CDMX.- El Gobierno Federal ha utilizado el sistema de empresas “fantasma” para desviar miles de millones de pesos a través de 11 dependencias, reveló una investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En un reportaje publicado ayeer lunes en las páginas de Internet, dieron a conocer que al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos, y que de esa cifra no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.
De acuerdo con la publicación, los 7 mil 670 millones de pesos le fueron otorgados a 186 empresas, sin embargo, 128 de ellas no cuentan con la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas o no existen, por lo que no debían recibir los recursos. La investigación señala a 11 dependencias involucradas, entre las que se encuentran Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Desarrollo Social, el Fondo de la Vivienda, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca.
También el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria, el Registro Nacional Agrario, la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos.
Aunque la manera de operar de estas instancias federales es similar al que utilizó el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, la diferencia radica en que no entregaron los contratos directamente a empresas, sino que primero los dieron a ocho universidades públicas y éstas los derivaron posteriormente a las empresas “fantasma” o irregulares, señala la investigación.
Las universidades involucradas habrían recibido mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.
En un video integrado al amplio reportaje publicado, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, acepta que la investigación publicada contiene datos y pruebas de acciones que muestran “la desaparición de recursos públicos del erario”.
“Es un claro acto de corrupción”, afirma.
