Córdoba.- Empleados de la Manufacturera 3M, integrantes de la Confederación Revolucionaria del Trabajadores (CRT), realizaron una marcha de manera pacífica el día de ayer para exigir un “alto” a los atropellos de los que dicen ser víctimas por parte de los representantes de la empresa.
Más de 200 personas se reunieron ayer en la unidad Las Arboledas para salir en la marcha con rumbo a las instalaciones de la empresa, entre el contingente se encontraban trabajadores agremiados al sindicato, así como familiares de estos e integrantes de la organización Antorcha Campesina, incluso se pudo ver la presencia de jóvenes estudiantes.
A decir del Secretario General de la CRT en Veracruz, Daniel Aburto, el motivo de la marcha fue para denunciar los atropellos de los que siguen siendo víctimas los trabajadores de 3M y acusó que la semana pasada fueron dados de baja 10 trabajadores más que pertenecen a dicho Sindicato, los cuales se suman a los 21 despedidos en meses anteriores.
CONFLICTO SOCIAL
Sin embargo, el gerente de Capital Humano de la Manufacturera, Julio César Vera Avilés, expresó que la problemática y molestia es por un conflicto sindical.
Refirió que están a la espera del dictamen de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para saber a qué sindicato se le dará el contrato colectivo.
Respecto a lo que dijeron los protestantes referente a los maltratos y el despido injustificado, Vera Avilés aseguró que no existen las 10 últimas bajas que argumentan, sino que fueron renuncias voluntarias, ratificadas por los ahora extrabajadores, tema que se encuentra en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Orizaba.
Dadas las acusaciones de los extrabajadores y miembros del CRT, el Gerente de Capital Humano indicó que desconoce si existe algún transfondo político o sindical en dichos movimientos, pues la empresa es ajena a este tipo de contacto, ya que será en la Ciudad de México donde deban resolver a qué sindicato se le dará el contrato colectivo.
NEGOCIACIÓN
Daniel Aburto aseveró que de los 31 empleados despedidos hay personas que tenían una antigüedad de 26 años hasta 3 y no les fue entregada su liquidación conforme a la Ley, que en algunos casos ascendía a 200 mil pesos.
