Cd. Mendoza.- El representante de los obreros despedidos de la Civsa en 1991, Hipólito Flores Alonso, negó que el presidente municipal electo, Melitón Reyes Larios, esté realizando gestiones para la venta de la factoría, ya que aseguró no ha buscado acercamiento con todas las partes involucradas, las cuales ya tratan el tema ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Señaló que desde el inicio de su campaña tomó como “bastión político” el tema de la fábrica bajo el argumento de que una vez estando en el Gobierno Local, emprendería un proyecto para darle un giro a la factoría, sin embargo, dijo que no puede darlo por hecho cuando se trata de una problemática que principalmente les compete a los
exobreros.
“Anda esa persona que se llama Don Meli, presidente electo, declarando que tiene un proyecto para darle un giro, se ha reunido con los líderes de los diferentes grupos, eso es totalmente falso, no tiene derecho de hacer ninguna declaración al respecto”, comentó el líder obrero al concluir su asamblea semanal en el salón de Jubilados, Viudas y Pensionados Santa Rosa.
Abundó que Don Meli no ha tenido la gentileza de tener un acercamiento para dar a conocer una propuesta alterna a la que ya tienen hasta la fecha, “él declara que ya se está poniendo de acuerdo, desmintiendo que sea cierto, los obreros del 91 somos los legítimos dueños de esa planta que está tomada por una bola de gente que está violentando los derechos de los trabajadores”.
Señaló que hasta el momento la única propuesta que vienen ventilando al interior de los despedidos en el año de 1991 es la de los antiguos dueños, la familia Del Valle, la cual es mínima, pero concreta y bajo el conocimiento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Flores Alonso dijo que con la Civsa se terminaron las relaciones obrero-patronal, por lo que esa fábrica debe estar cerrada, sin embargo, la siguen trabajando clandestinamente bajo el amparo de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
Sobre el proceso de venta de la Civsa, dio a conocer que hubo quienes llegaron a declarar que su representante legal, María Luisa Campos Aragón y él estaban amenazando a los exobreros de que si no firmaban la propuesta iban a perder sus créditos, lo que es mentira.