Por: Andrés Timoteo / columnista
La ola de violencia que azota a Veracruz tuvo una de sus crestas durante la semana pasada cuando se llegaron a contabilizar hasta diez asesinatos en un día. Especialmente en las zonas Centro y Sur –Córdoba y Coatzacoalcos, para ser exactos- se presentaron actos de sicariatos que sacudieron a la sociedad, pese a que son frecuentes. En la llamada Ciudad de los Treinta Caballeros fue atacada una familia en el estacionamiento de una plaza comercial y entre los fallecidos está una niña de cinco años de edad.
Sin embargo, no se puede permitir el maniqueísmo en estos asuntos. Es decir, todo hecho tiene circunstancias. Es condenable por todos lados la muerte de una pequeña y peor aún cuando sucede como parte de vendettas entre bandas del crimen organizado porque el padrastro de la menor era integrante de la delincuencia organizada mientras que el padre biológico, asesinado con violencia hace apenas cuatro meses, también lideraba una fracción mafiosa.
Entonces, el ataque en Córdoba no fue selectivo, sino que buscaba matar a todos los integrantes de esa familia. Terrible realidad, pero inocultable, y como en éste hay que abordar las aristas de cada caso. Por supuesto que eso no evade la responsabilidad de las autoridades en la crisis de Seguridad Pública porque los delincuentes se pueden “matar entre ellos” –como argumenta-, pero lo malo es que lo hacen en sitios públicos.
Córdoba es un tema inobjetable en este contexto de crisis de seguridad pública, pues junto con Coatzacoalcos –donde hubo una serie de ejecuciones de taxistas- son lugares donde se ensayaron durante los últimos seis años diversos programas y estrategias policiacas que no funcionaron. Los famosos “Mandos Únicos Policiales”, los operativos “Coatzacoalcos Seguro” y “Córdoba Segura”, y el ingreso de la Fuerza Civil no menguaron la incidencia criminal ni detuvieron el ‘baño de sangre’.
¿Por qué? Se ha dicho muchas veces en este espacio y ayer el gobernador Yunes Linares lo abordó, el Grupo de Coordinación Veracruz en la reunión celebrada en Córdoba: las instituciones policiacas y judiciales de la Entidad estaban infiltradas por el crimen organizado y en algunos municipios, entre ellos Córdoba, la Policía Municipal fue desaparecida en un afán, según se entiende, de facilitar la operación de las bandas criminales.
Ahí tiene mucho que explicar el alcalde Tomás Ríos Bernal, quien siempre guardó silencio frente al desmantelamiento de la corporación municipal –que se hizo en tiempos del terrablanquense Francisco Portilla Bonilla-, pero que nunca cuestionó. Tampoco lo hizo cuando las corporaciones estatales no combatían la delincuencia y muchas veces hasta eran colaboradoras de la misma.
Pues bien, ayer se anunció que habrá una nueva Policía Municipal en Córdoba, que ya están en preparación al menos 35 agentes en la Academia Estatal de Policía y posiblemente antes de terminar el año se restaurará la nueva corporación que le tocará manejar a la alcaldesa Leticia López Landero. Vaya, todo un paquete en la materia, pues el reto será dar seguridad a los cordobeses, pero también bajar la incidencia criminal, la cual es propagada por los cárteles del narcotráfico.
Ojo, la Policía Municipal no va a ocuparse de los delitos federales, pero sí debe atender los ilícitos comunes que orbitan alrededor de éste y sobretodo, prevenirlos. ¿Qué el subsecretario de Seguridad Pública, Narciso Peña Cortés, estará permanentemente en Córdoba para coordinar la estrategia policiaca? Designar a un responsable que ponga orden en el caos in situ –en el lugar- podría ser un aliciente, pero tampoco es la panacea.
Lo que se requiere, como bien lo citó Yunes Linares, es limpiar las instituciones de la infiltración de la mafia: policías municipales –donde los haya-, la plantilla y mandos de la SSPE, la Fiscalía General de Estado –Agentes ministeriales- y el sistema judicial –jueces, secretarios adscritos e incluso Magistrados-. De lo contrario, aunque el propio secretario del ramo, Jaime Téllez Marié, se traslade a radicar en Córdoba –o en Coatzacoalcos o en cualquier otro municipio con alta incidencia criminal-, la situación no mejorará si se trabaja con el enemigo en casa.
NO MAMEYES…
Lo malo de estas jornadas es que ni en las reuniones del Grupo de Coordinación Veracruz ni, supuestamente, en la que el gobernador Yunes Linares tuvo con la Comisión Estatal de Protección –risas- a Periodistas se tocó el tema del homicidio de Cándido Ríos Vázquez, ocurrido la semana pasada en Hueyapan de Ocampo. En Córdoba, Yunes Linares ofreció una recompensa de 1.5 millones de pesos para quien informe sobre los sicarios que atacaron a la familia el fin de semana –cuando murió la pequeña de 5 años de edad- pero no lo hizo en el caso del periodista.
¿Qué es menos importante buscar a los victimarios de un comunicador que a los de un capo de la mafia? Vaya mal equilibrio de prioridades. A nivel Nacional, la PGR ya ofreció 1.5 millones de pesos para los que proporcionen datos que sirvan para dar con el paradero de los asesinos del periodista guerrerense Cecilio Pineda, ejecutado el 2 de marzo pasado, pero en Veracruz se reúnen para – asómbrese-: ¡¡discutir cómo pagar cursillos a los reporteros amigos de los comisionados!! Ahora sí, como dicen en las colonias: “no mameyes en tiempos de aguacate”.
Lo que comprueba que el presupuesto destinado a la elefantina CEAP es algo tirado a la basura. Por cierto, hay una versión indecente que circula en Xalapa, que el sueldo del comisionado Mussio Cárdenas, quien renunció desde el inicio de su gestión, se ha seguido cobrando y no se devuelve al tesoro estatal. ¿Quién lo cobra y entre quienes se lo reparten? Vaya que desprestigian a la comunidad periodística estos señores, pues no sólo salieron holgazanes e ineficientes, sino hasta ladrones.
Pues bien, el caso es que hoy en Veracruz es más importante gastar el dinero en esos cursos de alfabetización que en temas importantes como es la seguridad de los reporteros y el perfeccionar el sistema de protección y cautela. El gobernador Yunes Linares y el coordinador de Comunicación Social, Elías Assad, deben hacerle un bien a Veracruz y al gremio periodístico solicitando la extinción de esa fantasmal comisión y reorientando los 20 millones que tiene de presupuesto a un programa efectivo de ayuda para los colegas en peligro.
LOS GENOCIDAS
Continuando en el tema de seguridad y violencia, si alguien ha advertido desde hace tiempo sobre catástrofes humanitarias en Veracruz es el padre Alejandro Solalinde, quien ha consagrado su vida a ser un verdadero pastor. Él dirige el albergue “Hermanos en el camino” en Ixtepec, Oaxaca, que se ocupa de asistir a migrantes centroamericanos que pasan por la franja sur del País y por ende, tiene información de primera mano sobre sus penurias y sus depredadores.
El fin de semana el religioso estuvo en Veracruz y ofreció misa en Colinas de Santa Fe, donde se han localizado decenas de fosas clandestinas. Allí, Solalinde dijo algo que resume el caminar de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos: “No sabemos dónde están sus hijos, pero sí saben que están en manos de Dios y están bien, lo que estamos buscando son sus restos porque en la memoria no se pueden perder y tampoco podemos renunciar a la justicia”.
En este contexto, el sacerdote volvió a reiterar que posee información detallada sobre la colusión del impresentable exgobernante de Veracruz, con el crimen organizado. “Tenemos declaraciones de varios criminales detenidos que afirman y confirman lo que tanto hemos denunciado, Fidel Herrera Beltrán estaba coludido con la delincuencia organizada, a la cual dejó operar libremente a cambio de obtener una participación económica”, señaló durante su visita a la ciudad.
Y como ya se dijo, no es la primera vez que denuncia públicamente a ese individuo. En julio del 2011, Solalinde se reunió con Javier Duarte y se lo dijo. A la par, llevó pruebas a la Procuraduría General de la República (PGR) que acreditaban que el innombrable permitió que la Policía Estatal y los alcaldes colaboraran con los grupos delictivos para secuestrar, extorsionar, robar, torturar y asesinar a migrantes extranjeros. No hubo reacción, sino al contrario, se protegió al exgobernante.
Las fosas clandestinas que han aparecido en todo el territorio estatal son el resultado de ese pacto que el innombrable suscribió con un cártel del narcotráfico para bañar en sangre a la población –no sólo desaparecieron a migrantes, sino también a miles de veracruzanos-. Solalinde lo denunció en su momento, dijo que Veracruz era un enorme cementerio clandestino, y los fidelistas –incluyendo a la mayor parte de la prensa y los opinares- lanzaron una campaña de difamación en su contra.
Pero el tiempo le dio la razón y resultó verdad todo lo afirmado. Ayer Solalinde lo volvió a decir: al innombrable se le debe juzgar por sus nexos con el crimen organizado y también por cometer crímenes de Lesa Humanidad, lo mismo que a Duarte. Hay que escuchar esa voz –que hasta hoy sigue gritando en el desierto-, hay que llevar a ese par de pillos ante los juzgados, hay que hacer que paguen por sus iniquidades contra miles de migrantes desaparecidos, no sólo por lo que se robaron. Ellos son genocidas, que nadie lo olvide.
LOS CHAPULINES COLORADOS
En temas políticos, la semana abre con dos saltamontes de la política que están por brincar a Morena. El exalcalde de Veracruz y exdiputado federal panista, Francisco Ávila Camberos y el excalcalde de Xalapa y exdiputado Local y Federal por el PRI, Ricardo Ahued. Ambos sostienen negociaciones con el Partido de Andrés Manuel López Obrador y pudieran acceder a candidaturas en el 2018 por Morena.
Ambos son veletas identificadas con lo rojo –léase: con la fidelidad- . El año pasado Ávila Camberos, uno de los representantes del ala más conservadora del panismo –un mocho en toda la extensión de la palabra, pues- estuvo a punto de aceptar la candidatura del tricolor a la alcaldía de Veracruz. No lo hizo porque hasta sus propios amigos lo reprobaron –fue en su lugar el orizabeño Fidel Kuri- pero coqueteó descaradamente y hasta que quiso con los rojos y ahora se pinta de Moreno –y eso que el señor es racista al ultranza-. Las cosas que se ven en política.
Por su lado, Ahued, empresario dueño de tiendas de chácharas baratas, siempre estuvo al servicio del innombrable. Se prestó a contender por la alcaldía y las diputaciones para que el PRI conservará las plazas. Guardó silencio frente al saqueo de Javier Duarte y su impresentable antecesor, -el cual, según la leyenda negra, hasta le mandó a secuestrar a uno de sus hijos-, pero nunca los cuestionó ni señaló. Fue un convidado de piedra en el desastre de la fidelidad, pero convidado al fin.
El próximo 3 de septiembre Ahued firmará el Acuerdo por la Unidad de México con López Obrador. Sintetizando: ese par de chapulines colorados ahora están en Morena, no por democráticos ni amantes de la justicia ni porque busquen el “cambio verdadero”, sino porque les ofrecieron seguir medrando de la nómina pública. Ninguno da un paso sin guarache.
