina, en los últimos 10 años, no han sido malos, han sido pésimos” y aludió a las caídas de producción de gas (60%) y petróleo (25%) que tuvo la empresa.
Surgieron asimismo cuestionamientos al récord ecológico de Chevron en otras partes de Sudamérica, como Ecuador -país del bloque bolivariano, como Argentina-, donde Texaco (hoy parte de Chevron) derramó 67 mil millones de litros de agua tóxica en la selva amazónica de esa nación, a lo largo de tres décadas.
Hay que escuchar a Fernando Villavicencio, asesor parlamentario de los indígenas ecuatorianos pachakutik: “Lo de (Rafael) Correa (presidente de Ecuador) nos parece una doble moral, porque mientras los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro son aliados de Chevron (…) Correa tiene adjetivos muy ácidos y críticos hacia la multinacional. Pero el Ecuador exporta y le entrega a Petrochina 250 mil barriles diarios de petróleo, que es revendido en Estados Unidos, y es Chevron quien compra ese petróleo ecuatoriano”.
Y hay que ver la doble moral del gobierno argentino, condenando el “neocolonialismo” español, pero lanzándose en brazos de Chevron.
Y tampoco pasar por alto la hipocresía de Estados Unidos, que arremete contra quienes hacen negocio con Cuba, pero se hace de la vista gorda cuando sus empresas sacan provecho de bienes expropiados en otras partes del mundo.
Porque, como dice el tango de Pichuco D’Amario:
Si el bien es bien, y el mal es mal, Por qué querer confundirlos.
Basta ya de hipocresía, Y burdas mentiras.
