Por: Filiberto Vargas Rodríguez / columnista
Prefacio
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Veracruz, el magistrado Edel Álvarez Peña, pretende “espantar con el petate del muerto”. Les advierte a los periodistas que las audiencias que se tengan que realizar por los procesos en contra de exfuncionarios del Gobierno estatal se llevarán a cabo en forma privada “si el criterio de los jueces así lo considera”. * El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales señala en su Artículo Quinto que “las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en este Código. Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el Órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por la Constitución, este Código y los acuerdos generales que emita el Consejo”. * Sin embargo, en el Artículo 64 se establecen las excepciones al principio de publicidad y se advierte que el órgano jurisdiccional “podrá resolver excepcionalmente, que se desarrolle total o parcialmente a puerta cerrada, cuando… el Órgano jurisdiccional estime conveniente”. * Así, sin más. De pronto, como por arte de magia, los jueces, que están bajo las órdenes del propio Edel Álvarez, podrían coincidir en “considerar pertinente” que los casos contra exduartistas se realicen a puerta cerrada. * ¿A qué le teme el jefe de Edel Álvarez (Miguel Ángel Yunes Linares)? ¿Qué pudieran ventilar los duartistas frente a los medios de comunicación, como para que se haya dictado línea a los jueces, de manera que realicen las audiencias sin la presencia de medios de comunicación? ¿Este es el Gobierno “transparente” que presume el actual gobernador de Veracruz?
No soy abogado, pero desde mi punto de vista, si la investigación que
-dicen- le sigue la PGR a la señora Karime Macías es por los delitos de “enriquecimiento ilícito” y “defraudación fiscal”, andan perdidos.
El aseguramiento de sus cuentas bancarias y el de varios de sus familiares está justificado por la apertura de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016, pues con esa medida se pretende que ninguno de los señalados tenga acceso a los recursos de dichas cuentas, hasta que concluya el proceso de investigación y se proceda a la formulación de imputaciones.
No es, pues, una incautación definitiva.
El Código Penal Federal, en su Artículo 224 señala que “existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño”.
Primer grave error: Karime Macías nunca fue servidora pública, nunca percibió un salario ni apareció en ninguna nómina del Gobierno estatal. No puede, entonces, la PGR, comparar sus bienes con sus ingresos, pues ella no ha tenido ingresos del tesoro público.
En un caso muy reciente, vinculado también con Javier Duarte, la señora Xóchitl Tress fue acusada por la Fiscalía del Estado de enriquecimiento ilícito, pero ella sí fue funcionaria del Gobierno estatal, ella sí percibió un salario del Gobierno y, por lo tanto, sí se podía hacer un balance entre lo percibido y los bienes que obtuvo en ese lapso.
El Artículo 108 del Código Fiscal Federal establece que comete el delito de defraudación fiscal “quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del Fisco Federal”.
Pero no es el único escenario. También advierte que se presume cometido el delito de defraudación fiscal “cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Los únicos recursos de procedencia ilícita que pudo obtener la señora Karime Macías serían los que le otorgara su esposo. Por lo tanto, para que este delito se acredite, en primer lugar se tiene que condenar, en firme, a Javier Duarte, por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, y a partir de ello, demostrar que parte de esos recursos fueron a dar al peculio personal de Karime
Macías.
Ya explicó la defensa de exGobernador que en el señalamiento en contra de su cliente, por “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, la PGR está obligada a definir con claridad el concepto de “procedencia ilícita”. Esto es, debe ser capaz de vincular sin la menor duda la ruta de un dinero robado al erario, que haya ido a parar a alguna de las operaciones de los presuntos testaferros de Duarte.
Si se cae ese señalamiento contra Duarte, queda sin materia la denuncia en contra de su esposa. No tengo la menor duda de que en la PGR hay fiscales con gran capacidad y experiencia, por lo que ellos habrán percibido, desde el principio, estos profundos huecos en la investigación contra la esposa de Javier Duarte. Quiero pensar que si han abierto una carpeta ha sido con el fin de presionar a su principal objetivo, el propio Gobernador, a la familia de la esposa, y a los presuntos cómplices, para que se acerquen de forma voluntaria y busquen alguna negociación, de manera que se pueda fortalecer el proceso que a ellos les interesa sacar adelante, que es el que iniciaron contra Javier Duarte.
Lo cierto es que el linchamiento mediático contra la esposa del exGobernador de Veracruz está arrojando como saldo un descrédito aún mayor del PRI y de sus gobernantes, algo que pudo no haber sido bien calculado, rumbo al proceso electoral de 2018.
Epílogo
La Tormenta Tropical “Franklin” se internó ayer martes en el Golfo de México. Se prevé que se mueva hacia el Oeste y vaya adquiriendo mayor fuerza. Es probable se aproxime a la categoría de Huracán antes de impactar en tierra en un punto comprendido entre las ciudades de Tampico, Tamaulipas, y el Puerto de Veracruz, entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) mantiene la Alerta Verde para todo el estado de Veracruz (peligro bajo) y recomienda extremar precauciones por viento de tormenta, lluvias fuertes a torrenciales, deslizamiento de laderas o derrumbes, crecidas de ríos y arroyos y oleaje elevado. * Dicen quienes de esto saben que la decisión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, de dar entrada a la solicitud de Juicio de Procedencia contra el priista Alberto Silva Ramos, tiene como fin desechar la solicitud con todo el procedimiento cubierto. Si la hubieran desechado anticipadamente, por las deficiencias detectadas en la carpeta que presentó la Fiscalía General de Veracruz, esa instancia estatal tendría la opción de volver a intentarlo, perfeccionando el documento. Ahora, analizada y sometida a votación de la Sección, en caso de ser rechazada la decisión será inatacable. * Así son esos recovecos jurídicos.
