Por: Filiberto Vargas Rodríguez / columnista
Prefacio.
Advierte Ricardo Raphael, analista político del periódico El Universal: “Pronto tendremos que reconocer que el Seguro Popular fue uno de los mayores fraudes que la política haya entregado a los mexicanos. Trece años después de su creación, no hay manera de reivindicarlo”. *** Al abordar el tema de la corrupción de los gobiernos estatales, el analista hace especial referencia a esta Entidad: “Si por algo el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, merece el repudio eterno de sus compatriotas es por la manera como dilapidó los recursos que la Federación le entregó para construir y equipar hospitales o para comprar medicinas. Esta simulación será siempre histórica porque, dada su vileza, resulta difícil de superar. Sin embargo, Veracruz no es excepción, sino norma. El Gobierno del Estado de México —encabezado por el priista Eruviel Ávila— tampoco ha logrado explicar qué hizo, durante el año 2016, con más de 900 millones de pesos del Seguro Popular. A esta cantidad han de sumarse 8 mil millones de pesos que a la fecha andan perdidos en Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sonora, Veracruz y Tabasco”. *** Señala que casi todos los indicadores muestran ineficacia, insuficiencia, asimetrías y problemas graves de operación. Los hospitales que reciben recursos de ese instrumento financiero son probablemente los peores de todo el sistema de Salud. Una de cada tres recetas médicas no pueden ser surtidas por insuficiencia de inventarios, y lo mismo ocurre con camas, médicos y enfermeras. *** Y eso no es lo peor. El nuevo gobierno de Veracruz, el de Miguel Ángel Yunes Linares, ha puesto sus ojos en el Sector Salud para capitalizarse, para pagar compromisos políticos y para rellenar la bolsa que habrá de requerirse en las elecciones del próximo año. *** Negocios en la realización de obras de infraestructura de Salud, negocios en la compra y distribución de los medicamentos para todo el Sistema Estatal de Salud, negocios en la subrogación de servicios del ramo. *** Es demasiada porquería como para que se mantenga oculta otros seis meses. Con seguridad saldrá a la luz este mismo año.
Era un “strike cantado”. Ya lo había anticipado el abogado defensor, pero tanto la Fiscalía como el Tribunal Superior de Justicia en Veracruz desdeñaron sus palabras. Este jueves un Juez de Distrito concedió a Javier Duarte amparo definitivo contra las dos órdenes de aprehensión emitidas por jueces del Fuero Común en su contra.
El jueves 29 de junio, en esta misma columna, se vaticinó: “Una vez que se confirmó que el Gobierno de México había iniciado los trámites para la extradición de Javier Duarte, el gobernador Yunes Linares instruyó al ‘fiscal autónomo’ Jorge Winckler para que hiciera lo necesario a fin de incorporar a la solicitud formal de extradición, las causas penales que se le seguían a Duarte de Ochoa en el Fuero Común, en Veracruz. Ahora se sabe que los expedientes presentados por Jorge Winckler se refieren a delitos menores y no dejan en claro la participación o responsabilidad de Javier Duarte en los hechos, por lo que con seguridad serán anulados cuando lleguen a instancias federales”.
Y así fue.
La Fiscalía de Veracruz incorporó a los trámites para la extradición de Javier Duarte, desde Guatemala, dos órdenes de aprehensión giradas por jueces locales, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición.
Luego de la primera aparición de Javier Duarte ante un Juez de Control federal, para el trámite de imputación, el abogado defensor del exgobernador, Marco del Toro, confirmó que había solicitado un amparo para su cliente en contra de las acusaciones del Gobierno de Veracruz porque –dijo- “si estas (las del Fuero Federal) son endebles, con las otras (las del Fuero Común) te vas de espaldas”.
Ahora está claro que lo que Miguel Ángel Yunes Linares pretendía era montarse al circo mediático de la extradición de Javier Duarte. Llegó a presumir que “gracias a él y a sus investigaciones”, la PGR había logrado armar un caso contra el exgobernador veracruzano.
En su afán por atraer los reflectores, se ofreció como “testigo” en contra de Javier Duarte, para aportar las videograbaciones que acumuló de sus entrevistas con amigos, excolaboradores y socios de Duarte.
Nada de lo que aportó en su audiencia con la PGR ha sido incorporado al caso. Para no “hacerle la grosería” lo citaron, lo dejaron hablar y le dieron las gracias.
Las denuncias que mantienen a Javier Duarte en la cárcel son las que formuló desde un principio la PGR y por las que un Juez Federal emitió la orden de aprehensión con la que se solicitó su captura en Guatemala. Las denuncias de la PGR se refieren a operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y están relacionadas con las investigaciones que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) respecto a una red de empresas “fachada” que habría operado con la complacencia de funcionarios del Gobierno Estatal.
Esa es toda la historia. Por eso Javier Duarte “se allanó” al trámite de extradición. Sabía que las denuncias del Fuero Común eran de risa, y sus abogados le aseguraron que, con una defensa inteligente y capaz, podría librar las denuncias federales en un par de años. A eso le apostó y, por lo menos hasta ahora, las cosas están saliendo como le prometieron.
Epílogo.
En Toluca, la Mesa Nacional de Programa de Acción de la Asamblea del PRI, que fue presidida por el senador Pepe Yunes Zorrilla, aprobó el predictamen con los seis ejes de trabajo que se debatieron durante los dos días de análisis. Los ejes del Programa de Acción del partido aprobados son: gobernabilidad democrática y ciudadanía efectiva; educación de calidad para construir una sociedad del conocimiento; una economía abierta con dinamismo en sus regiones; México sin pobreza y con prosperidad para todos y todas; seguridad pública eficaz y sistema de justicia eficiente; y México abierto al mundo. *** Le dieron “palo” al Congreso de Veracruz y, de paso, al Poder Judicial del Estado. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidaron el párrafo segundo del Artículo 59 de la Constitución Política de Veracruz, en el que se prohibía la reelección de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ). A partir de la acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR, los integrantes del pleno dejaron sin efecto, por extensión, esta porción normativa. El 9 de enero de 2015, la LXIII Legislatura del Estado reformó este artículo con el que se establecía que “los magistrados durarán en su cargo diez años improrrogables, y sólo serán removidos de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución”. Los ministros reiteraron que el término “improrrogable” se trata de una contradicción directa con la Constitución Federal, por lo que el Congreso Local actual deberá legislar para contemplar la posibilidad de reelección. *** Apenas el pasado martes también fue invalidado el párrafo primero del Artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que prohibía la reelección de los magistrados. *** Nuestro Gobernador es muy valiente, eso nadie lo duda. Y trata de imbuir ese arrojo entre los veracruzanos. En más de una ocasión los ha llamado a “rechazar cualquier tipo de extorsión y denunciarla a las autoridades”. Rodolfo Jacobo Vázquez, un comerciante de 48 años de edad, le creyó a su gobernador. Cuando le cayeron los “malandros” para imponerle una cuota, acudió a las autoridades estatales, quienes le respondieron que esperara, que ellos iban a atender su queja. La tarde de este jueves, Rodolfo, un modesto vendedor de celulares y accesorios, recibió al menos 7 disparos, justo cuando llegaba a su domicilio. La policía de Yunes Linares llegó después, a recoger su cuerpo aún con vida. Horas más tarde moriría en el hospital. ¿Con qué cara les pide Miguel Ángel Yunes Linares a los veracruzanos que “no se dejen”?
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