CÓRDOBA.- A días de que se reinstalaran los puntos de revisión para taxistas por parte de la Policía Estatal, comenzaron los conflictos entre los ruleteros y los gendarmes, debido a que se están tomando “atribuciones” que no les corresponden.
Jairo Guarneros, integrante de la Coalición de Taxistas de la zona de las Altas Montañas, sostuvo un encuentro con el Delegado de Transporte Público en Córdoba, luego de que una unidad de su grupo fuera detenida por policías estatales por traer el permiso de circulación vencido.
Según explicó, el taxi con el número económico 2544 de Córdoba fue detenido en uno de los puntos de revisión que hace más de dos meses habían desaparecido, aparentemente por órdenes del exDelegado del Mando Único.
Tras ver que el permiso de la unidad estaba vencido, llamaron a los agentes de Transporte Público para que lo infraccionaran.
Por lo anterior, el líder social advirtió que no permitirá que la Policía Estatal “se tome atribuciones que no le corresponden”, pues dichos puntos fueron una petición de los taxistas para su seguridad, no para que “los extorsionen y saquen más dinero”.
Agregó que en el caso de los permisos de circulación vencidos, no está en sus manos ponerse al corriente, sino que es asunto del Gobierno del Estado que no les quiere entregar las placas.
QUEJA
“Mi carro cuenta con un permiso vigente, es lo que estoy viendo desde las 14:00 horas, porque tampoco nos dicen cuánto es lo que hay que pagar. Ya hablé a Xalapa porque cada dependencia tiene convenio con las grúas y no sé cuánto es lo que me van a cobrar”, dijo la concesionaria Mariana Hernández.
Según las boletas de la supuesta multa, se aprecia un documento de B&B, en el cual no se fijan los montos de costo por arrastre o corralón, ya que las unidades no fueron enviadas ante Transporte Público, sino a las instalaciones de la empresa de grúas con las que el Estado mantiene convenio de colaboración.
Otro de los afectados, de nombre Antonio (N), aseguró que su unidad fue detenida por no contar con documento de inicio del trámite de empadronamiento. Sin embargo, coincidió en que su unidad no debió haber sido llevada a las instalaciones de B&B.
A la inconformidad se sumó una fémina, quien solicitó mantenerse en el anonimato, misma que reprochó la falta de cumplimiento y respeto para los acuerdos sostenidos con el Estado.
En este caso, insistió que no hay una negativa para sumarse al Programa de Empadronamiento, pero sí a las formas en las que el Estado pretende obligarlos al no respetar el acuerdo, donde se estipula como fecha límite el próximo 30 de septiembre para inscribirse.
Recordó a las autoridades que los responsables de que las unidades circulen sin permisos y sin placas son ellos mismos, pues a la fecha el Gobierno carece de esos documentos. Los afectados insistieron en que este tipo de operativos no son la mejor manera para motivarlos a incluirse en el programa, ya que los imposibilita económicamente para cubrir los gastos del empadronamiento.
Ante ello, pidieron al Gobernador convoque a una reunión con el gremio de taxistas del Estado, toda vez que aseguran está enterado de todo lo que ocurre.
INSEGURIDAD
En “estado de emergencia” viven los más de 4 mil taxistas de la región Centro ante los hechos delictivos que están sufriendo, señaló el representante del sector, Jairo Guarneros Sosa. Resaltó que las cosas en el Gobierno no han cambiado más que de nombre, en lo demás sigue siendo totalmente lo mismo: “Me parece que está mal Jaime Téllez Marié, es la versión de Duarte-Bermúdez, porque por más que se le decía y que todo mundo pedía su renuncia, Duarte lo defendía y decía que si se iba Bermúdez se iba él, es igual, no cambió más que el nombre”.
